Los juzgados comienzan a funcionar con miles de escritos acumulados

Informáticos del Principado han «actualizado un componente» para desbloquear el programa. El Gobierno dice que funciona a pleno rendimiento pero fuentes judiciales lo niegan

Juzgados de Oviedo
Juzgados de Oviedo

Redacción

Los funcionarios asturianos de Justicia encendieron esta mañana sus ordenadores con poca confianza. El sistema informático llevaba bloqueado desde la tarde del jueves, 5 de abril, y solo en el decanato de Oviedo se acumulaban más de 1.655 escritos, de diferente naturaleza, sin tramitar. Sin embargo, poco a poco el Lexnet, el programa propio con el que trabajan, comenzó a funcionar. Los asuntos civiles fueron los últimos en estar operativos. El Principado explica que sus informáticos han realizado una actualización de un componente informático de manera remota y que eso ha sido suficiente para resolver el colpaso. Mientras la directora general de Justicia del Principado, Encarnación Vicente, señala que ya se trabaja con total normalidad, fuentes judiciales indican que «no está a peno rendimiento», que vas más lento de lo habitual y que se están registrando algunos fallos.

El Principado acaba de salvar un asalto pero parece que «este cataclismo», tal y como lo han calificado fuentes consultadas por LA VOZ, va a traer cola. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) mantiene una reunión ya programada con antelación pero abordará lo sucedido. Hace apenas una semana jueces, fiscales y magistrados daban la voz de alarma con la situación límite de la Justicia asturiana y la primera incidencia de gravedad ya se ha producido. 

La versión que está ofreciendo el Principado dista ligeramente de la que circuló durante las primeras horas, cuando se supo del colapso del Lexnet. El argumento que ahora maneja es que no tiene nada que ver ni con la antigüedad de los ordenadores ni tampoco con que el sistema operativo estuviera desfasado y no fuera compatible con el Lexnet. De hecho, indica que con la actualidad del complemento informático de manera remota se ha resuelto el problema. Se precisa que la modernización de los ordenadores sí es necesaria para la implantación de los expedientes electrónicos, algo que de manera experimental ya se está probando en Mieres. De hecho, los juzgados mierenses fueron los únicos en Asturias que se libraron del colapso. 

Las incidencias, además, se han limitado al Principado. En ninguna otra comunidad autónoma se ha producido un fallo informático a otra escala, pese a que el Ministerio de Justicia instaló la misma actualización en todas las comunidades autónomas en las que tiene las competencias. Ha podido haber algún problema, pero muy puntual.

Qué hizo el Principado

El Principado ha explicado que ha logrado corregir los errores del programa informático con la instalación de la versión Java 1.7. El Gobierno asegura que recibió esta recomendación ayer, martes, por la tarde, después de que el ministerio realizara las comprobaciones oportunas. Una vez adoptada la decisión, los técnicos de la Administración autonómica trabajaron ininterrumpidamente hasta la noche para verificar que la herramienta Lexnet respondía, para lo que permanecieron en continuo contacto con los juzgados de guardia, según la versión de la Dirección General de Justicia.

El Gobierno asturiano ha insistido en responsabilizar al ministerio de lo sucedido en los últimos días y para apuntalar su versión ha presentado una cronología de los hechos. Ha asegurado que realizó el reajuste en el sistema de comunicación judicial el pasado jueves «sin aviso previo sobre los requerimientos informáticos que exigía el proceso». Al parecer, este tipo de actualizaciones se repiten periódicamente sin que se registren incidencias. En este caso, un día después de la adaptación se produjeron problemas generalizados en los juzgados. El Principado afirma que lo comunicó de inmediato al Gobierno central, que, en un primer momento, achacó el fallo a la lentitud de descarga en la nueva versión la aplicación.

La Dirección General de Justicia ha explicado que, como la situación no mejoraba, el lunes volvió a ponerse en contacto con el ministerio, «que reconoció que las incidencias eran comunes a toda España». Este punto ha sido desmentido por fuentes judiciales, que señalan que en ninguna otra comunidad autónoma ha habido un colapso como el registrado en Asturias. No han descartado que se hubieran producido errores puntuales, pero nada parecido a lo ocurrido en el Principado, donde el Lexnet no funcionó durante casi cinco días seguidos. El Gobierno asturiano ha asegurado que la misma tarde del lunes propuso a la Administración central la instalación de la versión 1.7 de Java como posible solución. Pero ha matizado que el Ministerio de Justicia no lanzó la recomendación hasta las 15:00 horas de ayer, martes. 

Las inversiones

El Principado también ha defendido la gestión de los recursos que está realizando y la modernización que está acometiendo. Justicia ha explicado que en el mes de marzo inició el proceso de migración al sistema operativo Windows 7 ó 10 en los ordenadores de los órganos judiciales. Este es un paso previo necesario para implantar la justicia digital en Asturias. Todo este proceso discurre con independencia del  sistema de comunicación Lexnet, que lleva en funcionamiento desde 2010, año en el que se firmó un convenio que supuso la cesión de los derechos de uso a la Administración regional.

Además, ha hablado de dinero. Ha cifrado las actuaciones realizadas desde hace tres años para la implantación del expediente judicial electrónico en algo más de un millón de euros. Con esa suma han adquirido 1.438 monitores, 33 equipos de videoconferencia; escáneres; 185 ordenadores personales para la renovación de los equipos, se han sustituido 90 impresoras, se han comprando tres proyectores con su correspondiente pantalla, nuevos servidores y licencias software y 123 tablets.

A pesar de que el Consejo de Gobierno autorizó en noviembre la firma del convenio con el Ejecutivo central para la transferencia de soluciones tecnológicas y su posterior modificación en febrero de 2018, aún no se ha podido proceder a su firma por parte del ministerio. Encarnación Vicente, culpa al Estado. Ha asegurado que «esta falta de corresponsabilidad se demuestra también en la falta de respuesta a las reiteradas peticiones planteadas para establecer un calendario conjunto de implantación».

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