Un langreana exige observadores internacionales en las exhumaciones del Valle de los Caídos
ASTURIAS
Trece familiares que promueven las excavaciones y la identificación de restos piden ayuda internacional
28 may 2018 . Actualizado a las 09:45 h.«Ante el alto riesgo de ocurrir violación de los derechos humanos en España, en las actuaciones llevadas a cabo en el interior de la cripta del Valle de los Caídos o sierra de Cuelgamuros, en representación de 13 firmantes que comparten que sus abuelos se encuentran en el interior del Valle, se ha procedido a pedir a Naciones Unidas la presencia de observadores internacionales y/o relator de Naciones Unidas, en lo referido a las actuaciones técnicas preliminares para establecer la viabilidad de acceso al piso tercero de la Cripta del Sepulcro de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos». Una de estas trece firmantes es María Isabel Luna Baragaño, una langreana que quiere recuperar los restos de su abuelo Aquilino Baragaño Montes, cuyos restos se encontrarían en una caja cercana a la de los aragoneses Manuel y Antonio Lapeña. «A mi abuelo lo queremos con nosotros», dice.
«No sé cuántas familias, cuantas denuncias, cuantas demandas o cuantas sentencias hacen falta para algo tan obvio como cerrar una herida sangrante. No estamos pidiendo ningún favor, sino que les dejen llorar en paz», aseguran los tres firmantes.
Los hechos que denuncian
Las familias recuerdan que el pasado 5 de abril de 2018, se les comunicó que los días 23 y 24 de abril de 2018 se retomarían los trabajos preliminares pendientes de realización en el cementerio del Valle de los Caídos, el paso previo necesario para la localización y exhumación de los restos allí enterrados. Sin embargo, finalmente los técnicos tan solo estuvieron la mañana del día 23 de abril de 2018 y, además, se impidió a las familias promotoras el acceso. Consideran aún más grave que Patrimonio Nacional impidiera el acceso del prestigioso antropólogo forense Francisco Etxeberría Gabilondo, tal y como habían solicitado. También recuerdan que el prior de la Abadía Benedictina que regenta el Valle de los Caídos, Santiago Cantera, había sido denunciado por un delito de desobediencia.
Ese 23 de abril Patrimonio Nacional publicó una nota de prensa en la que informaba que los trabajos programados para 48 horas, habían sido reducidos a una mañana. En referencia a la familia Lapeña, perteneciente al bando republicano, que había iniciado todo el proceso, se anunciaba la gran complejidad de identificación y exhumación de los restos cadavéricos. Las familias señala que no tienen ninguna prueba de que esto sea así. Además, critican que Patrimonio Nacional obviara en su nota cualquier mención a las dos familias pertenecientes al bando nacional.
Lamentan que Patrimonio Nacional anunciara la necesidad de nuevo proceso judicial, aún antes de conocer las conclusiones del equipo técnico, por posibles oposiciones de terceros. Las familias que ahora recurren a la ONU señalan que si se aplica dicha interpretación, «no sería posible exhumación alguna en el mundo, en una fosa en la que hubiera más de un cuerpo, e igualmente no sería posible la exhumación de quien hubiera sido fallecido o ejecutado sin descendencia que pudiera reclamarle».