El Principado necesita 90 millones extra para la prórroga

Carcedo explica que el Gobierno solicitará esa cantidad en créditos extraordinarios a la Junta General. La cifra definitiva del presupuesto se cerrará en enero

El consejero y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, entre las consejeras de Hacienda y de Servicios y Derechos Sociales, Dolores Carcedo y Pilar Varela.El consejero y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, entre las consejeras de Hacienda y de Servicios y Derechos Sociales, Dolores Carcedo y Pilar Varela
El consejero y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, entre las consejeras de Hacienda y de Servicios y Derechos Sociales, Dolores Carcedo y Pilar Varela

El Gobierno regional solicitará al menos 90 millones de euros en créditos extraordinarios a la Junta General para complementar la cuantía de la prórroga que deberá aplicar en 2018 como consecuencia del rechazo de sus presupuestos. Dicha estimación la ha realizado la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado el decreto de prórroga, un documento técnico y sin cifras que busca limitar los efectos de la ausencia de presupuestos.

El rechazo en la Junta General del proyecto presupuestario, que se elevaba a 4.485 millones de euros, reducirá la disponibilidad de fondos para la administración autonómica en un mínimo de 267 millones de euros al tener que aplicar una prórroga «que siempre significa menos y más tarde y que no quería ni el Gobierno ni la mayoría de los asturianos», ha subrayado Carcedo. La consejera ha incidido en que el Gobierno irá cerrando en el mes de enero las cifras definitivas una vez conocida la liquidación de 2017 y las previsiones de ingresos en cuestiones como el sistema de financiación autonómica y después elaborará las leyes de crédito que prevé tramitar en la Junta a finales de febrero o en marzo.

Trámites

 El decreto aprobado en este último Consejo de Gobierno del año se publicará el sábado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y permite, a efectos de trabajo interno en la administración, contar con un instrumento que ofrezca «criterios y pautas» para aplicar la prórroga, según ha señalado la consejera. La normativa vigente contempla que, en caso de que no haya presupuesto aprobado el 1 de enero, se prorrogan los créditos iniciales de las cuentas de 2017 -que ascendían a 4.226 millones-, salvo aquellos que tienen como destino servicios o programas con una vigencia limitada al ejercicio actual.

Además, Hacienda deberá analizar los ingresos previstos para 2018 en función de las previsiones que se deriven de la liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio prorrogado, de los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica y de la previsión de fondos finalistas y, si resultase inferior a los créditos prorrogados, se procederá a la retención correspondiente. En caso contrario, si el volumen de créditos prorrogados es insuficiente para dar cobertura a los compromisos de gasto se tramitarían, como primer paso, las modificaciones presupuestarias necesarias para complementar estos créditos. En todo caso los créditos prorrogados habrán de cumplir con los objetivos de déficit (-0,4% del PIB), deuda pública (18,6 por ciento del PIB) y regla de gasto (variación interanual no superior al 2,4 por ciento) aprobados por el Consejo de Ministros.

Valoración

Se trata, según Carcedo, de «minimizar» los efectos de un escenario «siempre mas restrictivo, complejo y con más incertidumbre» como es el de la prórroga que afecta a «a la agilidad en los plazos y a la inmediatez de las políticas públicas». En esa línea de atenuar las consecuencias de la prórroga, el Gobierno centrará ahora sus tarea en determinar las cantidades que necesitará solicitar del Parlamento siendo consciente de que, como se demostró en el debate presupuestario, «no tiene mayoría para sacar adelante iniciativas y que necesitará buscar apoyos».

En cuanto al informe de la Sindicatura de Cuentas que advierte de que el Principado se endeudó en 2016, un ejercicio en el que también se aplicó la prórroga, por importe de 595 millones de euros sin que se aprobara una ley que indicara su destino y características, Carcedo ha asegurado discrepar del criterio del órgano fiscalizador. Según la consejera, de acuerdo a la jurisprudencia existente, la prórroga se activa «de forma automática» si no hay presupuestos «y opera en bloque en gastos y en ingresos y eso incluye el endeudamiento» dado que su objetivo es garantizar «que no se pare una administración porque no exista un presupuesto».

No obstante, el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto por el Principado contra la sentencia que anulaba el artículo del decreto de prórroga de 2014 que autorizaba al Ejecutivo asturiano a emitir deuda o a formalizar operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad. La resolución señalaba que en el primer fallo en el mismo sentido del Tribunal Superior de Justicia de Asturias tras el recurso planteado por Foro no hizo una interpretación «errónea o ilógica» de la normativa, que se limita a establecer el carácter automático de la prórroga si el presupuesto no se aprueba antes de fin de año. Tras la sentencia inicial, el Gobierno advirtió de que no tendría efectos prácticos dado que sólo estimaba parcialmente un aspecto «formal» del recurso de Foro al considerar «demasiado genéricos» los términos relativos al endeudamiento al incluir la expresión «en cualquier modalidad».

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