Mercedes Fernández asegura que Noreña intentó establecer la oficialidad «por la portilla de atrás»
03 ene 2018 . Actualizado a las 19:16 h.La líder del PP asturiano, Mercedes Fernández, ha afirmado que después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la Ordenanza de uso del asturiano en Noreña, su partido va a estar vigilante para que ningún Ayuntamiento «vaya por la portilla de atrás a establecer co-oficialidades a la carta». Con todo, ha señalado que su partido quiere el «asturiano de todos» y no «ese asturiano co-oficial y construido por unos pocos».
A través de unas declaraciones distribuidas por el PP, Mercedes Fernández, ha aplaudido la decisión del TSJA, que ha dado la razón a la iniciativa impulsada por el grupo municipal del PP en Noreña ante «una decisión que calificamos de ilegal en su momento, y el TSJA nos ha dado la razón de forma inequívoca», según Mercedes Fernández.
Y es que el Tribunal ha decidido anular «por no ser conforme a derecho» la Ordenanza de Uso del Asturiano de Noreña que había sido aprobada por el Ayuntamiento en octubre del 2016. La sentencia da la razón al PP, que pidió su nulidad al entender que la ordenanza suponía una declaración de oficialidad. Además, la sentencia establece que la Ordenanza omite toda valoración económica cuando se contemplan medidas que suponen un gasto «con clara incidencia económica».
«Nadie debe alborotarse, no es ningún tipo de provocación democrática, el cumplimiento de la ley es la garantía de nuestro sistema democrático y tenemos desdichadamente muchos ejemplos que poner en los últimos tiempos», ha afirmado la popular, que ha calificado la aprobación de la Ordenanza por el Pleno de Noreña como un «ordeno y mando» para establecer que existen dos lenguas.
«Somos todos muy proclives a la defensa del asturiano, que hablamos todos los días con normalidad y naturalidad, pero que nadie confunda a los asturianos de buena fe, eso no es la co-oficialidad. La co-oficialidad es estudiar en bable, examinarse para unas oposiciones en bable, rotular los comercios en bable. Es establecer una serie de requisitos», ha señalado, para añadir que todo esto pasa por la reforma del Estatuto de Autonomía.
Sin embargo, Mercedes Fernández ha dicho que el PP va a oponerse a la inclusión de la oficialidad en el Estatuto, «aunque somos partidarios, y mucho, de la defensa del asturiano». En ese sentido, ha recordado que la Ley de Uso y Promoción del Asturiano fue aprobada con un gobierno del PP, el presidido por Sergio Marqués.
Por eso, ha pedido al resto de grupos parlamentarios que no den al PP «lecciones de nada». «Hablamos el asturiano con normalidad, queremos proteger el asturiano que habla la gente habitualmente y en su vida cotidiana, pero nos negamos a esa oficialidad de una llingua absolutamente artificial y construida entre unos pocos», ha afirmado.
Así, ha defendido «el asturiano de todos» frente al «asturiano co-oficial construido por unos pocos» que, según ella, el Tribunal ha dicho que no es legal. «Por lo tanto, a todos los Ayuntamiento de Asturias que pueden querer ir por la portilla de atrás a establecer co-oficialidades a la carta como si la ley no estuviera hecha para ser cumplida, quiero, no advertirles, pero hacerles una reflexión de que ningún Ayuntamiento puede establecer ninguna oficialidad, porque no es legal y vulnera los derechos de la gente», ha advertido.
En ese sentido, el PP ha anunciado que van a trabajar para que esta sentencia de cumpla en los 78 concejos asturianos y que van a vigilar para que no se aprueben más ordenanzas como la de Noreña. «No es un test de asturianía, el asturiano se debe querer y adoptar en la vida de todos nosotros, pero sin inventos de laboratorio, que es lo que le viene muy mal al asturiano y en general a la gente de Asturias», ha indicado la líder del PP.
Así, ha afirmado que no existe una demanda mayoritaria de oficialidad, algo que, para ella, saben muy bien los partidos que la defienden «que quieren ir poco a poco consumiendo etapas». «Defensa del asturiano todo lo que se quiera, pero establecer co-oficialidades a la carta municipio por municipio vulnera el ordenamiento jurídico», ha sentenciado.
