Los expertos asturianos valoran positivamente las medidas disuasorias de imponer tasas impositivas para minimizar los efectos dañinos en el organismo
07 may 2018 . Actualizado a las 18:30 h.¿Los asturianos reducirían el consumo de alcohol si se incrementara el precio de las bebidas en función de la unidad de alcohol que contienen? ¿Disminuirían las tasas de mortalidad y criminalidad vinculadas al alcoholismo? Los estudios avalan que, generalmente, las medidas disuasorias de imponer tasas impositivas que repercutan en la economía doméstica suelen ser efectivas.
El primer paso lo acaba de dar Escocia. El país donde la bebida nacional de referencia es el whisky, contabilizó, hace apenas dos años, un total de 1.265 muertes relacionadas con el consumo de alcohol; unas cifras que, en una población cercana a los cinco millones de habitantes, dispararon las alarmas e hicieron plantear al gobierno la necesidad de buscar soluciones. Y en una iniciativa pionera en el mundo, ha aprobado la entrada en vigor este mes de una ley del año 2012 por la que se impone un precio mínimo para el alcohol, de tal forma que, por ejemplo, una botella de vino no podrá costar nunca menos de 5,70 euros, ni se pagará por una botella de whisky menos de 15,90 euros.
Ni menores, ni embarazadas
¿La iniciativa escocesa sería extrapolable a nuestro país? Los expertos consultados reconocen que España es uno de los países de la Unión Europea (UE) donde es más accesible la adquisición de alcohol, al contrario que en los países nórdicos, donde los precios son más elevados. Por ello, entienden que un encarecimiento de las bebidas con graduación alcohólica favorecería la disminución de su consumo y minimizaría los dañinos efectos que produce en el organismo.
José Ramón Hevia Fernández, jefe del Servicio de Promoción de la Salud y Participación de la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias, considera que en el tema del alcohol influyen múltiples factores y, por tanto, no se puede abordar desde un único prisma. «¿Qué es lo que hay que hacer? Los estudios que se van realizando, entre otros los de Peter Anderson, muestran bastante evidencia científica de que realmente funcionan las medidas disuasorias como la legislación sobre determinadas prohibiciones de alcohol, su restricción a menores de 18 años, a mujeres embarazadas, las relacionadas con la conducción, y en materia impositiva». Unas medidas que deben ir acompañadas de otras complementarias, como la continuidad en los programas de prevención en el sistema educativo.
«Por tomar unas cañas no somos alcohólicos»
Para que medidas como la de Escocia se implanten en Asturias se necesitaría voluntad política y en su calidad de técnico no entra a valorar si los políticos asturianos llegarían a un consenso para llevar adelante esta iniciativa. Como muestra, está la Ley 4/2015 de 6 de marzo de Atención Integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas que provocó un amplio debate en el Parlamento asturiano.
José Ramón Hevia opina que aumentar fuertemente los impuestos a las bebidas alcohólicas haría que disminuyera bastante el consumo «porque aumenta el precio», si bien no obvia que «probablemente con ese consumo también puede disminuir la recaudación que el Estado hace en el impuesto de las bebidas alcohólicas y entonces se lo pueden pensar tres veces. Pero está claro que hay evidencia científica que dice que funciona», ratifica.
El responsable del Servicio de Promoción de la Salud y Participación hace un hincapié especial en la relevancia que adquiere la prevención universal en el sistema educativo. Asegura que la problemática que rodea al alcohol es compleja porque se trata de un producto que es legal. «Con los años, se ha demostrado que su ilegalización producía muchos más efectos negativos que positivos. No hay más que acordarse de lo que ocurrió con la prohibición en Estados Unidos, lo que significó y las consecuencias que trajo. Estamos trabajando en un contexto de algo que está normalizado en nuestra sociedad, que gran parte de nuestra población practica con una cierta asiduidad, sin que le pase absolutamente nada ni le traiga consecuencias sobre su vida. Eso hay que tenerlo suficientemente claro. Que nos tomemos unas cañas todos los días del verano no significa ni que seamos alcohólicos, ni que nos vayan a tener que ingresar en una institución. Hay que partir de esa base», subraya.
«Educación, educación y más educación»
No obstante, pese a que el alcohol es una sustancia que está normalizada en nuestra sociedad y que «en cantidades muy pequeñas o moderadas no tiene por qué tener efectos importantes sobre la salud de las personas», José Ramón Hevia advierte que hay unas limitaciones que hay que tener muy claras. «Principalmente, está el grupo de los menores. Hay que intentar a toda costa que, por debajo de los 18 años, no se beba alcohol, porque el alcohol sobre el cerebro en maduración actúa de manera distinta al cerebro desarrollado y es más lesivo. Hay otros grupos de población, como las mujeres embarazadas o los grupos con mala tolerancia al alcohol por tener alguna enfermedad crónica, que tampoco pueden beber alcohol. Establecidos esos límites, con una sustancia que está normalizada y que lo que hay que conseguir es que las personas mantengan con ella una relación de normalidad y no adquieran hábitos patológicos lo que hay que hacer es educación, educación y más educación», incide.
José Ramón Hevia destaca el aumento de los impuestos y los controles aleatorios de circulación entre las medidas de carácter disuasorio que harían que los consumos de alcohol en grandes cantidades disminuyeran y, en el lado contrario, sitúa otras medidas más relacionadas con el tráfico como el conductor sobrio rotatorio que «han resultado menos efectivas».
La distancia mínima y los «toques de queda»
Otra medida importante que se adopta en los países nórdicos y que en España ya se está empezando a implantar es, según explica, la obligatoriedad de mantener una distancia mínima entre establecimientos de hostelería, de forma que no haya lugares de concentración de bares. «Es decir, que los locales estén más dispersos. En España se está haciendo en algunas comunidades autónomas donde no puedes abrir un local donde te da la gana, sino que tienes que cumplir la normativa básica. Parece que en los países nórdicos está funcionando bastante bien. En algunos países de Europa y en Islandia, por ejemplo, también se han planteado medidas más radicales como toques de queda para los menores, lo que implica que, a partir de cierta hora, tienen que irse a casa. Esta última medida no está evaluada, ni sabemos cuánto tiene realmente de efectivo y a mí, a bote pronto, me parece que aquí necesitaría un consenso social que no me parece que tenga», comenta.
«Disminuir la accesibilidad aumentando el precio supone siempre un descenso del consumo», afirma el psiquiatra Víctor Pedreira, que no tiene duda de la efectividad de la medida implantada en Escocia. «Cualquier tipo de limitación al acceso, sea física o económica, va a repercutir. Lógicamente esto debe combinarse con otras medidas educativas, de prevención y legislativas», explica. La apuesta del gobierno escocés es, a su juicio, «una medida muy valiente», ya que entran en juego los intereses económicos. «La cuestión es si deben prevalecer los intereses económicos o el social y de salud pública, y desgraciadamente la presión económica es muchas veces más fuerte», concluye.
«Emborracharse en España sale muy barato»
Antonio Rial, profesor de psicología y autor de numerosas investigaciones sobre el consumo de alcohol y otras drogas, añade una paradoja que se da con este tipo de bebidas, «la carga fiscal no tiene nada que ver con la del tabaco, que es mucho más elevada». Deberían equipararse al alza, recuerda, ya que todos los especialistas en prevención ambiental abogan «por regular la accesibilidad, el coste y la publicidad, que son factores fundamentales», explica. Rial piensa que una subida del precio del alcohol tendría efectos positivos tanto en menores como en adultos, «aquí existe una aceptación y evidentemente el alcohol debería ser más caro para limitar el acceso. Emborracharse en España sale muy muy barato».
La comisión mixta Congreso-Senado entregó hace unas semanas el informe Menores sin alcohol, para que el Ministerio de Sanidad tome nota de cara a elaborar una ley estatal que reduzca el consumo en los adolescentes, según informa Elisa Álvarez. Dentro de las medidas propuestas aparece la fiscalidad, pero no con propuestas contundentes. Sí se recomienda estudiar el modelo de países del entorno «para valorar su efectividad en lo que se refiere al incremento de precio de las bebidas con contenido alcohólico y su viabilidad de aplicación en el nuestro», así como revisar los impuestos para que se establezcan en función de la cantidad de alcohol puro de cada bebida. Los miembros de la comisión sugieren que las bebidas no alcohólicas sean más económicas para que los menores opten por ellas, y que parte de los impuestos sean finalistas, destinados al control de la oferta y a actividades preventivas.
