La consejería centrará sus inspecciones en los almacenes en un primera fase y en las próximas semanas hará visitas «uno a uno» en los terrenos
21 mar 2017 . Actualizado a las 13:24 h.Después de la publicación del Real Decreto con las medidas para frenar la expansión de la plaga de la polilla guatemalteca y el desarrollo de la normativa recogido en el BOPA, las autoridades de la Consejería de Desarrollo Rural se disponen a analizar «palmo a palmo» el terreno afectado, según destacó María Jesús Álvarez, quien explicó que la primera fase de los controles se centrará en los almacenes y la retirada de la semilla que ya hubiera sido adquirida. El director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, explicó que el Principado cuenta con un registro de personas que iban a plantar patata este año en los concejos del occidente y que ronda los 1.500 o 1.800 agricultores.
En estos momentos, según destacó Casas, la Consejería se dispone analizar los datos geográficos para acotar con precisión las zonas afectadas por la plaga y según explicó se trataría de un número de parcelas que rondaría el millar, no menos de 500 ni más de 1.200, que «sumarían no más de 80 o 100 hectáreas», destacó el director general. «En los primeros días nuestros esfuerzos se van a centrar en los almacenes», destacó Casas quien explicó que no será necesario actuar de forma urgente en los huertos porque todavía no había comenzado la siembra. El decreto del Ministerio de Agricultura resuelve que la patata almacenada en las áreas afectadas debe ser destruida --ya en los comienzos de la detección de la polilla se quemaron 4 toneladas de patata en Asturias-- los locales desinfestados y cubiertos con mallas muy tupidas. Será después de esta primera fase cuando se lleven a cabo las inspecciones «uno a uno» de todos los terrenos para verificar la superficie afectada en Asturias.
Área afectada y tampón
El BOPA señala como zonas infestadas por la plaga a los concejos de San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol y Taramundi, junto a una serie de parcelas (recogidas en el mapa) dentro de los municipios de Navia, Valdés y Cudillero. Junto a ellos se delimita una denominada «zona tampón» que, además de esas áreas incluidas en la zona infestada, incluyen a los concejos de Tapia de Casariego, El Franco, Coaña y Villayón. Durante dos años «y hasta que se declare oficialmente la erradicación de la plaga» se prohíbe el cultivo de patata en todos los concejos y parcelas declarados como zona infestada. Además se indica que, en esos municipios, todas las plantaciones existentes «serán desenterradas y retiradas bajo control oficial» para ser destruídas. Lo mismo ocurrirá con todos los tubérculos de campañas anteriores, así como con los rebrotes que aparezcan durante el periodo en que esté vigente esta prohibición de cultivo.
El decreto del BOE establece sanciones de distintos grados para quienes no respeten estas restricciones. Así para infracciones leves fija multas de entre 300 y 3.000 euros. Estas serían para los casos en los que no se respetaran los requisitos fijados para producción o comercialización de la patata o el no cumplir con la obligación de informar a la administración sobre los cultivos. Pero la norma también recoge los casos de infracciones graves o muy graves, aquellas en las que se aportara documentación falsa, se impidiera el acceso a los inspectores, la comercialización de tubérculos afectados o en los casos más sangrantes la circulación de vegetales ya inmovilizados. Así, la ley señala que en estos casos las multas pueden ascender a entre 3.001 a 120.000 euros en los casos graves y entre 120.001 a 3.000.000 de euros en los muy graves.