Una legislatura de vértigo: el avispero ceutí, sin Presupuestos y sombras de corrupción
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Las crisis se acumulan en una recta final de mandato con sabor a fin de ciclo
28 sep 2026 . Actualizado a las 17:31 h.El nuevo curso político, el último de la legislatura, comienza cargado de incertidumbres, carpetas de crisis sin resolver, un Gobierno contra las cuerdas en el Parlamento, sin Presupuestos y salpicado por los escándalos de corrupción. Si Pedro Sánchez esperaba un final de traca como colofón de su mandato, no podía haberlo planeado mejor. La primera de las carpetas que queman en las manos de sus ministros es, sin duda, Ceuta. El asalto a la ciudad autónoma protagonizado por decenas de miles de jóvenes desesperados a finales de julio sorprendió al Gobierno con el pie cambiado. Convencido de haber pacificado la frontera sur a cambio de aceptar la soberanía marroquí del antiguo Sáhara español, Sánchez se vio desbordado por la dimensión del acontecimiento, del que no duda en eximir de toda culpa al reino alauí, cuyo papel en los hechos es más que discutible.
Ceuta y el avispero migratorio. Más allá del sufrimiento causado a la población ceutí, la crisis migratoria norteafricana ha abierto una brecha, otra más, en un Gobierno de coalición con posiciones divergentes respecto al país vecino: Sumar culpa sin rodeos a la monarquía de Mohamed VI, mientras el presidente y sus ministros (con la única excepción de la titular de Defensa, Margarita Robles) tratan de evitar el choque diplomático con Rabat, que no esconde sus reivindicaciones históricas sobre Ceuta y Melilla. De las más de 70.000 personas que asaltaron la frontera, hoy permanecen en la ciudad al menos 5.000. De estas, más de 1.500 son menores de edad.
Aunque el Ejecutivo insiste en que la prioridad es devolverlos al país de origen, la ley obliga a España a atender a los solicitantes de asilo y a acoger a los menores no acompañados, lo que acabará comportando su salida hacia la España peninsular. Varias comunidades autónomas, donde Vox ejerce responsabilidades de gobierno, han advertido que vetarán la acogida. Mientras, en la Unión Europea siguen expectantes la evolución de los acontecimientos. En especial, la beligerante Italia de Giorgia Meloni, que mantiene los controles en los aeropuertos a los pasajeros procedentes de España. Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no desaprovecha la oportunidad para azotar a su homólogo español, al que acusa de ser un colador migratorio tras su última regularización extraordinaria. Enemistad que Marruecos exhibe en beneficio propio.
Presupuestos, un brindis al sol. Otra carpeta de difícil solución es la de los Presupuestos Generales del Estado. La Moncloa se comprometió a presentar un proyecto de ley para el 2027, el primero de la legislatura, pese a que el bloque de la investidura, dinamitado por Puigdemont en octubre del año pasado, le deja sin apoyos para sacarlos adelante. Así, el compromiso del Ejecutivo se antoja más un brindis al sol que una hipótesis factible. Con las elecciones en el horizonte, el propio Sánchez se mostró abierto a propiciar un «avance técnico» del calendario electoral, previsto en principio para el verano del 2027. La falta de presupuestos podría actuar como excusa expiatoria con la que justificar el adelanto.
El retorno de Puigdemont. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido del país tras declarar la independencia de Cataluña en el 2017, espera en Bélgica a que la ley de amnistía, que forzó a cambio de investir a Sánchez, dé sus frutos. El líder de Junts utiliza sus siete diputados en el Congreso como ariete contra el Gobierno. Mientras en Cataluña los independentistas se muestran inflexibles con Salvador Illa, en Madrid dan aire al Ejecutivo de PSOE y Sumar, pese a la desconfianza por los «continuos incumplimientos de los acuerdos» firmados en Suiza. En Junts lo fían todo al Tribunal Constitucional, que verá este mes los recursos de los líderes del procés a la decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía. El primero será el del secretario general, Jordi Turull. Lo que resuelva en su caso servirá para los demás, incluidos los fugados. El presidente del TC, el coruñés Cándido Conde-Pumpido, espera dar carpetazo al asunto en octubre, lo que previsiblemente abrirá un nuevo choque con el Supremo. El alto tribunal tendrá, en cualquier caso, la última palabra.
La presión judicial. Tras el paréntesis estival, los tribunales retoman las causas que afectan al entorno del PSOE y del Gobierno. Entre ellas, la que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; el caso de la exmilitante Leire Díez, con la gerente del partido imputada, o la que sentará en el banquillo a la mujer del presidente, Begoña Gómez, que se enfrenta a una petición de cárcel de 13 años formulada por la acusación popular de Hazte Oír. A Zapatero le investiga la Audiencia Nacional por el llamado caso Plus Ultra, convirtiéndose en el primer expresidente del Gobierno imputado en un procedimiento penal.
Incendios sin tregua. En el medio rural, España ha sufrido una oleada de incendios sin precedentes, avivados por las temperaturas extremas del verano, que han obligado a declarar la emergencia nacional. Hasta mediados de agosto, se habían registrado 42 grandes incendios forestales, que han elevado a más de 200.000 las hectáreas quemadas en lo que va de año. Las autoridades mantienen hoy la alerta roja en la mayor parte del país.
Precios desbocados. Otras cuestiones que tienen que ver más con el día a día de los españoles acechan a un Gobierno sobrepasado por la escalada de precios de los últimos años. Aunque los salarios han subido, no lo han hecho con la misma intensidad y las familias se resienten. Alimentos, energía y carburantes, servicios, vivienda… Sánchez busca apoyos para prorrogar los contratos de alquiler, algo que divide a los socios de investidura y al propio Consejo de Ministros, que pospuso el tema en su última reunión de julio. Otros proyectos aguardan en los cajones del Congreso, desde el nuevo modelo de financiación y la quita de la deuda autonómica, pactada con Esquerra y que la gran mayoría de comunidades rechaza, hasta la ley del cine, pasando por la actualización de la ley antitabaco, la que regulará la inteligencia artificial, o la reforma de la ley mordaza. Una recta final de legislatura no apta para corazones frágiles.