La declaración firmada por seis comunidades que integran al 55 % de los municipios exige al Gobierno un reparto fiscal justo y fondos europeos para el reto demográfico
12 sep 2018 . Actualizado a las 09:58 h.Cuatro hojas resumidas en una idea: ofrecer servicios públicos allí donde hay menos ciudadanos, casi siempre más envejecidos y dispersos geográficamente, es sensiblemente más caro. Por lo tanto, esos territorios precisan correcciones para cumplir con los principios solidarios y de igualdad en el reparto fiscal, que depende del Estado. A esta máxima se han aferrado las seis comunidades -Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja- que han firmado una declaración en Zaragoza con la que pretenden mover los marcos de un modelo que, pasados nueve años de la reforma de Zapatero, no convence ni a la España vacía ni al eje mediterráneo, Cataluña aparte.
El peso del grupo
Territorio y política. Las seis comunidades interpelan al Gobierno con la autoridad de representar a un 52 % del territorio español y a un 55 % de los municipios, 4.463. Su debilidad es que solo acogen a un 21 % de los ciudadanos. En el plano político muestra otra fortaleza: de las seis comunidades, tres están gobernadas por el PP y otras tres por el PSOE. Sus mayores resistencias a nivel orgánico serían Madrid, en manos de los populares, y Andalucía y la Comunidad Valenciana, que controlan los socialistas. Las tres suman 20 millones de habitantes.
Relevancia de las seis CC.AA.
La mayoría cuenta. Aunque protocolariamente las seis comunidades se presentan como una piña, en los actos celebrados en el último año para abordar este problema común el protagonismo ha recaído en el presidente gallego, el único con mayoría absoluta y el que cuenta con mayor influencia en su partido. De Galicia partió la propuesta de incluir en la última declaración la exigencia al Gobierno de la liquidación total del IVA del 2017, que se ejecutará tan solo sobre once meses, generando un gran agujero en las arcas autonómicas. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha ganado peso en el grupo tras incorporarse a las dos últimas cumbres y por ser el anfitrión de la última, ya con Sánchez en el poder.
¿Qué piden al gobierno?
Urgencia y equilibrio. Salvo la liquidación del IVA, los seis presidentes no le piden al nuevo jefe del Ejecutivo nada que no hayan reclamado antes a Mariano Rajoy. Quieren que de forma «perentoria y prioritaria» se avance en el Consejo de Política Fiscal hacia un modelo multilateral, superando los privilegios de Cataluña. Como principios básicos, exigen la máxima igualdad entre comunidades para ofrecer servicios públicos independientemente de su capacidad para generar ingresos tributarios; un sistema de nivelación total con un catálogo de servicios cuyo respaldo esté garantizado por los recursos que reparte el Estado; una cláusula para impedir que ninguna comunidad empeore su posición financiera respecto a otras como consecuencia de la reforma; y atender al gasto real, teniendo en cuenta variables como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la tasa de natalidad o el envejecimiento de la población.
LO que más preocupa
Dependencia y sanidad. Las comunidades quieren que la ley de dependencia se evalúe de forma diferenciada y que responda a la demanda real. Y preocupa especialmente el déficit en financiación del gasto sanitario, por ello reclaman ajustes de cálculo sobre grupos de edad, creando nuevos tramos de asignación económica a partir de los 65 años, teniendo en cuenta a los mayores de 85.
REcaudación homogénea
No a la competencia. Otro aspecto que pretenden impulsar es una base común de la regulación de los tributos cedidos, como sucede con el IRPF, esto es, que todas las comunidades tengan un sistema de recaudación homogénea evitando situaciones de competencia desleal al renunciar a determinados impuestos, sobre todo los que inciden en la fijación del domicilio fisca
la vía europea
Dinero y sensibilidad. Los presidentes quieren que el Gobierno de España presione en Bruselas para que el reto demográfico gane peso en la política de cohesión de la UE a partir del 2020 y que se convierta en un eje prioritario de la política del Comité Europeo de las Regiones. Y lo suscriben conscientes de que en el avance del marco financiero presentado el pasado mes de mayo no se tienen en consideración las múltiples resoluciones de instituciones comunitarias alertando del grave desajuste que está generando la despoblación. Las comunidades advierten que limitar los criterios de financiación al PIB per cápita es insuficiente, y proponen métodos de asignación de fondos que tengan en cuenta la evolución de la población y la emigración.
Acusan a Sánchez de premiar a las comunidades «independentistas»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que defenderá un sistema de financiación autonómica que sea «justo» con las autonomías que sufren despoblación, dispersión y envejecimiento, lo que les exige pagar servicios más costosos para atender a las personas. Mientras no se renueve el sistema, ha dicho, el Ejecutivo buscará mejorar «las finanzas de todas las regiones».
Sánchez ha vuelto al pleno del Senado para afrontar una sesión de control al Gobierno y ha empezado por contestar una pregunta de Foro Asturias. La senadora de este partido, Rosa María Domínguez de Posada, ha acusado al Ejecutivo de no reformar el sistema de financiación y de «premiar» a unas autonomías frente a otras, especialmente, ha dicho, «a las comunidades independentistas».