La ministra Maroto reconoce que hay que buscar alternativas al caos normativo. Asturias es de las pocas regiones que no marca estancia máxima y que prohibe la residencia fija
20 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Si Pedro Sánchez cumple su intención de agotar el mandato, el Gobierno central tendrá tiempo a meter mano al descontrol normativo existente en un negocio tan nuevo como polémico: los alquileres turísticos. Hay 17 normativas en vigor. Una por comunidad autónoma. Cada una con sus peculiaridades. Aunque es competencia de los gobiernos regionales, el actual Ejecutivo del PSOE es consciente de los problemas que se avecinan y ya piensa cómo arreglarlos. La ministra del ramo Reyes Maroto ha reconocido que existe «un batiburrillo de decretos» y que su intención inmediata es «establecer, al menos, unas reglas de juego». Asturias tiene en vigor, desde agosto de 2016, su propia legislación. Es una de las pocas que no marca estancia máxima y que no permite compatibilizar el alquiler turístico con la residencia estable.
La intención del Gobierno ha salido a la luz esta misma semana en la inauguración de un curso de economía organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Reyes Maroto respondió a multitud de cuestiones abiertas en torno a su cartera en Industria y Comercio. También se abordó la situación del turismo español. El alquiler turístico es uno de los asuntos que más preocupa en este momento al sector, así que la cuestión fue inevitable. La ministra reconoce que quiere hacer algo, pero siempre de acuerdo con las comunidades y respetando sus competencia. Su idea pasa, más bien, por coordinar y consensuar un marco mínimo que luego cada decreto regional podrá ampliar.
El decreto asturiano
¿Qué tiene que coordinar? Existen en la actualidad 17 decretos. Las regiones han ido poco a poco legislando este fenómeno que ha crecido como un reguero de pólvora, sobre todo, en las ciudades y en los grandes destinos turísticos. La legislación asturiana es del verano de 2016. El Ejecutivo que presidente Javier Fernández sostuvo durante meses que estaba a la espera de una regulación nacional para hacer la suya. No parecía tener mucho sentido aprobar una normativa asturiana que luego tuviera que adaptarse. Pero como el ministerio no movió ficha, el Principado completó su tarea. Entró en vigor a finales de agosto pero ofreció una moratoria de tres meses para la adaptación de todos aquellos propietarios que ya estaban en plataforma online.
Los últimos datos oficiales compartidos por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo reflejan que durante el primer año largo de vigencia real, es decir, de agosto de 2016 a octubre de 2017, el Principado había abierto 159 expedientes sancionadores por el incumplimiento del decreto. 52 fueron a establecimientos que no se habían inscrito en el registro oficial y los 107 restantes a plataformas de comercialización a través de internet que ofrecían viviendas que no cumplían este requisito. Los expedientes se abrieron tras revisar 707 anuncios en once páginas web donde se verificó que 412 de las viviendas que ofertaban no estaban inscritas y 295 sí. Los servicios de inspección visitaron, además, 173 viviendas de uso turístico se alquilan integras y no pueden ser pisos.
La comparativa
Cada una de las 17 normativas tiene sus peculiaridades. La asturiana, también. La revista especializada en turismo Hosteltur ha publicado en su revista mensual en papel un detallado informe en el que trata de compararlas. Toma diez apartados de referencia y los compara. Solo hay unanimidad en dos y por los pelos. Todas las comunidades exigen una comunicación responsable y la inscripción en un registro. Ninguno, en cambio, ha fijado una estancia mínima. En este caso, la unanimidad es por sentencia judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó ese artículo del decreto de su comunidad que pretendía establecerlo. Hay menos unanimidad con la estancia máxima. Ocho las han incluido y otras nueve, entre ellas Asturias, no. Pero hay casi pleno en no establecer un límite de plazas por territorio. Esa es una medida que solo ha legislado Baleares. Algo similar ocurre con la obligación de mostrar una placa distintiva. Solo tres se ahorran la enseñan: Andalucía, Cataluña y La Rioja.
Asturias prohíbe alquilar por habitaciones, algo que se ofrece habitualmente en plataformas modelo del sector como AirB&B. La misma política que el Principado en este terreno la han seguido la gran mayoría. Solo hay siete que ha autorizado este sistema de pisos turísticos. Asturias, que fue una de las pioneras en la regulación, también decidió que no se podía destinar al alquiler vacacional viviendas que fuesen consideradas vivienda permanente. Ambos conceptos los considera incompatibles. Solo han seguido el ejemplo del Principado Madrid y La Rioja. El resto sí lo compatibiliza.
Ni siquiera todas las regiones establecen sanciones por el incumplimiento del propio decreto. La normativa asturiana si lo recoge y otras once también pero ni Canarias, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Extremadura lo consideraron imprescindible. Lo mismo que el Principado no hace referencia a la posibilidad de prohibir la actividad en estatutos y tampoco exige que el número de registro aparezca en la publicidad.
Con este panorama, el Gobierno central va a tener mucho trabajo por delante para poner de acuerdo a las comunidades. No en todas las regiones el alquiler turístico es un problema y no existe unanimidad sobre cómo abordar el fenómeno. De hecho, el fenómeno es tan nuevo que pocos se atreven a vaticinar su futuro. De momento, los empresarios asturianos ya se quejan. Aseguran que está mermando el negocio y seguirá haciéndolo. Sobre todo, en ciudades con mayor tradición turística, como Gijón, pero también en Oviedo. Los alojamientos rurales asisten como testigos a una corriente que les puede llegar a afectar.
