Balas, Grinda, Luzón y Biedma, los objetivos a neutralizar por la red investigada en el caso Leire
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Estarían en la diana de los imputados por el caso Leire y habrían buscado información comprometida para desprestigiarlos
30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Estaban todos en el punto de mira: son jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. La red corrupta supuestamente comandada por Santos Cerdán y Leire Díez maniobraba y ofrecía sobornos para intentar conseguir información comprometida que los desprestigiara como responsables de «cualquier procedimiento judicial u actuación policial» que pudiera perjudicar a Ferraz o al Ejecutivo central, según la resolución del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
teniente coronel
Antonio Balas. Este teniente coronel de la Guardia Civil que lidera el Departamento de Investigación Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) era el «objetivo principal» de la trama, según el auto. Díez y el empresario Javier Pérez Dolset citaron al fiscal Ignacio Stampa y le ofrecieron regresar a Anticorrupción si les daba información comprometida sobre Balas o sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón. Así lo denunció ante un juzgado de la Plaza de Castilla (Madrid) el propio Stampa. Pedraz apunta que la red buscaba información reservada y personal sobre mandos de la UCO. De hecho, en su resolución indica que la fontanera de Ferraz, Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, también imputado, se habrían reunido en diciembre del 2024 con el capitán Juan Sánchez Yepes, que les habría entregado datos reservados sobre Balas. «Eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carné», reconoció este último, según recoge el auto. El togado también sostiene que la trama trató de inocular entre los responsables del Ministerio del Interior y la directora general del instituto armado, Mercedes González Fernández, la idea de que la Policía Judicial estaba conspirando contra el PSOE y filtrando a la prensa información del caso Koldo para tratar de dañar la imagen de Pedro Sánchez. «Habrían impulsando la sospecha sobre sus actuaciones [de la UCO]», afirma Pedraz.
fiscal
José Grinda. La red lo tenía como «objetivo» ya que lo consideraba «un medio para obtener información que afectase» al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. En la causa, constan «toda una serie de mensajes intercambiados entre Díez y el ex viceministro venezolano Nervis Villalobos [que aparece con el nombre de Gerardo en su lista de contactos]» para facilitar el contacto con una mujer que tenía un pleito con Grinda —contra quien habría actuado la trama para intentar desprestigiarlo— en la sede del PSOE entre el 24 y 25 de octubre del 2024. «300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor», rezaba una anotación manuscrita en una de las agendas intervenidas a Díez. El juez considera que la fontanera de Ferraz tenía acceso a fondos para sobornos y apunta al ofrecimiento de esta cifra e incluso de «un puesto de trabajo en el extranjero» al fiscal Grinda, a cambio del archivo de «diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Luzón», indica el magistrado. Este fiscal era el encargado del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra Pérez Dolset. «La organización contó con una persona ajena a la misma», el periodista Pere Rusiñol —imputado en la otra causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid—, «que se habría reunido con el fiscal Grinda y trasladado el ofrecimiento» en febrero del 2025.
fiscal jefe anticorrupción
Alejandro Luzón. Es el fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el encargado del caso de las mascarillas, en el que están imputados el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el comisionista confeso Víctor de Aldama. Los miembros de la trama intentaron sobornar al fiscal Stampa para les facilitase información sobre Luzón, pero fracasaron. «No había agua, al menos de momento», le escribió Rusiñol a la fontanera de Ferraz utilizando un lenguaje velado, con el que le daba cuenta del resultado negativo de las gestiones.
magistrada
Beatriz Biedma. Es la jueza que sentó en el banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, juzgado desde el pasado jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. La red perseguía «destruir este procedimiento» —en palabras de Díez— publicando «infundios» contra la instructora. «Se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada [...]», concluye la resolución. Una estrategia que también acabó naufragando.