IU no cerrará un pacto presupuestario sin el acuerdo de Podemos

Luis Ordóñez
Luis Ordóñez REDACCIÓN

ASTURIAS

PACO RODRÍGUEZ

Los morados insisten en que el PSOE prefiere el respaldo del PP a cambio de «que Rajoy sea investido» en el Congreso

19 sep 2016 . Actualizado a las 17:30 h.

El pasado mes de diciembre el proyecto de presupuestos que fue llevado a la cámara llegó con el acuerdo previo de las dos fuerzas que firmaron un pacto de investidura en esta legislatura: PSOE e IU. Sin embargo, el texto no salió adelante después de que Podemos presentara una enmienda a la totalidad que llevó al Ejecutivo a retirar el proyecto y a asumir la prórroga presupuestaria. Es una situación que en IU no quieren que vuelva a repetirse por lo que en este nuevo ejercicio no pactarán un acuerdo sobre las cuentas autonómicas salvo que el pacto tenga una garantía suficiente de ser aprobado por la cámara, es decir, que se apoyo sobre tres patas, la suya propia, la de los socialistas y la de Podemos. Así lo afirmó este lunes el portavoz de la coalición en la Junta General, Gaspar Llamazares, quien señaló que «a la segunda tiene que ir la vencida y no podemos situarnos en la prórroga permanente».

Ya desde el pasado mes de julio, IU ha insistido en que de cara a esa negociación sería necesario establecer una «mesa tripartita» que partiera de un acuerdo común en materia fiscal. Sin embargo, esta propuesta ha encontrado un escaso eco en Podemos. Llamazares insistió en que un acuerdo tributario en el que participaran los tres grupos debería ser el primer paso para la consolidación de un pacto presupuestario. «Hay una oportunidad en Asturias para aprovechar el diálogo fiscal no sólo para que sea más justo sino para garantizar a los ciudadanos que sus servicios públicos son de calidad y están bien gestionados», algo que, a juicio de Llamazares, debe mostrarse con una acuerdo de «base sólida» en los presupuestos. Pero advirtió que no quieren entrar en la negociación sin «un talante de mayoría» e instó al gobierno asturiano a «liderar» la búsqueda de un acuerdo a tres bandas que también incluya a Podemos.

No será sencillo. De momento, los morados ha descartado la mesa tripartita para reclamar un anteproyecto previo sobre el que sentarse a negociar (una postura rechazado por PSOE e IU porque entiende que se limita el margen de negociación), y sus propuestas fiscales pasan por un reducción del 25% del impuesto de hidrocarburos, y modificaciones del tramo autonómico del IRPF así como del impuesto de sucesiones, entre otros. En todo caso, Podemos mantiene que la opción preferida por el PSOE sería un acuerdo con el PP y ven el pacto autonómico interferido por el bloqueo estatal sobre la investidura en el Congreso de los Diputados, En este extremo insistió este lunes el portavoz morado, Emilio León, quien reafirmó su creencia de que «Javier Fernández espera que Rajoy sea investido y que (el PP) le aprueben los presupuestos».

Por su parte, la presidenta de Foro, Cristina Coto cargó también contra Javier Fernández a quien acusó de no querer buscar un acuerdo sobre las cuentas autonómicas porque «prefiere recurrir a la deuda ilegal porque le da más libertad para gastar como le dé la gana».

Fraude fiscal

En la comisión de Hacienda celebrada este lunes, también se refirió al debate de presupuestos la consejera del ramo, Dolores Carcedo quien, según informa la agencia EFE, respondió a la propuesta de IU de plantear un programa contra la evasión fiscal señalando que se han logrado avances «considerables» pero que estaba dispuesta a incrementar los esfuerzos en esta materia.

Carcedo afirmó que la la lucha contra el fraude fiscal emprendida en Asturias desde 2013, había permitido lograra un aumento del 69% en los ingresos en los dos últimos años. También indicó que se reforzará el ente tributario con un departamento de gestión y otro de inspección. Respecto al acuerdo presupuestario, la consejera comentó que cree que es posible. A su juicio, es difícil que se esté de acuerdo en todo, pero también lo es que «no se esté de acuerdo en nada».

PSOE, Podemos e IU tienen «puntos en común», ha dicho la consejera, que ha advertido de que la fiscalidad requiere un análisis «riguroso», por eso ve entendible el tiempo que se está empleando. Ha asegurado que el Principado hará un presupuesto que no podrá quedar cerrado hasta que se resuelvan incertidumbres como fijar el objetivo de déficit, y se conozcan los ingresos del sistema de financiación.

Durante la comparecencia ha destacado que su departamento está reforzando el control fiscal, y ha anunciado el aumento de la plantilla que realizada la tarea de control, a lo que Llamazares ha puntualizado que eso está muy bien, pero le ha preguntado directamente por lo que supone. En la réplica, Carcedo se ha mostrado de acuerdo en la importancia de la fiscalidad de cara a los presupuestos que rigen el Principado, si bien ha advertido que hay que tener en cuenta la capacidad de la comunidad autónoma en este ámbito en el que solo puede actuar en tributos propios o cedidos.

Así, ha señalado que sobre el total de los ingresos tributarios del Principado, las actuaciones sobre el fraude fiscal suponen el 11,5 por ciento, y ha enfatizado la lucha realizada hasta el momento. La titular de Hacienda ha destacado el incremento «considerable» en relación al fraude fiscal desde 2013, que ha supuesto que en los dos últimos años el aumento de ingresos por esta partida ascendió al 69 por ciento.

«Nuestra intención es seguir intensificando la tarea y poniendo los medios contra la lucha fiscal», ha aseverado Cárcedo, que ha avanzado que se intensificarán los planes de control y se reforzará el ente tributario con un nuevo departamento de gestión y otro de inspección.

Paga extra

Respecto a los tres tramos de la paga extra, ha precisado que el coste presupuestario para el Gobierno asturiano ascendió a 53 millones -34 millones en 2015 y 19 en 2016-, y ha detallado las cuantías de 7 millones por antigüedad, 5 millones por reconocimiento de la carrera profesional de primer nivel, y 17 millones por aumento del 1 por ciento de retribuciones de los empleados públicos. Los puestos de libre designación, ha indicado, se redujeron de 416 a 50, ha manifestado Cárcedo.