Los presupuestos incluyen dos partidas específicas que suman más de 45 millones de euros pero más asignaciones se reparten en distintos servicios sociales
02 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La aplicación de la Ley de Dependencia ha protagonizado desde la pasada legislatura un intenso enfrentamiento entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo Central, acusando las primeras al Gobierno de Rajoy de mermar y mucho la aportación que le corresponde. De cara al nuevo ejercicio, el diputado popular Matías Rodríguez Feito dirigió una pregunta parlamentaria al Principado en la que reclama conocer si existe en la comunidad un «programa presupuestario exclusivo» recogido en las cuentas autonómicas de 2017 para este concepto y, en caso afirmativo, en qué partidas está.
En su respuesta, la Consejería de Presidencia detalla que hay dos partidas presupuestarias «destinadas exclusivamente a financiar prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Principado de Asturias (SAAD)»; se trata de una destinada a los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia --con un monto de 13.300.000 euros-- y otra denominada Prestaciones para personas dependientes (con una asignación de 32.489.500 euros). En total suman 45.789.500 euros, si bien la consejería destaca que el resto de servicios públicos del SAAD, en los que incluye la prevención y promoción de la autonomía personal, centros de día y centros de atención residencial, «puesto que están destinados a personas dependientes y no dependientes, se financian con cargo a distintas partidas presupuestarias sin que exista diferenciación entre conceptos presupuestarios».
¿A cuánto podría ascender ese monto global? Un estudio publicado por la asociación de directores y gerente en servicios sociales estima que el coste de la Ley de Dependencia en Asturias ascendió en el año 2015 a 161,4 millones de euros. Ese informe es además muy crítico con la actitud del Ejecutivo Central en su aportación respecto al esfuerzo de gasto de las autonomías y señala además a Asturias como una de las comunidades menos favorecida en el reparto que le corresponde al Estado, que según la ley debería ascender al 50% y según este informe apenas cubre el 15%. Según este colectivo, en términos globales, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debería poner 500 millones de euros para igualar la financiación que entregaba a las comunidades autónomas antes de llegar a la crisis. Esa cantidad serviría, según sus conclusiones, para atender a unos 72.000 beneficiarios más y habrían generado unos 20.000 empleos. El monto se convierte en crucial cuando, además, hay 350.000 atrapadas en el limbo de la dependencia en España. Son personas con el derecho reconocido pero que todavía no está siendo atendidas. Ese limbo, en Asturias, cuenta 3.703 asturianos que necesitan ayuda y, además, tienen derecho a ella.
Sistema homogéneo
En su pregunta parlamentaria, el diputado popular Matías Rodríguez Feito cuestiona además si el Gobierno asturiano ha establecido «una contabilidad analítica para cuantificar con exactitud el coste de la dependencia con separación de otros costes de servicios sociales» ofrecidos por la comunidad autónoma.
Según la respuesta del Gobierno asturiano se trata de un mecanismo que viene reclamando desde hace tiempo junto a otras comunidades como Navarra. Así asegura que «la necesidad de certificar al Imserso el gasto de prestaciones del SAAD» dada la necesidad de disponer de una evolución anual, ha obligado a «establecer una serie de criterios contables de imputación de gasto, que dan como resultado cada año el desglose por partidas presupuestarias y tipos de prestaciones del mismo».
Destaca en todo caso que dentro de las Comisiones Delegadas del Consejo Territorial del SAAD ha propuesto el establecimiento de un sistema de imputación de gasto común, homogeneo y aplicable por todas las comunidades autónomas con el objeto de determinar el coste real del SAAD».