Según el juez, Julio Martínez y un sobrino de Maduro condenado por narcotráfico usaron sociedades instrumentales para blanquear con documentación falsa
22 may 2026 . Actualizado a las 20:17 h.El auto de imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero cimenta parte del relato incriminatorio en un pormenorizado informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del 25 de febrero del 2026 que saca a la luz la presunta arquitectura de blanqueo de capitales internacional. Al frente figura Julio Martínez por controlar de manera documentada un entramado de 39 sociedades mercantiles entre el 2020 y el 2024 repartidas entre España, Dubái y Venezuela, y con alcance en Dominica, Panamá, Ecuador y Perú. Su papel, concluye el magistrado José Luis Calama, implicaba la canalización de fondos de origen ilícito. En conversaciones intervenidas, otros implicados como Danilo Alfonso se refieren a él explícitamente como «el banco del jefe», en referencia a Zapatero.
La investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), secundada por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, detalla un reguero de irregularidades detectadas a la vez que disecciona la situación de las 39 sociedades. El panorama contable descrito por la ONIF expone que 20 de estas mercantiles eran inactivas o no presentaron cifra de negocios. Otras tres —Afitta Capital, Rentas Emeritenses y Zenzap— figuraban dadas de baja o inactivas fiscalmente, pero registraban movimientos millonarios y flujos constantes de dinero en sus cuentas bancarias. Las 15 sociedades restantes se mantenían activas sobre el papel, pero la ONIF descubrió que ocho de ellas carecían de empleados; y en las que sí había, los gastos de personal acumulados en un lustro no llegaron a 10.000 euros.
INYECCIÓN DE FONDOS
Sociedades interpuestas. Las indagaciones confirmarían igualmente que el entramado operaba mediante la inyección masiva de dinero, destacando la aerolínea Plus Ultra. La trama, según el procedimiento, empleaba vías indirectas para diluir el rastro de los fondos mediante sociedades interpuestas como Caletón Consultores y Summer Wind. Y es que Plus Ultra abonó 1,1 millones de euros a Caletón Consultores bajo el pretexto de comisiones por vuelos chárter, y casi cuatro millones a Summer Wind en el 2023; dinero que acabó desviándose a la red controlada por Julio Martínez a través de Iot Domotic Europe, Voli Analítica y Afitta.
Lo más curioso es que la principal receptora de todo este flujo era Análisis Relevante, que acumuló 960.000 euros de ingresos y cuyos beneficiarios finales, con el 75 % del control, eran Julio Martínez y dos hermanos suyos. Ya para justificar estas mordidas, añade la causa, la organización recurrió a la intensa fabricación de facturas falsas y contratos a medida de usar y tirar.
Los mensajes interceptados a investigados como Santiago Fernández Lena y Julio Miguel Martínez Sola (quienes llamaban a Martínez «el tocayo» de Zapatero), evidenciarían cómo este habría inventado servicios inexistentes como el desarrollo de una aplicación informática aeroespacial tasada en 50.000 euros. Toda esta tapadera requería presuntamente de testaferros remunerados como Basiliso Gil, quien cobraba 600 euros «en mano» mensuales aprovechando sus viajes desde Venezuela para ejercer como administrador único de Caletón Consultores. Se detectaron igualmente desequilibrios elevados, como los 2,6 millones de euros que la UDEF sostiene que movió Inteligencia Prospectiva operando como sociedad instrumental para camuflar inyecciones en forma de falsas ampliaciones de capital.
CITA EN EL RESTAURANTE
Para ordenar. La Audiencia Nacional revela la ocultación de mordidas a través de dos sociedades offshore constituidas en la zona franca de Dubái: Landside Dubai Fzco y Landside Middle East Fzco, participadas en su totalidad por la mercantil española Idella Consulenza Strategica para habilitar una cuenta bancaria opaca en un territorio de nula transparencia y cobrar 530.000 euros, equivalente a la presunta comisión del 1 % por haber logrado el rescate público de Plus Ultra. En esta derivada internacional, según la causa, se atribuye un papel rector a Zapatero. El auto judicial sostiene que las directrices para constituir el brazo emiratí de la trama partieron de sus instrucciones directas durante una comida el 26 de enero del 2021 en un restaurante de Madrid a la que acudieron Julio Martínez y Tomás Guerrero Blanco. Fue allí, defiende la Audiencia Nacional, donde Zapatero aprobó la estrategia de desviar los cobros al extranjero. La vinculación es tan estrecha que su secretaria de confianza, María Gertrudis Alcázar, coordinó la creación de las empresas en Dubái dejando constancia en correos electrónicos.
El rey del crudo
Otro vínculo con Miraflores. El relato incriminatorio adquiere una dimensión geopolítica con la irrupción del empresario venezolano Francisco Enrique Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Su pasado delictivo implicó en el 2015 su arresto en Haití por la DEA de los EE.UU. por introducir 800 kilos de cocaína en los Estados Unidos. Tras ser condenado en 2017 a 18 años de prisión en Nueva York, Flores fue liberado en octubre del 2022 en una maniobra diplomática de la Administración de Joe Biden; lo incluyó en un canje de prisioneros por siete estadounidenses encarcelados en Venezuela. Pero lejos de alejarse del radar público, Flores asumió un papel clave en la economía paralela de su país. Se erigió como una pieza central en la comercialización en la sombra de petróleo de Venezuela mediante la intermediación.
La posición de Flores en Venezuela resulta sustancial para entender su relación con Julio Martínez, pero sobre todo la conexión con Zapatero, que esta investigación considera probado que ejercía de intermediario por orden de Delcy Rodríguez para cualquier venta internacional de crudo venezolano. La causa instruida en la Audiencia Nacional sostiene que, aunque formalmente Flores no aparecía vinculado a la sociedad instrumental Softgestor, los investigadores acreditan que manejaba los hilos de los fondos desviados a través de dicha mercantil. El análisis de las comunicaciones incautadas probaría también que Flores negoció directamente con Julio Martínez la creación de contratos de asesoramiento ficticios, cuyo única finalidad era justificar transferencias opacas hacia Análisis Relevante, epicentro financiero de Martínez.
La osadía en las formas, añade el auto judicial, se plasma en la propia documentación financiera: los contratos simulados entre Flores y Martínez incluían cláusulas de informes sobre coyuntura política y económica que resultaron ser un plagio, idénticas palabra por palabra a las utilizadas en los contratos suscritos con Plus Ultra. A mayores, las conversaciones evidencian cómo, en octubre del 2020, Flores devolvía borradores a Martínez modificando sobre la marcha la identidad de la empresa cliente, sustituyendo a Apamate Corporate And Trust por Softgestor S.L a discreción. Para el juez, esta impunidad del sobrino político de Maduro demuestra que Softgestor era un mero vehículo instrumental prescindible.
Adicionalmente, el nombre de Flores ha aparecido en los archivos Excel intervenidos a la trama como destinatario de envíos masivos de informes genéricos para dotar a sus negocios de apariencia técnica. Por todo esto, el magistrado Calama relaciona de manera clara a Flores y Martínez en la confección del fraude, y establece por extensión un hilo conductor que llega a Zapatero, otorgándole la posición de ideólogo con vocación de mando.