Asturias se queda atrás en las ayudas a la natalidad

Galicia y Castilla y León ponen en marcha una batería de planes y subvenciones para combatir un declive demográfico similar al del Principado. Las discrepancias sobre las escuelas gratuitas de 0 a 3 años bloquean el presupuesto autonómico

Una madre con su bebé
Una madre con su bebé

Redacción

Galicia, que se enfrenta a una crisis demográfica similar a la de Asturias, ha pasado a la acción. Mientras el desacuerdo entre el PSOE y Podemos para pactar un modelo gratuito de escuelas para niños menores de tres años bloqueaba la aprobación de un presupuesto regional para el 2018, la comunidad vecina ha pasado a la acción y ha establecido un sistema exhaustivo de ayudas públicas a la maternidad con la intención de recuperar unas tasas de natalidad hundidas, como las asturianas, desde los años 90 y poner fin al envejecimiento de sus habitantes y a la pérdida de población que acarrea la suma de los dos problemas anteriores. Un modelo de 0 a 3 gratuito para los concejos rurales, una variedad de cheque bebé (1.200 euros en un año) bautizada como programa Benvida, subvenciones a la contratación de cuidadores para los niños cuando están enfermos o surge alguna emergencia familiar y compensaciones a la pérdida de ingresos de los progenitores que solicitan una excedencia o una reducción de jornada para hacerse cargo del cuidado de sus hijos son algunas de las medidas que ya aplica la Xunta. Frente a esas iniciativas concretas, la estrategia del Principado, que entró en vigor el año pasado y prevé actuaciones hasta el 2027, enumera posibilidades, como exenciones fiscales para las parejas que adopten o tengan su segundo hijo, pero aún no ha dado lugar a ninguna acción concreta.

Nada atenúa el invierno demográfico de Asturias. Con la llegada de enero, como al principio de cada nuevo año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha presentado sus estimaciones de la población española a partir de los datos recogidos en los padrones de los municipios y los resultados para la comunidad autónoma son de una familiaridad descorazonadora. La nueva cifra oficial queda fijada en 1.034.960 habitantes a 1 de enero del 2017, 7.648 menos que en la revisión anterior. La actualización confirma que la región suma ocho años consecutivos en retroceso. Redondeando ligeramente a la baja, ha perdido 50.000 habitantes desde el 2009.

En realidad, todos los chivatos de colores que alertan de la hondura del problema llevan más de 20 años parpadeando en el cuadro de mandos de los sucesivos gobiernos asturianos, pero la lentitud de respuesta de los políticos retrasó hasta el año pasado la la estrategia diseñada por el Principado. A la vista de los estímulos a la natalidad que han puesto en marcha otras comunidades vecinas, surge una pregunta: ¿Se quedan cortas las medidas previstas por la administración asturiana? El punto de comparación no es solo Galicia. Castilla y León, por ejemplo, también ha puesto en marcha un plan para facilitar la maternidad o la paternidad a los autónomos. La Junta financia cuatro meses adicionales a los cuatro que garantiza el Estado en toda España para que puedan cogerse permisos pagados y además contratar a otros trabajadores que los sustituyan.

En el diagnóstico, las conclusiones de los técnicos del Principado son similares a las de otras comunidades afectadas de manera similar por el problema. Sin reparar en los colores políticos de sus gobiernos, Galicia, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Asturias han ejercido en los últimos años una labor de lobby para poner los problemas demográficos, económicos y sociales asociados al envejecimiento de sus poblaciones en los lugares más altos de la agenda política nacional. La evolución ha sido similar en todas partes. Se da en todos los casos una prolongada tendencia a la baja que arranca a finales de los años 80 o principios de los 90 y llega hasta ahora mismo. Durante la primera década del siglo XXI, hasta el año 2009, sin embargo, la oleada de migrantes que llegaron a España al calor del boom económico maquilló los síntomas de la crisis. Las principales comunidades de acogida eran otras (Madrid y las que ocupan la fachada mediterránea, principalmente), pero las salpicaduras que alcanzaban a esa otra España envejecida y rural fueron bastantes para compensar la diferencia entre los nacimientos y las defunciones y mantener estables o recuperar ligeramente la población.

Asturias, con la tasa de fecundidad más baja de Europa (1,01 hijos por mujer, cuando lo necesario para mantener fija una población son 2,1, según todos los estudios demográficos aceptados), tiene un problema especialmente grave. Desde 1985, suma más de tres décadas en las que, todos y cada uno de los años, ha registrado más muertes que nacimientos. Y no solo eso, sino que la divergencia en las cifras cada vez es mayor. Desde hace dos años, las defunciones son ya el doble que los partos en la comunidad autónoma. De esa manera, se eleva la edad media de la población, en la que hay más personas que ya han dejado atrás la edad de tener hijos. Si a eso se suma la pérdida de integrantes de las cohortes más jóvenes que emigran por razones económicas a buscarse la vida y el trabajo en otros lugares, se obtiene un fenómeno con causas múltiples que operan a la vez y a las que no es fácil poner freno.

Las consecuencias económicas de tener una población envejecida son importantes. Los gastos en cuidados sociales y atención sanitaria se disparan. Y el problema va a peor. Todas las proyecciones, ya procedan del INE, la oficina estadística europea Eurostat o la Universidad de Oviedo, coinciden en que en pocos años dejará de ser cierto el tópico de la región con un millón de habitantes, porque ya no se superará esa barrera, y en el riesgo de que, mediado el siglo, el censo haya menguado hasta una cifra situada entre los 800.000 y los 900.000 habitantes. Asturias, así, perderá peso económico, demográfico y político en el conjunto de España. El grupo de regiones en declive demográfico aspira a que la nueva financiación autonómica tenga en cuenta ese factor al calcular el coste de los servicios públicos en sus territorios.

Galicia (2.731.000 habitantes en el año 2000, 2.795.000 en el 2010 y 2.708.000 en el 2017) ha seguido una evolución similar a la de Asturias. La Xunta, para intentar ponerle coto, ha recuperado el cheque bebé. A los padres de todo niño nacido en la comunidad se les entrega en los hospitales, ya sean públicos o privados, una cesta de bienvenida con productos para el cuidado infantil y, durante el primer año de vida, las familias disponen de unas tarjetas cargadas con 100 euros al mes para gastar en farmacias, parafarmacias o tiendas de artículos infantiles. En 30 concejos con escasa población y falta de recursos sociales, las escuelas de 0 a 3 años ya son gratuitas (y el programa aún debe implantarse en más localidades). El bono para el cuidado de los niños en situaciones excepcionales cubre hasta 80 horas por familia y año. En las áreas metropolitanas de las mayores ciudades gallegas, el transporte público para las familias numerosas se ofrece a mitad de precio. Las compensaciones a la reducción de jornada varían, según el número de hijos y las horas trabajadas, en una horquilla que abarca desde un mínimo de 1.700 euros al año a un máximo de 3.700.

Las autoridades gallegas, sin embargo, son conscientes que sus recetas no son más que medidas paliativas que no detendrán el envejecimiento de la población. Para conseguir ese objetivo, la Xunta quiere ofrecerse como destino para la inmigración que llega a España. El Gobierno gallego calcula que para estabilizar el número de habitantes necesitará que se instalen en su territorio 20.000 personas al año desde ahora hasta el 2029. Es una cifra similar a la que obtenía hasta el 2007, antes de la crisis económica, pero cuatro veces más de las que están llegando ahora. Las cifras del INE en lo que va de siglo demuestra que Asturias, dado su desfase entre nacimientos y muertes, necesita una inyección similar de nuevos vecinos de sus concejos si quiere derrotar a las predicciones sombrías pero realistas acerca de su futuro.

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