El organigrama presuntamente ideado para influir en empresas y gobiernos, y vender oro y petróleo, se apuntalaba en influencias y blanqueo con empresas huecas
24 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.De convertirse los actuales indicios en pruebas, y estas motivar tras el juicio una sentencia condenatoria, el bautizado como caso Plus Ultra supondría la radiografía de cómo el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero se erigió en la llave maestra para penetrar en la élite chavista a cambio comisiones millonarias por la venta de miles de barriles de crudo y kilos y kilos de oro a cambio de mordidas y el tráfico de divisas internacionales. La tesis incriminatoria conocida hasta ahora se recoge únicamente en las 88 páginas del auto del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional que justifican la imputación del expresidente socialista. Gran parte de su contenido expone el presunto rescate fraudulento en la pandemia de Plus Ultra a cambio de comisiones y a los actores que participaron en él.
La resolución firmada por el magistrado José Luis Calama supone también, en el conjunto de este extenso procedimiento todavía secreto y con varias piezas separadas, tan solo la cata de un entramado mucho mayor donde Zapatero sería el vértice desde España con decenas de colaboradores directos y testaferros al servicio del verdadero eje central. El puesto de mando se ubicaría en el despacho presidencial del palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela. El organigrama, por relevancia y según lo conocido hasta ahora, sería el siguiente:
ESTRUCTURA EN ESPAÑA
«El pana Zapatero», líder. La investigación lo sitúa en el vértice de la estructura ejerciendo el liderazgo estratégico desde España. Presuntamente, impartía instrucciones, mantenía los contactos institucionales y empresariales al más alto nivel internacional mediante la diplomacia por su condición de expresidente. También se identifica como el beneficiario final de fondos obtenidos mediante sociedades interpuestas y falsedad documental.
NÚCLEO OPERATIVO
Martínez, «el lacayo». Mano derecha de Rodríguez Zapatero, habría actuado como interlocutor habitual y directo con clientes como Plus Ultra, a quienes cobraba las mordidas. Controlaba un entramado de 39 sociedades mercantiles para canalizar, recibir y ocultar fondos ilícitos procedentes del tráfico de influencias. También habría creado, por orden de Zapatero, estructuras offshore en Dubái para ocultar los beneficios.
FASE DOCUMENTAL Y GESTIÓN
María Gertrudis Alcázar. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Audiencia Nacional sitúan a la secretaria personal de Zapatero ejecutando las órdenes del considerado líder, a la vez que asumía regularmente gestiones del entramado y tenía llave de la caja fuerte requisada en este despacho, cedido por el PSOE a Zapatero para ejercer de expresidente. Alcázar se habría encargado también de la elaboración formal de documentación, coordinando la emisión de facturación ficticia junto a Cristóbal Cano.
Cristóbal Cano Quiles. Habría actuado como director de administración para Julio Martínez y gestor del entramado societario. Sería el responsable material de crear los contratos fraudulentos, justificar falsos servicios y cuadrar facturas que dieran apariencia de legalidad a la entrada de fondos ilegales en la red.
CLIENTE PRINCIPAL
Plus Ultra. La reducida parte del procedimiento conocido hasta ahora sitúa a la compañía venezolana Plus Ultra como cliente principal de la trama. La investigación aporta indicios contra cinco directivos de la aerolínea venezolana. A Rodolfo Reyes le imputa iniciar los primeros contactos para llegar a Zapatero e influir en la concesión del rescate público de 53 millones de euros avalado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. A mayores, habría participado directamente en la negociación de las mordidas con Julio Martínez.
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Roberto Roselli, director financiero, junto con Rodolfo Reyes y Julio Martínez, habrían coordinado mecanismos para pagar a la trama —denominada por ellos «boutique financiera»— estructurando los pagos a través de facturas simuladas para no ser descubiertos. Camilo Ibrahim habría estado al tanto de la intervención de la red de influencias y agradeció directamente a Julio Martínez el éxito y la aprobación del rescate del Consejo de Ministros. Por último, Alejandro Delgado y Palomero — por ahora no consta el nombre completo— habrían participado en conversaciones estratégicas para mover los hilos políticos y pagar las comisiones cuando el Gobierno de Sánchez ingresó el rescate de 53 millones.
INTERMEDIARIOS EN BLANQUEO
Santiago Fernández. Controlaba de facto la sociedad Caletón Consultores, considerada instrumental porque carecía de actividad real o programas, pero se utilizaba para triangular facturas falsas y desviar más de un millón de euros procedentes de Plus Ultra a sociedades de Martínez.
Federico Lledó Soria. Ejercía de administrador de Summer Wind y la trama lo utilizaba, presuntamente, para recibir transferencias millonarias de Plus Ultra y, a su vez, reenviar fondos hacia otras sociedades como Afitta para dar cobertura a los pagos.
Hermanos Amaro Chacón. Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo figuran como administradores de la mercantil investigada Inteligencia Prospectiva, y habrían facilitado su empresa para introducir fondos extranjeros en España. La UDEF concluye que camuflaban ese dinero al simular ampliaciones de capital que posteriormente se redistribuían hacia las sociedades destinatarias, Whathefav y Gate Center, vinculadas a Zapatero.
Carlos Alberto Parra. Ejercía de administrador único de Softgestor, sociedad considerada instrumental por carecer de contenido real, pero usada para canalizar fondos mediante contratos ficticios de asesoría internacional entre España y Venezuela.
ENLACES INSTITUCIONALES
José Ángel Partearroyo. Director de Participadas de la SEPI y presunto colaborador que se reunía con la trama y filtraba documentación y avisos a los directivos de Plus Ultra de manera anticipada sobre el proceso del rescate.
José Luis Ábalos y Koldo García, «el amigo». Plus Ultra se aproximó inicialmente al entonces ministro de Transportes y su asesor para influir a su favor en la concesión de ayudas. Lograron reuniones con la cúpula del ministerio antes de consolidar la vía de Zapatero.
BENEFICIOS FAMILIARES
Hijas y mujer de Zapatero. Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa ejercen de administradoras formales de la firma Whathefav, sociedad de la trama que recibía, según prueba la documentación fiscal conocida, fondos de múltiples clientes e inyecciones de otras sociedades instrumentales. Concentraron grandes sumas de dinero por tarifas sobredimensionadas según los precios de mercado en cuentas donde Zapatero figura como autorizado. Se investiga igualmente a la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, por figurar en una cuenta bancaria común con su marido que recibió 1,5 millones de euros.
ESTRUCTURA EN VENEZUELA
Aval gubernamental. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, e identificada por los implicados como la Dama, resultaría una pieza esencial en la influencia internacional de la red. Los mensajes intervenidos la señalan como la figura clave en Venezuela que «controla la asignación directa de los barcos petroleros» para la operativa paralela de compraventa de crudo y oro extraído en minas nacionalizadas que, presuntamente, canalizaba Zapatero con su autorización explícita.
Juan Manuel Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, es el otro alto funcionario que figura en el relato incriminatorio por la influencia directa de la trama. Mantenía comunicación constante con Julio Martínez para negociar deudas, concertar convenios de pago y conseguir la aprobación de los vuelos comerciales de Plus Ultra entre Caracas y Madrid.
MEDIADORES
Manuel Aarón Fajardo. Considerado un alto mediador, la documentación judicializada le otorga el papel de persona de gran confianza en Venezuela y la pieza clave de Zapatero en el país. Habría actuado, entre otras gestiones, como principal enlace internacional para conectar a los directivos de la aerolínea Plus Ultra con la red de influencias atribuida al expresidente.
Francisco Enrique Flores. Sobrino político de Nicolás Maduro condenado a 17 años de cárcel por introducir 800 kilos de cocaína en los EE.UU. en el 2015, su papel está por concretarse también. La primera vez que su nombre emanó en España fue a través de Víctor de Aldama en la causa por fraude de hidrocarburos como antesala de la presunta financiación ilegal del PSOE. Aldama le acusó de ser el nexo en Venezuela para garantizar la salud financiera de los socialistas, y la sombra que arrastra lo sitúa incluso como nexo entre varias tramas por su posición en Venezuela para comercializar petroleo al margen de la empresa nacional de crudo. Su desaparición hace semanas por una presunta defunción repentina solo elevan las sospechas sobre su implicación real.
Pero más allá de las sospechas, en lo conocido hasta ahora en el caso Plus Ultra a través del auto de imputación de Zapatero, los cargos contra este empresario venezolano lo sitúan sirviendo de cliente ficticio para la sociedad instrumental Softgestor. Su papel consistiría en firmar contratos de asesoramiento simulados y carentes de actividad real para justificar y dotar de apariencia legal al trasvase de cientos de miles de euros al entramado financiero. Una de esas transferencias, de 150.000 euros, habría sido directamente para el expresidente Zapatero.
Eudoro Antonio González. Actuaba sobre el terreno, en Caracas. Los mensajes lo sitúan manteniendo reuniones con figuras políticas de relevancia como Edmundo (indiciariamente Edmundo González Urrutia) para posteriormente informar de todos los avances a la cúpula de la trama en España y a autoridades como Delcy Rodríguez.
Ramón Gordils. Habría actuado como contacto inicial y facilitador en Venezuela, y habría propiciado los primeros acercamientos de la directiva de Plus Ultra hacia la red de influencias de Zapatero. Habría actuado de puente para presentarles a Manuel Fajardo. Comunicaciones intervenidas lo sitúan sugiriendo originalmente a los directivos de Plus Ultra «llegar a un amigo» para buscar a Zapatero.
Philippe Apikian. Presidente de la sociedad Swissoil Trading, la red de Zapatero habría preparado cartas de intención para intermediar en negocios con ciudadanos chinos orientados a «comprar barcos» y realizar operaciones con petróleo a nivel internacional.
TESTAFERROS
Basiliso Gil. La UDEF le atribuye el cargo de testaferro a través de la sociedad instrumental Coletón Consultores. Las comunicaciones revelarían que residía en Caracas junto a su esposa y viajaba periódicamente a España para cumplir su función de hombre de paja. Por esto habría cobrado 600 euros mensuales en efectivo a cambio de figurar como administrador.
Daniel Romero-Abreu. Administrador del Grupo Thinking Heads. Se le imputan pagos al entramado de Zapatero vinculados, entre otras entidades, a una sucursal de su sociedad radicada en los Estados Unidos.
ESTRUCTURA EN DUBÁI
Tomás Guerrero. Habría ejercido de facilitador y encargado de organizar la creación de sociedades offshore en Dubái como Landside Dubái Fzco. Desde el extranjero, habría proporcionado directrices y la documentación necesaria para constituir en la zona franca de Dubái la estructura financiera diseñada para canalizar comisiones millonarias como el 1 % por el rescate público de Plus Ultra, de forma opaca, evadiendo a la Hacienda española y siguiendo órdenes directas del expresidente Zapatero.
Francisco Enrique Flores habría sido determinante en la venta al por mayor de crudo, pero desapareció hace pocas semanas por su repentino fallecimiento