Acuerdo total sobre la Ley de Transparencia tras una ardua negociación

Llamazares asegura que la norma será aprobada en un pleno del mes de septiembre. La Oficina Anticorrupción dependerá de la Consejería de Hacienda

León, Llamazares y Lastra
León, Llamazares y Lastra

Redacción

Los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado han alcanzado el consenso necesario para aprobar antes de fin de mes el dictamen sobre la Ley de Transparencia, que deberá recibir después el visto bueno del pleno de la Cámara en el periodo de sesiones que comenzará en septiembre. Según ha señalado el portavoz de IU y presidente de la ponencia encargada de elaborar el dictamen, Gaspar Llamazares, tras los avances logrados en las últimas reuniones, el próximo 21 de junio se podrá elaborar la exposición de motivos de la futura ley, cuyo contenido será votado en comisión una semana después. Llamazares ha incidido en que el resultado «aunque tardío», dado que el Gobierno ya trasladó a la Junta General su proyecto de ley la pasada legislatura sin que llegara a finalizar su tramitación, es «ambicioso» al regular, junto a las cuestiones relativas a la transparencia y el buen gobierno, el funcionamiento de los grupos de presión o articular nuevas medidas para luchar contra la corrupción.

El texto incorporará la Oficina Anticorrupción solicitada por Podemos se constituirá finalmente como un ente autónomo vinculado a la Consejería de Hacienda y no al Parlamento autonómico, «con independencia y sólo vinculada al Principado en el aspecto presupuestario y de personal», según ha señalado Llamazares. La posibilidad de que ese órgano dependiera de la Junta como se planteaba inicialmente fue descartada tras un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que indicaba que, de esa forma, la oficina no podría contar con personal dado que el Ministerio de Hacienda no permite aumentar la masa salarial del parlamento. Además, el funcionario que se sitúe al frente de la Oficina Anticorrupción será elegido en el marco del Consejo de Transparencia para evitar así que sea una designación directa del Gobierno.

El presidente del Principado, Javier Fernández, asumió durante el último debate sobre el Estado de la región su disposición a aceptar la puesta en marcha de esa organismo siempre y cuando tuviese «un buen anclaje legal» y un coste económico «razonable», que figuraba ya en el proyecto de presupuestos para 2018 rechazado por la Junta.

La futura ley regulará además la denuncia anónima, también exigida por Podemos, que contará con una regulación adaptada al marco de la futura legislación estatal sobre esta materia que se debate en el Congreso y promoverá la protección del denunciante. En cuanto a la relación entre la administración con los grupos de presión, la futura ley les obligará a inscribirse en un registro y exigirá además que los cargos públicos declaren los encuentros que mantengan con éstos y el resultado de sus reuniones fijando además un régimen de sanciones para quien lo incumpla. Asimismo, prevé la implantación de un sistema de 'cuentas abiertas' en el Principado, que permitirá un control mensual sobre las cuentas bancarias de la administración autonómica, una cuestión sobre la que el PSOE había mostrado sus dudas dado que podría generar una invasión de competencias de otras entidades, chocaría con la Ley de protección de datos y generaría un importante gasto.

La ley será de obligado cumplimiento no sólo para el Gobierno autonómico sino también para las entidades locales, los organismos y entes públicos dependientes de ambas administraciones, la Universidad de Oviedo, las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio o colegios profesionales, por ejemplo), y las sociedades con mayoría de capital del Principado o ayuntamientos. Las entidades locales, las fundaciones y entes del sector público, las asociaciones de administraciones públicas, la Junta General del Principado, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo también estarán sujetas a esta normativa.

En lo que se refiere a la publicidad activa sus directrices también se aplicarán a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico y a entidades privadas que perciban subvenciones en una cuantía superior a 30.000 euros. Entre los datos sujetos a publicación figuran los gastos de representación y protocolarios, los contratos menores de mas de 1.500 euros, loas acuerdos del Consejo de Gobierno y las agendas institucionales de los titulares de órganos directivos del sector público y también de los órganos de asesoramiento y apoyo.

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