El gasto en ejecución en proyectos de investigación se desplomó un 20% en el sector privado en 2015 frente al aumento del resto
24 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.A punto de concluir el marco temporal del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias (PCTI) , vigentes desde el año 2013 hasta este 2017, se acerca la hora de hacer balance y las perspectivas no son muy halagüeñas. Según las cifras ofrecidas por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo respecto al año 2015, el gasto interno ejecutado en actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en la comunidad supusieron un monto de 158,6 millones de euros, una cifra a la baja, que representa un descenso del 7,6% respecto a lo ejecutado el anterior ejercicio, en 2014. Y buena parte de ese descenso se explica por la falta de implicación de la iniciativa privada. En concreto, mientras que en la Administración Pública el gasto en I+D+i, durante ese periodo, creció un 9,7% y en Enseñanza Superior, «por sector de ejecución, el sector Empresas fue el único que disminuyó su gasto en 2015. La caída fue del 20%. Por el contrario, los demás sectores aumentaron su gasto».
Así lo señala la Consejería en su respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el por el portavoz de Izquierda Unida en la Junta General, Gaspar Llamazares respecto al calendario de evaluación del plan. En ella, Industria apunta que esa evaluación será llevada a cabo por la empresa AYMING después de haber sido elegida, de entre seis concurrentes, por un comité dirigido por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, la coordinadora del CSIC, Rosa Menéndez López; y el director general del centro de I+D+I de Thyssenkrupp Javier Sesma: Para hacerlo contará con un plazo de 12 meses desde este mes de octubre.
Dado que es en el sector privado y en el ámbito de las empresas donde cojea el desarrollo de la investigación en Asturias, el Principado señala que en el último informe de seguimiento del PCTI se han destacado «las ayudas que específicamente se destinan a empresas por parte del gobierno del Principado de Asturias». Entre ellas destaca ayudas directas a empresas para la puesta en marcha de proyectos de investigación y desarrollo, iniciativas específicas para la cooperación regional de tres empresas con, al menos, una pyme; para la participación en programas internacionales; las becas Jovellanos para la incorporación de universitarios a empresas y la contratación estable de personal técnico cualificado; o las estancias de doctores en empresas asturianas.
En en plan se fijaba como objetivo desde 2013 a 2017 una serie de puntos entre los que se contaba incrementar el número de empresas con actividad de innovación de las 418 del año 2011 hasta las 615 en este año 2017. También «aumentar la intensidad de innovación de las empresas», el gasto en innovación respecto a la cifra de negocio, pasando al 0,83% en 2017 frente al 0,45% registrado en 2011. Otro de ellos era alcanzar una ejecución del gasto en I+D equivalente al 0,65% del PIB en 2017 respecto al 0,45% del año 2011; y conseguir que el porcentaje de la cifra de negocio procedente de productos y procesos nuevos y mejorados pase del 8,6% de 2011 al 12% en 2017.
El fracaso del retorno del talento
Las empresas asturianas no han sido colaboradoras. Pero todo lo que rodea al fomento del I+D+I se han encontrado con situaciones peliagudas. El año pasado, el anterior consejero de Empleo, Francisco Blanco, tuvo que reconocer el fracaso del plan de retorno del talento para investigadores que quieran trabajar en Asturias al no presentarse ninguna solicitud.
Esta iniciativa fue aprobada en un Consejo de Gobierno del Principado en julio de 2016 y pretendía recuperar, hasta 2018, un mínimo de siete científicos asturianos que se encuentrara trabajando en el extranjero para que pudieran regresar a su tierra natal para desempeñar su trabajo en centros o empresas de la región. El plan, dotado con una partida de 622.500 euro --97.000 euros con cargo al presupuesto de este año-- permite sufragar el 80% del salario que paguen los centros de investigación a los retornados, con un tope de 40.000 euros por año.
Blanco explicó en sede parlamentaria que se creó una plataforma específica en la web del Principado para relacionar a los investigadores con las empresas, a la que se adscribieron 23 aspirantes, pero, «al parecer», no se pudo llegar a ningún acuerdo.