Investigan 61 casos abiertos de desaparición en Asturias

Susana D. Machargo / EFE REDACCIÓN

ASTURIAS

Interior asegura que la mayor parte de los casos corresponden a menores de edad en los que no existe un riesgo alto

08 mar 2018 . Actualizado a las 11:43 h.

Las Fuerzas de Seguridad reciben a los largo del año miles de denuncias por desaparición. Muchas se resuelven en cuestión de horas. Otras llevan aparejadas largas investigaciones. Un grupo más reducido permanecen abiertas durante años, a la espera de que la persona regrese o de que se descubra alguna pista. Asturias cuenta en la actualidad con 61 denuncias activas por desaparición de personas, de las que 51 son consideradas de riesgo limitado y 9 de alto riesgo, según un informe del Ministerio del Interior presentado hoy. Así lo ha trasladado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante la presentación del informe sobre personas desaparecidas correspondiente al 2017 con motivo del Día de Personas Desaparecidas sin causa aparente que se celebra este viernes.

No obstante esas cifras están vivas y cambian día a día. Hace tan solo dos meses, a fecha 4 de enero de 2017, no había pistas de lo que había pasado con 72 asturianos. Esa es la cifra de expedientes que continuaban abiertos. Del total, solo ocho eran de alto riesgo. Es decir, que la vida del desaparecido podría correr un elevado riesgo. Un dato curioso es que la gran mayoría eran menores. En concreto, representan 42. En el total de España llegar a representar dos de cada tres. En el perfil global hay más casos abiertos de hombres que de mujeres, a diferencia de las tres últimas denuncias registradas en el Principado, que han causado una honda preocupación. Estas son las cifras recogidas en un informe que acaba de publicar el Ministerio de Interior. 

Dentro del contexto nacional, Asturias no encabeza ningún ránking destacado. Sus ocho casos de alto riesgo lo sitúa lejos de las comunidades más problemáticas, que son Andalucía, Cataluña, Canarias y Galicia. Lo mismo sucede si se observan únicamente los casos de menores. Nuevamente, el Principado está en la media y no en los puestos altos de la tabla con más denuncias y con más denuncias de casos conflictivos. Un dato añadido que aporta el ministerio es la sustracción de menores, lo que representa una parte muy concreta dentro de las desapariciones. En el Principado, se interpusieron un total de 21 denuncias entre los años 20116 y 2016, que es el último que aporta.

Pautas y protocolo

Este trabajo no solo aporta todas las cifras sobre el problema, también recoge la legislación vigente y las pautas de trabajo de los agentes. Destierra, por ejemplo, algún falso mito. No es necesario esperar 24 horas para presentar una desaparición. Es, incluso, contraproducente, ya que se pueden perder pistas y se retrasa la puesta en marcha de la maquinaria policial. El documento reconoce que en el pasado sí que había un periodo de 48 horas, pero hace tiempo que esa normativa se aparcó. «La denuncia se debe efectuar a la mayor brevedad posible», insiste. Existe un registro central en el que se centraliza y automatiza toda la información. No se emite una alerta por cada caso, ya que la gestión de miles de alertas diarias en el Espacio Schengen sería ingobernable, según explica el ministerio. Pero sí permite que, si un agente introduce un nombre o un DNI de alguien para hacer una consulta, se active una alarma. 

Existe un modelo de denuncia específico para este tipo de casos, para unificar los datos que se utilizan desde la descripción de la persona a fotografías o elementos multimedia.  Cada vez que se incorpora una nueva denuncia se cotejan automáticamente los datos del desaparecido con los datos relativos a cadáveres y restos humanos hallados sin identificar que se hayan localizado en todo el territorio nacional. Para aumentar la eficiencia en la investigacón, se ha diseñado un protocolo de alertas programadas que informan o solicitan información, de forma periódica, de las unidades especializadas. Si se califica como de alto riesgo entonces sí se remite una alerta a todas las Unidades Centrales declaradas como punto de contacto para este tipo de casos. 

En España no existe una definición legal de qué es una persona desaparecida, por lo que los datos que recopilar la Policía y la Guardia Civil  responden a una casuística variada, que incluye desde posibles secuestros a casos de pérdida de contacto que pueden ser voluntarios. Por una parte, las fuerzas de seguridad dividen las voluntarias, que abarca de la fuga de menores a un cambio de domicilio sin notificar, y un segundo grupo que incluye las accidentales y las forzosas, en las que los desaparecidos son considerados víctimas.