9.000 interinos asturianos podrán reclamar 20 días por año si los despiden

Un tribunal gallego reconoce por primera vez la «discrimianción» frente al personal laboral de un profesor que realizó una sustitución

Concentración de interinos docentes frente a la Junta General.Concentración de interinos docentes frente a la Junta General
Concentración de interinos docentes frente a la Junta General

Redacción

A las sentencias de la justicia europea que han comenzando a sentar jurisprudencia sobre los interinos, señalando que a un mismo trabajo ha de dársele igualdad de trato en cuanto a salario y carrera profesional, se ha unido ahora el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña que ha reconocido por primera vez en España el derecho de una interino, un docente, a recibir una indemnización después de su cese. En concreto se trata de una denuncia presentada por el sindicato CSI-F por el caso de un profesor que había realizado durante un año una sustititución; el tribunal señaló que su indemnización debería ser de 20 días por año trabajado, la misma que se aplica a despidos objetivos por razones técnicas, organizativas, económicas o de producción. Esta sentencia abre la puerta a que miles de interinos en una situación similar puedan reclamar la misma indemnización y en Asturias no se trata de un número pequeño. Según los cálculos más conservadores de CSI-F hay alrededor de 9.000 interinos en Asturias entre los trabajadores sanitarios, docentes, de la administración autonómica y la local.

«Esta sentencia va a cambiar todo el panorama en España», destacó el presidente de CSI-F Asturias, Sergio Fernández Peña, quien destacó que la de A Coruña se suma a varias sentencias europeas en la misma tónica aunque lamentó que, por el momento, los casos que se han presentado en Asturias han sido adversos para los trabajadores. «No hemos tenido los mismos resultados porque no lo han asumido los juzgados de los contencioso y los interinos desisten de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por temor a las costas del proceso, que podrían ser de 2.000 euros».  Pero la sentencia del juzgado gallego es clara, se acoge al principio de igualdad de la directiva europea, señala que de no admitir la demanda del docente se produciría «una manifiesta discriminación» entre el empleado laboral de la administración y el interino y añade que que no hay «razones objetivas» que justifiquen la negativa de la administración a conceder es indemnización ahora reconocida por el juez.

Fernández Peña destacó que Asturias se encuentra entre las comunidades con un mayor porcentaje de personal interino, entre el 25% y el 30% de los trabajadores de la administración sumando las plantillas sanitarias, educativas, del Principado y los ayuntamientos, además de la Universidad. En un informe remitido por el el propio gobierno asturiano a enero de 2016, se cifraba el total de interinos en Asturias en 9.797, siendo el porcentaje respecto al conjunto de los trabajadores del 25,3%.

A juicio del presidente de CSI-F, la altísima tasa de interinidad en las plantillas de Asturias (sólo superada por Valencia, Aragón, Canarias y Baleares) responde a «una mala gestión» y al hecho de que no se hayan convocado «concursos de traslados ni oposiciones» durante mucho tiempo, Además, los interinos le salen baratos a la administración, «no se les pagan los trienios, ni los sexenios, ni se les reconocía la carrera prefosional», destacó Fernández Peña; pero las distintas sentencias, singularmente las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pueden terminar por revertir esta situación. Y si se consolida el reconocimiento de las indemnizaciones en los juzgados podría resultar mucho más caro la hasta ahora tentadora tendencia a recurrir sin límite a los interinos, «ahora les saldrán más caros. Es una mala gestión y los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos derecho a unos mejores servicios públicos y menos caros».

De hecho el presidente del sindicato apuntó que la macroconvocatoria anunciada por el Ejecutivo central para reducir al mínimo la tasa de interinidad en el conjunto del Estado está relacionada con los sucesivos fallos de los tribunales y ante el temor «a una catarata de sentencias».

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