Archivada la denuncia por la creación de un empleo «a medida» en la cárcel de Asturias
ASTURIAS
La juez considera que no existen indicios suficientes que acrediten prevaricación o malversación. El sindicato denunciante recurrirá la decisión
22 feb 2018 . Actualizado a las 13:21 h.La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha archivado las diligencias previas pro las que había imputado por un presunto delito de prevaricación y malversación a tres altos cargos del Ministerio del Interior, entre ellos, el secretario general de Instituciones Penitenciarias. La resolución llega apenas un día después de que la magistrada tomara declaración a los tres imputados: el propio Yuste, el subsecretario de Interior, Luis Aguilera y la directora de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Ana María Velasco. La querella presentada por Acaip les acusaba de crear plazas a medida en varias cárceles, entre ellas las de Asturias. Todos negaron ante la juez Raquel Robles que cometieran alguna irregularidad e ilegalidad en un concurso de adjudicación de plazas de funcionarios convocados en marzo del pasado año, algo de lo que les acusaba el sindicato Acaip como querellante.
Para la juez no existen indicios suficientes que acrediten la prevaricación y la malversación. «Ni un mínimo dato aporta el denunciante que permita continuar con la instrucción penal», añade el auto que señala que el escrito de la querella «se limita a realizar manifestaciones genéricas, inconcretas y faltas de soporte indiciario alguno». Por todo, a juicio de Robles queda «evidenciada» la ausencia de indicios al no contener la denuncia ningún dato que permita concluir la comisión de los delitos y, por tanto, continuar la instrucción penal, ya que la querella solo recoge «unas sospechas y referencias genéricas» sobre el uso indebido del gasto público que se deriva de ese concurso.
Fuentes de Acaip han asegurado que recurrirán esta decisión, y que volverán a reclamar que Instituciones Penitenciarias entregue toda la documentación solicitada. En su querella, el sindicato acusaba a los tres imputados de adjudicar plazas de funcionarios en puestos de trabajo que no existen, es decir, «se crearon plazas ad hoc», como por ejemplo, citan en su escrito, la plaza de jefe de gabinete en la prisión de Lanzarote, un puesto de coordinador de servicios en la de Asturias o la de jefe de servicios de la cárcel de Martutene (Guipúzcoa).