El Principado remitirá copia a la Audiencia Nacional
06 sep 2018 . Actualizado a las 16:51 h.Las 14 comunidades autónomas que tienen afectados por el fraude de iDental han acordado este jueves un protocolo de actuación con el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, por el que facilitarán a los pacientes copia de los historiales médicos que tenían en estas clínicas dentales low cost y remitirán copia digitalizada al Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga la causa.
Es la principal conclusión de una reunión que han mantenido representantes de las áreas de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de todas las comunidades a excepción de La Rioja, Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla, para aunar esfuerzos de coordinación de cara a la investigación de esta macro causa, que ha dejado cientos de miles de afectados -en torno a 400.000 según las primeras estimaciones-- por todo el país.
En concreto, según han ido explicando a los medios al término de la reunión los representantes de distintas comunidades autónomas asistentes, en Andalucía la cifra de afectados ronda los 90.000, que serían 42.000 en Cataluña, 200.000 en la Comunidad Valenciana y 12.000 en Aragón. No obstante, son cifras globales de pacientes de iDental en estos territorios, la magnitud real del problema verá la luz cuando se procesen todos estos historiales médicos.
Se trata de la primera reunión de estas características que se celebra en la Audiencia Nacional, algo que han destacado los asistentes, y obedece a la complejidad y la magnitud de esta causa para la que ya hay abiertas 200 piezas con diligencias de investigación en distintas provincias, piezas que podrían llegar a superar el millar.
La Audiencia Nacional inició la instrucción sobre iDental el pasado 26 de julio a raíz de una denuncia presentada por afectados en Andalucía y ordenó un día después una operación policial con registros en 17 clínicas de 8 comunidades autónomas en los que se incautó información societaria e historiales de pacientes. De la Mata investiga al grupo empresarial por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Esta clínica low cost se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía con ellos un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuáles percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, «los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos».