Al sacrificio de lobos le sigue un aumento en los ataques al ganado

Un estudio, que analiza datos en Asturias de 2003 a 2009, relaciona los daños con la intensidad de los controles de población en el año anterior

Lobo abatido.Lobo abatido
Lobo abatido

Son varios los estudios científicos que confirman que el sacrificio de lobos no solo promueve el furtivismo, sino que también aumenta los daños en la cabaña ganadera en los años siguientes y uno de ellos es el que realizaron investigadores asturianos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Oviedo, que se publicó en 2016, sobre cómo se gestionó en Asturias el conflicto con los lobos analizando datos de 2003 a 2009. 

Una de las principales conclusiones de esta investigación es que el sacrificio legal de lobos fue seguido de un aumento en los daños compensados, fracasando por tanto en el objetivo de reducirlos pese a que los dos planes de gestión del lobo que se han puesto en marcha en Asturias tengan como objetivo mitigar la depredación en el ganado y de un conflicto social del que los investigadores no encontraron más referencias que las reflejadas en los medios de comunicación. 

El estudio, en el que también se incluía al oso pardo cantábrico, analiza la relación de datos como las estimaciones de población de lobos, las cabezas de ganado, el número de lobos sacrificados o las indemnizaciones pagadas por los daños con las denuncias de depredaciones del lobo en la cabaña ganadera asturiana, evaluando la eficacia de los controles de población para reducir esos ataques. Así, en ese periodo se calculaban 30 manadas de lobos en Asturias, la única región que al menos entonces pagaba por los daños causados por osos y lobos como parte de los planes de recuperación y gestión, respectivamente, y la única también que disponía de datos sobre los daños que provocan ambas especies. En el caso del lobo, el ganado afectado no llegaba ni al 1% de toda la cabaña. 

Pesan más los factores sociales que los científicos

Los investigadores concluyeron que los factores sociales, con una percepción pública de riesgo impulsada por una «cobertura mediática desequilibrada en relación al alcance real de los daños», pesaban más que los ecológicos o científicos en las acciones de gestión de la especie y que los daños al ganado estaban relacionados con la intensidad del sacrificio de lobos en el año anterior. Una conclusión, esta última, a la que en todo caso ya había llegado otro estudio realizado en Estados Unidos poco antes con osos negros, pumas y también lobos, debido al efecto fuente-sumidero y a la desorganización social que provocan los controles de población y/o la caza. 

Aún así, en los últimos años, las cantidades por los daños compensados están bajando desde 2014, cuando supusieron un millón de euros y 8.675 euros. En 2015, fueron 994.460 euros y, en 2016, 833.856 euros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las quejas de los ganaderos, que todavía recientemente aseguraban que los pagos por los daños suelen ser tardíos e incluso en algunos casos se retrasan «a veces años después del ataque».

La investigación realizada en Asturias también refleja que el 85% de las reclamaciones de daños causados por osos y lobos fueron compensadas pero, aún así, el conflicto no aminoró. Por ello, se instaba a implementar mejores prácticas de manejo del ganado en lugar de controles de población del lobo, que según los investigadores no estaban justificados al alterar el papel de este animal en los ecosistemas. 

En todo caso, la entrada en vigor del segundo Plan de Gestión del Lobo en 2015, que motivó junto con varias muertes de lobos tres denuncias de colectivos ecologistas, era este año refrendada por la Fiscalía de Asturias al archivar las diligencias de investigación de esas quejas. Para fundamentar el archivo de los hechos denunciados en los que no vio indicios de delito, el fiscal de Medio Ambiente realizó un exhaustivo repaso a la situación legal del lobo a través de las normativas asturiana, española y europea, aunque reconocía -como viene haciendo la Fiscalía en sus memorias anuales- que la Administración del Principado «juega a la ambigüedad» al tratar la regulación de la especie, «pues no realiza un posicionamiento claro y terminante sobre cuál es la protección que desea atribuirle, prefiriendo no obstante una determinación genérica» y considerando también que «puede ser, desde un punto de vista ejecutivo, no la más acertada».

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