Asturias reclama que la política energética «no la decidan las empresas»

Patronal y sindicatos forman con el Principado un frente común por Lada y CCOO reclama que se intervenga Iberdrola desde el Estado


Redaccion

Sobre el anuncio de Iberdrola de cerrar la central térmica de Lada planea un conflicto profundo sobre la preeminencia entre el interés empresarial privado y el común general; y ocurre que el campo de batalla es uno tan oscuro con tan mala prensa (menos en Asturias que en el resto de España) como la muy contaminante quema de carbón. Sin embargo, tanto el Principado como los agentes sociales --desde los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, hasta la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)-- coincidieron en apostar por formar un frente común, o al menos compaginar esfuerzos, para defender que «la política energética la hacen los gobiernos y eso está por encima de las empresas», en palabras del consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola. Todos coincidieron en el mismo propósito, aunque en diferentes grados.

Patronal y sindicatos acudieron en la tarde de este jueves a la sede de la Presidencia del Principado un día después de conocerse el informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) que daba un fuerte varapalo al decreto preparado por el Ejecutivo Central para endurecer las condiciones para el cierre de la planta. Antes de la cita todos los convocados coincidieron en destacar que ese informe no es vinculante --sí es preceptivo y además Pola destacó que habitualmente «el gobierno lo tiene en cuenta»-- y que, en cierto modo, es «parcial». El más duro fue el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, que reclamó al Gobierno central «que aplique el artículo 128 de la Constitución que pone la riqueza del país supeditada al interés general». Hasta el punto de la que Carta Magna prevé la posibilidad de que el Estado intervenga una empresa para preservar servicios y o recursos esenciales.

¿Lo es la térmica de Lada? Por sí sola no, pero tanto desde el gobierno como desde los sindicatos y la patronal se señaló que la supresión repentina de la energía producida por la quema de carbón podría disparar los precios de la electricidad afectando no sólo a los consumidores domésticos sino también para la industria, para la española pero singularmente para la asturiana que arrastra además desde hace años la demanda de una concreción sobre los precios sometidos a enormes altibajos. 

El secretario general de la FADE, Alberto González, recalcó su apoyo «al gobierno de Asturias porque tiene la posición más correcta y más sensata. Debe de haber una transición energética ordenada y que no sea producto de la improvisación o de una decisión unilateral de una empresa». El representante de la patronal destacó que el cierre de las térmicas podría afectar y para mal a la competitividad de la empresas asturianas y «puede condicionar por completo a nuestro país y a Asturias por su carácter industrial».

El consejero de Industria remarcó que, en la actualidad, la legislación permite al gobierno vetar el cierre de una planta si afecta a la seguridad del suministro eléctrico, y que el Ejecutivo asturiano querría que el nuevo decreto incluyera también «supuestos adicionales, desde la planificación ambiental al incremento de los costes energéticos». Además consideró «llamativo» que el informe de la CNMC se centrara en el carbón cuando su redacción atañe a todas las fuentes de energía y no sólo a la quema del mineral. De forma críptica, también apuntó a una suspicacia en este sentido el representante de la patronal al señalar que «hay ciertas tensiones entre diferentes organismo a la vista de lo que está ocurriendo».

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, lamentó que los partidos políticos no hubieran llegado a «un consenso» en esta materia de manera que se dispusiera de una ley aprobada en el Congreso para hacer frente a la decisión de Iberdrola y no fuera necesario recurrir a un real decreto. «Exigimos un pacto de estado para la energía en el que se establezca como será el suministro, queremos un mix energético en el que estén todas las fuentes de energía y el que desde luego debe estar el carbón, como factor estratégico porque es la única fuente autóctona nacional». Lanero también destacó que el cierre de Lada podría servir de prólogo a la clausura de otras térmicas «¿y cómo nos abasteceríamos?»; además recalcó las implicaciones que tendría un cambio precipitado «en unas comarcas mineras condenadas al abandono y al desempleo y la influencia que tendría en el puerto de El Musel».

Apenas un 10% del carbón que se quema en las térmicas procede de explotaciones nacionales, y hay plantas en las que se usa exclusivamente mineral de importación. Pero ese producto entra a través de los puertos, como el de Gijón, por centenares de miles de toneladas, por lo que el cierre afectaría también de forma fundamental al sector del transporte.

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