El salario social no encuentra techo en Asturias

El Principado reconoce que el número de beneficiarios crece a un ritmo estable del 8% anual. El coste total de 2017 se eleva a 119 millones

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela

Redacción

El incremento del número de beneficiarios que perciben el salario social se ha estabilizado en torno al 8 por ciento anual después de los efectos de la crisis y la reducción de la cobertura del desempleo llevaran a registrar aumentos de hasta el 32 por ciento entre los ejercicios de 2012 y 2014. Así, el gasto de este año para el pago de esta prestación llegará a 119,1 millones de euros destinados a 22.422 familias lo que eleva el número de beneficiarios a 45.500 frente a los 109 millones de 2016 con 20.585 personas con este derecho reconocido. Estos datos han sido facilitados por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado una ampliación de crédito de 9,5 millones para atender el abono de esta prestación en el mes de diciembre.

Además, el Ejecutivo autorizado, como anticipado de gasto, otra partida de 21,5 millones para garantizar el pago de esta prestación durante enero y febrero de 2018 y paliar así las consecuencias de la prórroga presupuestaria, medida que ha adoptado también en lo relativo a otros instrumentos de protección social. Se trata, según Varela, de garantizar a lo largo del próximo año la protección social a los colectivos más desfavorecidos y a las necesidades de las personas con especiales dificultades «que requieren de presupuestos públicos» para recibir esas prestaciones.

Dependencia y ayuda a domicilio

De esta forma, en el ámbito de la dependencia, se ha aprobado un gasto de 5,6 millones para garantizar el abono de las prestaciones económicas incluidas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SIAAD) correspondientes a enero y febrero de 2018. Estas ayudas, de las que se benefician 11.000 personas y que se elevaron este año a 31,1 millones, permiten cofinanciar servicios privados como centros de día, de atención residencial, ayuda a domicilio o asistentes personales y sufragar los gastos de quienes son atendidos en su domicilio por un cuidador no profesional.

Además, el Ejecutivo ha autorizado 13,3 millones para financiar a los ayuntamientos la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y tele-asistencia a personas dependientes durante 2018. Según Varela, la prórroga impide autorizar todo el crédito previsto en el proyecto presupuestario, que ascendía a 15,4 millones y con el que se pretendía atender a más de 5.500 personas. Por ahora se habilita la partida prorrogada y, una vez agotada, el Gobierno aportará los recursos necesarios para garantizar estos servicios de los que este año se beneficiaron unas 4.900 personas.

Asimismo, el Ejecutivo ha autorizado la renovación de nueve convenios entre el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) y otros tantos ayuntamientos para prestar servicios de alojamiento y residencia a personas mayores, principalmente en concejos de zonas rurales. Este acuerdo, que implica un gasto de 7,5 millones, permitirá sostener en los próximos cuatro años el concierto de 123 plazas residenciales en instalaciones municipales.

Otros convenios

También se ha autorizado la firma de cinco convenios con los ayuntamientos de Mieres, Langreo, Gijón, Valdés y Cangas del Narcea, a los que se destinarán 1.522.548 euros para el sostenimiento de los Centros de Apoyo a la Integración (CAI) municipales. Los acuerdos, de carácter anual, consolidan el funcionamiento de unos equipamientos que atienden a unas 200 personas con diversidad funcional y en los que la aportación del Gobierno se determina en función del número de plazas y del grado de dependencia de los usuarios.

Por último, se ha aprobado un gasto plurianual de 424.744 euros para contratar por 24 meses el servicio de atención residencial para personas con discapacidad en un piso tutelado de Gijón que incluirá varios criterios de adjudicación en los que, además del precio, se valorarán aspectos relacionados con la calidad.

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