Por qué las viviendas vacías no arreglarán los problemas del alquiler en Asturias

El INE cuenta más de 82.500 casas y pisos vacíos en la región, pero buena parte están en ruinas o lejos de las ciudades. Los expertos dudan del plan del Gobierno para gravar los inmuebles sin uso

Viviendas vacías en Langreo
Viviendas vacías en Langreo

Redacción

El plan del Gobierno central para estimular la entrada en el mercado del alquiler de viviendas que ahora permanecen vacías apunta a más 82.500 propiedades desocupadas en Asturias. El informe interno del Ministerio de Fomento que circuló el mes pasado, pocos días después de la reunión con la que el presidente Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, subrayaron el inicio del curso político, se centra en proponer nuevos impuestos sobre esos pisos para que a sus propietarios les salga más rentable ponerlos en renta que asumir la nueva fiscalidad. Los expertos de las empresas inmobiliarias, así como fuentes oficiales consultadas por La Voz de Asturias, ponen en duda, sin embargo, la eficacia de una medida que no discrimina ni la situación geográfica de las viviendas ni su estado de conservación, por lo que no garantiza el aumento de la oferta allí donde más se necesita: en los barrios de las ciudades donde escasea el espacio y se disparan los precios.

Los datos oficiales, para empezar, no son precisos. Proceden del censo que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) una vez por década. El más reciente se elaboró con datos del año 2011 y su actualización no corresponde hasta el 2021. Según esos datos, aproximadamente una de cada siete viviendas, un 13,5% del total de las cerca de 600.000 disponibles, están vacías en Asturias. Esa cifra, sin embargo, debe analizarse con precaución, porque necesita matizaciones. Los expertos en el sector inmobiliario, ya trabajen para el sector privado o para las administraciones públicas, alertan de que muchas de esos 82.500 hogares potenciales no pueden aprovecharse en la práctica.    

En malas condiciones

Algunas de esas viviendas, sencillamente, ya no son habitables. Están en ruina o van incluidas en herencias por las que nadie se ha preocupado en años. Incluso cuando las viviendas sí están en condiciones de recibir inquilino de inmediato, surge otro problema. Muchas de ellas no se encuentran en el centro o en los barrios de Oviedo, Gijón y Avilés, donde la demanda es real, sino dispersas por villas y pueblos de toda la comunidad autónoma y, en ocasiones, situadas a gran distancia del área central. Su disponibilidad solucionaría pocos problemas.

La difusión de los preparativos del Gobierno, desarrollados en un documento interno redactado por la Secretaría de Estado de Vivienda, han coincidido en el tiempo con la celebración del Foro Inmobiliario, un desayuno acompañado por un debate sobre el estado del sector organizado por la agencia de noticias Europa Press. En él, los representantes de las principales agencias de alquiler del país se pronunciaron en contra de los planes del Ejecutivo y expresaron su temor de que resulten contraproducentes y acaben por inducir un encarecimiento de los alquileres si los propietarios trasladan a los inquilinos las nuevas cargas fiscales. Fomento, en todo caos, ha precisado que no habrá impuestos ni para las segundas residencias ni para las casas recibidas por herencia.

Entre particulares

Las grandes ciudades necesitan casas y, a pesar de las críticas a los manejos de los fondos de inversión y de las sociedades que acaparan pisos, su peso en el mercado aún es mínimo. El 96% de los pisos en alquiler en España pertenece a particulares. Los problemas de ese parque destinado a rentas son otros. Muchas de esa propiedades tienen una salida difícil incluso en una época de gran demanda. «El grueso de esas viviendas no se encuentran en zonas donde la gente busca vivir», apuntó la directora de estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, en el encuentro organizado por Europa Press.

Fernando Encinar, uno de los fundadores de Idealista, añadió que de los supuestos 3,2 millones de pisos y casas vacíos que el INE cuenta en toda España, apenas la cuarta parte, después de una reforma, cumpliría los requisitos para interesar a alguien: dos de cada tres se encuentran en municipios de menos de 50.000 habitantes y una tercera parte son inmuebles antiguos, construidos antes de 1960 y muy envejecidos en un momento en que los milenials se acercan a la edad de comprar o alquilar por primera vez en su vida. Con ellos se espera un vuelco del mercado para adaptarse a las expectativas de un nuevo grupo de consumidores que esperan residir en viviendas inteligentes y con una eficiencia energética que no podía ni soñarse hace más de medio siglo.

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