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Era una jornada de celebración del impulso tecnológico de la empresa asturiana, la presentación ante el presidente de Asturias del gran telescopio de rastreo sinóptico que construye el Centro de Producción de Asturfeito en Avilés, una suerte de gigantesca cámara fotográfica para rastrear los secretos del universo y que se instalará en Cerro Pachón, en Chile, el próximo año. Pero su intervención, el presidente de la compañía Belarmino Feito, también máximo dirigente de la patronal asturiana, terció en el debate sobre la oficialidad del asturiano, reclamando a los partidos que detallaran sus propuestas al respecto y sobre «los costes» y «aportaciones» que supondría para la comunidad en términos económicos, sobre si supondría retraer recursos para la administración. Y también hizo un comentario sobre si las «próximas instrucciones» de otro telescopio que fueran a construir «las tengamos que escribir en bable».

Esos comentarios han despertado una tormenta de reacciones. El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, las consideró «inoportunas, exageradas e improcedentes» y reclamó que la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) «se preocupe fundamentalmente del sector empresarial y de su futuro». El diputado cuestionó si las declaraciones de Feito representan también a un sector de los empresarios que «en Asturias realiza sus actividades en torno al asturiano y la cultura tradicional» además de señalar que el dirigente de la patronal no ha valorado «la importancia que tiene el asturiano para la marca Asturias».

Mucho más duras fueron las valoraciones de la Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) que, a través de un comunicado calificó las valoraciones de Feito de «ejemplo de autoodio». El colectivo consideró «lamentables» las palabras de la intervención del presidente de la patronal y las asimiló a las reproducidas décadas atrás por «la 'buena sociedad' de Asturias, con tres y cuatro apellidos» que se burlaba de las demandas de oficialidad del asturiano «esa lengua que hablaban los que les limpiaban a sus casas o trabajaban en sus fábricas».

LA XDLA señaló además que consideraba muy difícil de imaginar que declaraciones similares pudieran hacerse desde dirigentes de la patronal vasca, gallega o catalana --comunidades que ya cuentan con el reconocimiento de oficialidad de sus lenguas autóctonas-- y también que era inexplicable que salieran de alguien, como Feito, que presume de sus raíces somedanas. El colectivo en defensa de la llinguia añadió que «estas actitudes ya no son las que predominan en la sociedad asturiana» aunque sí consideran que siguen arraigadas en «sectores influyentes».

Por su parte, desde Podemos Asturies, su responsable de Derechos Llingüísticos, Lluis Miguel Orviz, se cuestionó si las palabras de Feito «son una broma, una amenaza o una entrada en política» y lamentó que usara un acto empresarial para hacer valoraciones de tipo político. En este sentido, Orviz señaló que el uso que vayan a hacer las compañías asturianas les corresponderá a cada una de ellas «pero la decisión de si el asturiano es oficial o no afortunadamente no compete a su empresa ni a la patronal».

Además aprovechó la ocasión para recordar a Feito en su condición de presidente de la FADE que «el informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que señala que más de 80.000 asturianas y asturianos están en situación de máxima vulnerabilidad ante el empleo, sin ninguna expectativa de mejorar en los próximos doce años, o el incumplimiento del convenio colectivo en muchos casos, quizás porque hay empresarios que no entienden bien el castellano, ante lo cual nos ofrecemos a hacerles llegar versiones en asturiano, si eso ayude a que lo cumplan mejor».

 

¿Cuánto costaría realmente la oficialidad?

Luis Ordóñez
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La ALLA apuesta por un modelo moderado que aproveche buena parte de los recursos disponibles y que no supera los 20 millones

A medida que avanza el debate sobre la posibilidad de aprobar la oficialidad de la lengua asturiana en una futura reforma del Estatuto de Autonomía, los partidarios y detractores de la medida esgrimen los argumentos que cimentan su posición en función de numerosos motivos y uno de ellos es la especulación sobre el coste que implicaría su aplicación. En distintos medios, algunos de ámbito nacional, se ha apuntado una horquilla de entre 20 y 73 millones de euros. La primera cifra corresponde a cálculos avanzados por diversos economistas y también la propuesta de la Academia de la Llingua (ALLA), la segunda surge de la plataforma contra la Oficialidad cuyos miembros coinciden con los de El Club de los Viernes que ha protagonizado la difusión de informaciones sesgadas al estilo de las últimamente renombradas «fake news».

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