Juicio a un senegalés por crear una empresa ficticia para legalizar a compatriotas
ASTURIAS
Los acusados solicitaban permisos de trabajo y residencia con la documentacion de una falsa compañía de albañilería
25 sep 2017 . Actualizado a las 16:37 h.La Fiscalía solicita la condena de un ciudadano senegalés acusado de crear una empresa ficticia y contratar a compatriotas para que lograsen el permiso de residencia en España a través de falsos trabajos. En el banquillo se sentarán además siete personas de la misma nacionalidad por presentar la documentación falsa en la Delegación del Gobierno, solicitando permiso de trabajo y residencia temporal para estos trabajos inexistentes.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado principal, de nacionalidad senegalesa, se dio de alta como autónomo en la Seguridad Social para actividad empresarial de albañilería y pequeños trabajos de construcción desde el 1 de marzo de 2007 al 30 de enero de 2009 y desde el 12 de marzo de 2009 hasta la incoación de las diligencias que dieron origen a este procedimiento, sin que haya realizado ninguna actividad en el sector.
Aprovechando su condición de autónomo realizó ofertas de trabajo por periodos de un año a diversos compatriotas residentes ilegalmente en España con el fin de que las utilizaran para legalizar su situación como trabajadores en el país, pese a que el trabajo que se alegaba en los contratos no existía. El acusado realizó esta actividad en connivencia con estas personas, quienes presentaban las ofertas en la Delegación de Gobierno de Asturias junto con su solicitud. En base a estas ofertas falsas, consiguieron permiso de trabajo y residencia inicial temporal en España.
Los extranjeros irregulares eran dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores de la inexistente empresa del imputado y presentaban la documentación falsa en la Delegación del Gobierno de Asturias, solicitando permiso de trabajo y residencia temporal para estos inexistentes trabajos. Una vez conseguido el permiso de residencia temporal en España, eran dados de baja en la Seguridad Social, evitando hacer más pagos en la misma. Todos los implicados aseguran que no ha existido pago de cantidad al acusado por realizar esta actividad.
Así, todos de común acuerdo consiguieron que se otorgara permiso de trabajo temporal a los acusados que, utilizando este procedimiento, presentaron en la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno la documentación falsificada para conseguir regularizar su situación ilegal en España.
La Fiscalía considera que el acusado es autor de un delito de falsedad en documento oficial continuado y cada uno de los otros siete acusados, de un delito de falsedad en documento oficial. Por ello se solicita que se condene al acusado principal a 2 años y 6 meses de prisión y a cada uno de los otros siete acusados a 1 año de prisión.