Asturias deja en blanco la agenda 2030 de la ONU

El Principado es una de las tres comunidades que aún no han aportado datos de sus políticas sobre pobreza y medio ambiente a la evaluación nacional solicitada por el Gobierno. España suspendió un reciente examen internacional y afronta otro esta semana


España suspende en la implantación de la Agenda 2030 de la ONU y Asturias hace poco por ayudar a mejorar la calificación del país. Un reciente informe de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN), en la que participan tanto la organización internacional como la Fundación Bertelsmann, señala que el país no cumple ni uno uso solo de los 17 objetivos para erradicar la pobreza, honrar los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Las Naciones Unidas los aprobaron en septiembre del 2016 y esperan que todos los países del mundo adapten sus políticas y sus presupuestos para que el planeta entero trabaje por ellos a finales de la próxima década. El nuevo Gobierno español tiene en marcha su propia evaluación del desarrollo del proceso y ha solicitado información a organismos públicos y privados para llevarla a cabo. Debe exponerla esta semana ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU. El documento que ya circula, fechado el pasado 15 de junio, es solo un borrador al que ha tenido acceso La Voz de Asturias, pero han contribuido a él con balances de sus iniciativas todas las comunidades autónomas excepto tres. Aún se espera por ellas, pero de momento están en blanco. Son Asturias, Canarias y Madrid.

Aunque el documento que ultima el gabinete de Pedro Sánchez apunta que el Principado se ha comprometido a enviar el resumen de sus iniciativas y que está pendiente de recepción, algunas ONG asturianas miran con recelo la actitud del Ejecutivo regional. Fuentes del sector llevan meses quejándose de la escasa actividad de la Consejería de Presidencia, que asume el desarrollo de esas políticas a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, de su silencio y de la falta de información a las entidades que trabajan desde la comunidad autónoma. El reciente relevo en la Agencia tras la marcha de su anterior responsable, Gimena Llamedo, a la Delegación del Gobierno no ayuda a acelerar los trabajos ni a sacar adelante los proyectos pendientes. El nuevo director, Francisco Villaverde, aún está aterrizando. Recibió su nombramiento hace apenas diez días.

El espacio en blanco de Asturias contrasta con los planes detallados que han remitido comunidades como Andalucía y Aragón, que ya han aprobado sus propias estrategias hasta el 2030, las enumeraciones de los trabajos para implantarlas que hacen la Comunidad Valenciana y Castilla y León o el repaso a la situación objetivo por objetivo enviado por Baleares. El Gobierno también quiere involucrar a los ayuntamientos en la implantación de una agenda nacional, pero en ese caso no ha solicitado informes detallados a ningún municipio individual, sino que canaliza todas las acciones y los comunicados a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Todo suspensos

El problema para España es que, casi tres años después de la aprobación de la agenda, a la que se han sumado 193 países, la evaluación de la SDSN ha puesto de manifiesto que, hasta ahora, no solo logra un suspenso global en sus políticas públicas, sino que tampoco aprueba en ninguno de los 17 objetivos individuales que la ONU considera imprescindible para conseguir un mundo con menos pobreza, precariedad, guerras, hambrunas, migraciones forzadas y violencia contra las mujeres y la infancia. Es cierto que ningún país del mundo logra el aprobado y que aún queda más de una década por delante para cumplirlos, pero el puesto 25 que ocupa España en la clasificación le da una salida retrasada. Los países escandinavos ocupan las primeras posiciones.

Mientras tanto, las organizaciones, redes y entidades agrupadas en Futuro en Común, una de las grandes plataformas de ONG de España, pidieron la semana pasada que elabore la estrategia con la vista puesta en la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Una garantía de ingresos mínimos, enriquecidos por aportaciones para la crianza de niños, y el refuerzo de la políticas universales y garantistas en sanidad, educación y vivienda encabezan la lista de sus reivindicaciones, que incluyen también, entre otras, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la de Extranjería, la aprobación de una norma para la transición energética y reformas laborales y fiscales para mejorar los recursos públicos.

Los 17 objetivos para alcanzar dentro del primer tercio del siglo son: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y renovable, trabajo digno y crecimiento económico, innovación, reducción de las desigualdades, ciudades y pueblos sostenibles, consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida terrestre, paz y justicia, y alianzas internacionales. Se concretan en 169 metas que los estados firmantes se comprometen a alcanzar. Futuro en Común señala que cada signatario tiene una responsabilidad diferenciada según el nivel de riqueza y desarrollo del que parte.

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