En el Principado se incoaron el año pasado 833 órdenes de protección
12 mar 2018 . Actualizado a las 19:55 h.Los juzgados asturianos recibieron en 2017 un total de 2.711 denuncias por violencia machista, cinco más que durante el año anterior, según los datos facilitados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En total fueron 2.505 las mujeres que presentaron denuncias a lo largo del pasado año, lo que sitúa a Asturias en una media de 46,30 casos por cada cien mil mujeres. Estas denuncias llevaron a que se incoasen 833 órdenes de protección, de las que una no fue admitida, 255 fueron denegadas (el 31 %) y 566 adoptadas (69%).
En todo el país fueron 166.620 las denuncias registradas por violencia machista, un 16,4 % que en el año anterior, y el número de mujeres víctimas de esta lacra subió un 17,7 % hasta las 158.217, las cifras más altas desde que las contabiliza el CGPJ. El CGPJ ha destacado el incremento de los menores enjuiciados por violencia de género (que pasó de los 179 de 2016 a los 266, lo que supone un aumento de casi el 50 %). El Observatorio del CGPJ también subraya el descenso de dos puntos de la dispensa de las mujeres de la obligación legal de declarar, que pasó del 12 % en 2016 al 10 % en 2017. En el caso de Asturias fueron 470 las mujeres que no tuvieron la obligación legal de declarar. Siguen siendo las extranjeras las que más se acogen a esta dispensa (un 13 % del total, frente al 9,3 % de las españolas). En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 69,6 % eran españolas y el 30,4 %, extranjeras.
El pasado año, las condenas a maltratadores aumentaron un 1,2 % hasta las 33.146, un 67,4 % del total de sentencias dictadas (en 2015 fue del 62,6 % y en 2016 del 66,2 %), frente a 16.019 absoluciones. Casi siete de cada diez denuncias fueron presentadas por la propia víctima, el 15 % por intervención directa de la policía y el 9 % fue el resultado de partes de lesiones, mientras que las denuncias de familiares supusieron poco más del 2 % del total. Las solicitudes de órdenes de protección fueron 44.106, casi 800 más que el año anterior. En la mitad de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de esta petición.
En 2017, las medidas judiciales penales de protección ascendieron a 61.069: en un 66,2 % de los casos se adoptaron órdenes de alejamiento; en un 63,9 %, prohibición de comunicación; en un 6,8 %, prohibición de volver al lugar; y en un 3,2 % se decretó la privación de libertad. Por su parte, se dictaron 15.237 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal: un 19 % en relación con la prestación de alimentos, un 16 % con la atribución de la vivienda, un 4,8 % con la suspensión de la guarda y custodia de los hijos; y un 2,9 % tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, califica de escenario positivo el aumento de las denuncias porque evidencia las «conductas violentas contra las mujeres y los menores» y también de las condenas. Aunque denuncia que estas cifras son «inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada», incide en que «en una materia tan sensible como la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de derecho funciona». Carmona se muestra preocupada porque «persistan actitudes de violencia machista en nuestros jóvenes, que debieran ejemplificar mejor que cualquier otro segmento social los valores de igualdad, respeto y libertad».
Los datos del CGPJ reflejan que la violencia de género se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 habitantes superó la media nacional (66,6) en los casos de Baleares (95,6), Murcia (87,8), Comunidad Valenciana (85,3) y Canarias (84,5). Las ratios más bajas se dieron en Castilla y León y en Galicia, con 41,9 y 42,7, respectivamente.