Asturias se abre a que Cantabria se sume al frente norte de financiación

Guillermo Martínez destaca que el Principado defiende un sistema que garantice «la igualdad de todos los ciudadanos» y sobre «esa base, otros podrían compartir» los criterios

Miguel Ángel Revilla, en Fitur.Miguel Ángel Revilla, en Fitur
Miguel Ángel Revilla, en Fitur

Redaccion

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, se mostró abierto a que nuevas comunidades se incorporen a los acuerdos alcanzados en diversas cumbre entre autonomías del noroeste sobre financiación autonómica aunque destacó que al ser encuentros en los que participan varias administraciones no iba a detallar los contactos establecidos. La semana pasada el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, había señalado en declaraciones a La Voz de Asturias, su interés en formar parte de ese frente de comunidades --en el que junto a Asturias se han situado Galicia, Castilla y León y Aragón--ya que, según destacó, compartían problemas similares.

Martínez señaló al término del Consejo de Gobierno que desde Asturias se defiende un criterio en la reforma de la financiación autonómica en el que se «garantice la igualdad de todos los ciudadanos» independientemente del territorio en el que residan y que esa postura responde también «a la propia concepción del Estado» que se mantiene desde el Principado. «Sobre la base de esos criterios, otros podrían compartirlos», señaló el consejero.

El pasado fin de semana, el presidente cántabro destacó que «esto es un tema crucial para el futuro de esa parte de España que representamos Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, también Extremadura» y expresó su temor de que vaya a predominar el criterio del tamaño de población puro --que defienden comunidades del levante-- y que consideró «absolutamente injusto». Esa tesis, señaló, va en perjuicio de «aquellos que tenemos territorios envejecidos, dispersos y donde el coste de los servicios es enorme. Es una injusticia y además aumenta el riesgo de lo que ya sucede, la despoblación de las zonas rurales de una gran parte de España».

En el debate sobre la financiación autonómica hay una fuerte división territorial en el que las comunidades del noroeste defienden que se tenga en cuenta estos criterios frente a los del número de habitantes dado que el coste de los servicios, desde la educación o la sanidad, es mucho más elevado en territorios con una población envejecida (lo que conlleva un mucho mayor gasto sanitario) o con núcleos muy dispersos (lo que requiere también mayor gasto para garantizar la misma oferta educativa). También se oponen al principio de ordinalidad (un límite a la solidaridad interterritorial) que postulan ahora las comunidades con mayor renta y también mayor capacidad de recaudación.

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