Decenas de inmigrantes acampan frente al instituto desalojado en Badalona
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El alcalde Xavier García Albiol insiste en que no destinará «ni un euro» para realojar a los afectados
19 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.«Pasé la noche muy mal por el frío, tuve que salir a buscar madera para hacer fuego», explica Younoss Drame, uno de los migrantes que malvivían en el antiguo instituto B9 de Badalona, desalojado el miércoles por los Mossos d’Esquadra. Varias decenas de ellos pasaron la noche a la intemperie o en improvisadas tiendas de campaña frente al edificio que hasta ahora les servía de techo, custodiado por agentes del orden para evitar que vuelva a ser ocupado. «Es inhumano sacar a la gente a la calle así, en pleno invierno antes de Navidad», se lamenta Assme Diop.
Muchos no tienen papeles ni ayudas sociales, y hasta ahora su única protección era el abandonado inmueble del barrio de Sant Roc, donde el consistorio quiere levantar una comisaría de la Guardia Urbana. «He arriesgado la vida, venimos desde África en cayuco y caminando; con o sin apoyo vamos a seguir aquí», cuenta Younoss Drame, que se gana la vida recorriendo las calles con un carro de Carrefour, en el que recoge la chatarra que encuentra en los contenedores de basura.
El ayuntamiento facilitó un albergue provisional a 17 de ellos, los más vulnerables; y asociaciones cívicas y activistas sociales proporcionaron abrigo temporal a otra veintena. Cientos de personas se manifestaron ayer por el centro de la ciudad «contra el racismo institucional» y en demanda de una alternativa habitacional para los desalojados. Hasta los obispos se pronunciaron en contra del desalojo: «Esto es aporofobia y xenofobia», clamaron rotundos los prelados de las diez diócesis catalanas en un comunicado.
«Es culpa de Sánchez»
Algo que niega el alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol. El ayuntamiento no destinará «ni un euro», dijo, para realojarlos. Albiol insistió en vincular el caso del B9 con la criminalidad, bajo el argumento de que «Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos conflictivos que perjudiquen a aquellos que quieren algo tan sencillo y normal como es poder vivir cada uno en su casa». El miércoles, tras el desalojo, el regidor pasó la patata caliente al Gobierno central, al que instó a buscar una solución. A su petición se sumó el portavoz del PP en el Parlamento catalán, Juan Fernández: «Estas personas tienen que ser atendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y por el Govern de Salvador Illa, que son quienes han permitido que las fronteras estén abiertas de par en par». La respuesta llegó del delegado del Gobierno, Carlos Prieto, que acusó al alcalde de «dejación de funciones», y le recordó que «esta es una competencia de los ayuntamientos».
El desalojo del mayor asentamiento de personas sin techo en Cataluña fue autorizado por un juzgado de Barcelona a primeros de diciembre, a petición del consistorio. La operación se saldó con 19 detenidos, la mayoría por infringir la ley de extranjería, y 181 personas identificadas. El resto, hasta 400, se fueron antes de que llegaran los furgones de los antidisturbios.