Auxiliares educadores y fisios recuperan la jornada completa en el Supremo

El alto tribunal propina un nuevo varapalo judicial a Educación al no admitir a trámite su recurso para mantener el tijeretazo

Concentración de auxiliares educativos y fisioterapeutas a la puerta de la Junta General.Concentración de auxiliares educativos y fisioterapeutas a la puerta de la Junta General
Concentración de auxiliares educativos y fisioterapeutas a la puerta de la Junta General

Redacción

Los tribunales han devuelto a los auxiliares educadores y a los fisioterapeutas que trabajan en colegios e institutos públicos asturianos la jornada completa que un acuerdo del consejo de Gobierno del Principado les quitó. Primero ganaron en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en tres sentencias diferentes, por procedimientos colectivos iniciados por dos sindicatos y un letrado. Ahora les da la razón el Tribunal Supremo que ni siquiera admite a trámite el recurso presentado por la Consejería de Educación contra esos fallos judiciales. Los asesores jurídicos de los trabajadores les han comentado que la única alternativa que le queda ahora a la Administración es dejar sin efecto el acuerdo de consejo de gobierno que modifica la relación de puestos de trabajo (RPT) en la que se les recorta el horario y aprobar una nueva RPT en la que todos los puestos estén contemplados como una jornada completa.

«Es un nuevo revés judicial para la Consejería de Educación en el proceso de recorte de las condiciones de atención al alumnado con necesidades educativas especiales», comenta Manuel Amago, portavoz del colectivo de auxiliares, que aplaude la inadmisión del primero de los recursos de casación presentados por el Principado. Considera que es un espaldarazo para los profesionales «que han visto precarizadas sus condiciones laborales y también el servicio de atención que prestan».

Este conflicto laboral se remonta al mes de octubre de 2016. Esa fue la fecha en la que el consejo de Gobierno modificó de manera unilateral todos los puestos de los auxiliares educadores y fisioterapeutas, convirtiéndolos en jornadas parciales, tanto los que ya existían y ya estaban ocupados por fijos como los 28 nuevos que se tuvieron que crear después de recibir una cascada de sentencias adversas, que consideraban ilegal el encadenamiento de contratos temporales firmados por una administración pública. Los trabajadores que se incorporaban a esos 28 puestos de nueva creación ya entraban con el horario recortado. Los fijos se irían precarizando a medida que hubiera traslados, jubilaciones, vacantes,...

En aquel momento los profesionales denunciaron públicamente la doble vertiente negativa que tenía esta decisión del Ejecutivo del Principado. En primer lugar, modificaba de manera unilateral las condiciones de trabajo de unos puestos ya ocupados por unos profesionales en unas condiciones y empeoraba las condiciones de los que accedían a los puestos. Por otro lado, el tijeretazo empeoraba las condiciones en las que se atendía al alumnado con necesidades educativas especiales, entorpeciendo la equidad.

Las sentencias del TSJA no sirvieron para que la administración reconsiderara su postura. Educación siguió adelante y llegó hasta el Supremo. Ese fue el último movimiento que ha quedado sin efecto después del alto tribunal no haya admitido a trámite su recurso. «Ahora se verán obligados a contratar a todo este personal a tiempo completo. Quedando esta forma de desbaratadas de sus pretensiones de precarización las condiciones laborales de estos trabajadores, así como de atención alumnado al que prestan atención directa», señala la plantilla.

Los trabajadores denuncian que han tenido que recurrir constantemente a los tribunales para conseguir un trato que consideran justo. Llevan seis años pleiteando. Aunque este recorte es de 2016, los primeros procesos se produjeron por fraude en la contratación, por todos esos casos de contratos encadenados. Denuncian que en este tiempo se ha producido «un ingente gasto dinero público en recursos y apelaciones por parte de la consejería, que fueron desestimadas por los tribunales de forma recurrente. Lamentan también que la consejería haya hecho caso omiso a sus advertencias y que se hayan visto obligados a adoptar todo tipo de acciones. Además de recurrir a los tribunales han protagonizado movilizaciones en la calle, han conseguido que se presentase una proposición no de ley en la Junta General del Principado respaldada por 5.000 firmas,...  

Hasta que la RPT no es vuelva a ser modificada y se les devuelva la jornada completa seguirán alerta. La experiencia les ha demostrado que es necesario mantener la presión. Así que han vuelto a reunirse con partidos políticos. Algunos se han comprometido a interpelar al Gobierno sobre este asunto. Al menos, Podemos lo tiene pensado hacer en las próximas semanas.

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