«Estoy trabajando todo lo que puedo, mi marido está retirado y no llegamos a más»

Un matrimonio de Bimenes tiene embargados todos sus bienes, cuentas y salarios al no poder pagar los 110.000 euros que una entidad bancaria les reclama por avalar a su hija, que ya perdió su casa en 2016

Violeta Marcos y Miguel Santiago (en el centro de la fotografía)
Violeta Marcos y Miguel Santiago (en el centro de la fotografía)

Violeta Marcos y Miguel Santiago, un matrimonio de Bimenes, avalaron las hipotecas de sus hijas como hicieron millones de padres en España. Una de ellas, al perder su trabajo con la crisis económica hace unos ocho años, empezó a tener problemas para hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca de 250.000 euros que había solicitado a Abanca. Aguantó hasta 2013, cuando ya no pudo seguir pagándolas y, el año pasado, perdió definitivamente la vivienda. Una vez que el banco ejecutó aplicando el vencimiento anticipado de deuda, quedaron 110.000 euros pendientes. El pasado septiembre, a Violeta y a Miguel, como avalistas, la entidad bancaria les comunicó que todos sus bienes y sus nóminas quedaban embargados. «No pensamos que íbamos a llegar a esta situación, pero pasó y pasó», decía hoy la mujer.

Sus bienes son cuatro fincas en Bimenes, en una de las cuales construyeron con sus propias manos la vivienda (sobre la que no existe ninguna hipoteca pendiente) en la que residen «con mucho sacrificio, mucho tiempo y mucho dolor», como explicaba Miguel Ángel García, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Asturias, a la que Violeta acudió en busca de ayuda porque no podían hacer frente al pago de esos 110.000 euros que les reclama Abanca. «Yo estoy trabajando todo lo que puedo, estamos pagando más préstamos de ellos también y ahora mismo esto y no llegamos a más», dijo, afectada. Su marido está retirado y, ahora, «su pensión está embargada». También se les han embargado las cuentas bancarias.

Siguiente paso: desahucio

García explicó que se pasó de pedirles tres cuotas impagadas a la totalidad del préstamo, «algo imposible de pagar para nadie y que conlleva la pérdida de la vivienda y una deuda de por vida». Además, indicó que «en la última carta que han recibido les dicen que el embargo de todos sus bienes es encima insuficiente para cubrir la hipoteca». El siguiente paso tras una orden de embargo como ésta es quitarles su vivienda. «No vamos a permitir que haya un desahucio más. No vamos a permitir que después de que se hayan llevado la casa de su hija, que el banco va a vender por una cantidad que le va a reportar un beneficio, encima se lleven la vivienda de los avalistas», insistió.

Para apoyar a Violeta y Miguel, la PAH convocó esta mañana una protesta en las inmediaciones de las oficinas de Abanca en plena calle Corrida. Que surtió efecto, puesto que «un interlocutor válido y por teléfono» les transmitió que «estaban dispuestos a estudiar el caso y que, si levantamos la concentración, en una semana o diez días tendremos una reunión una vez que les entreguemos documentación que nos han pedido». En concreto, desde el banco les comunicaron que se va a reunir «el comité de condonación de la deuda» y decidir sobre este caso sangrante. Sin embargo, «de momento judicialmente no quieren paralizar el embargo de los bienes, pero la semana que viene, entre el lunes y el martes a más tardar, nuestros abogados presentarán un recurso en el juzgado para la paralización inmediata de esa ejecución», dijo García. 

Ley Hipotecaria declarada abusiva desde 1993

«No podemos permitir llegar a la fase en la que les desahucien y que otra familia se vaya a la calle ni en Asturias ni en este pasión por unas leyes completamente injustas como es el vencimiento anticipado que ayer Europa ya nos dijo que el juez podría declararlo abusivo y, por lo tanto, nulo. Pero por lo que estamos viendo en este país el Tribunal Supremo sigue legislando para la banca y para los intereses del capital». En este sentido, recordó que, ya en 1993, la ley hipotecaria se declaró abusiva, pudiendo ser incluso ilegal «como al final nos dijo Europa, y el legislador español no ha hecho absolutamente nada».

García también indicó que Abanca es una de las entidades financieras que ha recibido dinero público, que ha sido condenada al pago de la cláusula suelo y, al respecto, recordó que no ha devuelto las ayudas públicas y sigue debiendo la cláusula suelo desde el inicio de la hipoteca en cuestión hasta mayo de 2013. «Si se hubiera aplicado la directiva europea 13/93 tanto la hija de Violeta y Miguel como ellos estarían ahora en una situación micho mejor, negociando con la entidad bancaria y sin la pérdida de la vivienda». 

Por ello, y una vez más, la PAH denuncia que los desahucio hipotecarios en Asturias y en España no sólo siguen llevándose a cabo, sino que además se sigue atrapando a las familias en situaciones de exclusión social, «a pesar de que en España ya van ocho sentencias contra la Ley Hipotecaria y a que esos desahucios se están produciendo en un marco de ilegalidad». 

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