Una fundación asturiana impulsa la participación de España en la Tarjeta Europea de Discapacidad

Luis Ordóñez
Luis Ordóñez REDACCION

ASTURIAS

El eurodiputado Jonás Fernández lleva a la cámara comunitaria la ausencia del país en un proyecto para armonizar derechos en la unión

29 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Ocho países de la Unión Europea forman el grupo de estados miembros en los que se trabaja para poner en marcha una Tarjeta Europea de Discapacidad, un documento que garantizaría a sus usuarios igualdad a la hora de recibir prestación de atención socio sanitaria en el conjunto de la unión independientemente de su lugar de residencia. Se trata de Bélgica,Chipre,Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Eslovenia y Rumanía y como resulta evidente España no está entre ellos. Esta ausencia ha llegado al Parlamento Europeo de la mano del eurodiputado socialista asturiano, Jonás Fernández, que presentó una cuestión a la cámara el pasado 23 de enero para confirmar qué estados participan del proyecto y los pasos que se habían dado en su desarrollo. La inquietud por la ausencia española partió de la Fundación Alpe-Acondroplasia. «Nosotros estamos en unos trabajos preliminares para formar una asociación europea de personas de talla baja. Y dentro de esos trabajos, hablando con asociaciones de Alemania, Bulgaria, Francia, Italia, Holanda, consultaron y vieron que en algunos de sus países ya estaban trabajando en la elaboración de este proyecto de ámbito europeo, al tener conocimiento de este hecho hablamos con Jonás que siempre nos está echando una mano y de ahí surge la iniciativa», explicó Felipe Orviz, asesor jurídico de la fundación. 

No se trata de una cuestión menor, según destacó Orviz, hay un acuerdo de ámbito europeo por lo que se reconoce en todo el territorio comunitario la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida pero no ocurre con «las prestaciones de la Seguridad Social, de empleo, de atención temprana, en el ámbito sociosanitario y se trata de que sean derechos reconocidos por todos los países». El abogado destacó que tanto la UE en su conjunto como distintos países, y entre ellos España, ratificaron la Convención de la ONU sobre discapacidad que «el instrumento jurídico de defensa y promoción de los derechos más avanzado y más progresista que existe tanto para la n la promoción como en los cambios normativos que implican los derechos que hay ahora mismo» y quieren que sirva como base para el desarrollo de la Tarjeta Europea.

Este convenio es, según recalcó Orviz, «fundador del modelo social de discapacidad que lo que viene a decir es que el factor discapacitante no es la condición física de la discapacidad sino que es la sociedad que impide a las personas con algún tipo de diversidad o discapacidad poder desarrollar sus derechos de forma igualitaria con el resto de la gente». En este sentido, lamentó la ausencia española en el proyecto y la achacó a que «una cuestión política de prioridad».

«Si queremos una Europa social, una Europa de los ciudadanos pues qué mejor que armonizar los derechos de los colectivos más excluidos socialmente de los que forma parte el de los discapacitados», insistió Orviz quien añadió que «si hay libertad de movimiento para operaciones económica y mercantiles lo que no puede ser es que se pongan trabas a los derechos de las personas».

En la web de la Comisión Europea se describe la tarjeta como como base de «un sistema de reconocimiento mutuo» que deba servir para ayudar «a las personas discapacitadas a viajar más fácilmente de un país de la UE a otro». También explica que el proyecto comenzó en 2016 y que el objetivo es garantizar «la igualdad de acceso a determinadas ventajas específicas, sobre todo en cultura, ocio, deporte y transportes»; si bien Felipe Orviz destacó que su demanda va mucho más allá en su ambición de reconocimiento de prestaciones socio sanitarias. Los países del grupo pionero fueron seleccionados en 2015 tras una convocatoria de propuestas para apoyar proyectos nacionales sobre «una tarjeta europea de discapacidad reconocida por todos y las ventajas que lleva consigo». Son proyectos que se publicaron para el conocimiento general, pero que no contaron con contribución española.