UCE señala que la media a reclamar a los bancos se situaría en unos 3.500 euros
18 oct 2018 . Actualizado a las 22:35 h.Unas 80.000 familias asturianas podrán reclamar el impuesto sobre actos jurídicos documentados tras cambiar de doctrina el Tribunal Supremo y fijar que debe ser el banco, y no el cliente, el que debe abonarlo a la hora de firmar una hipoteca.
Según cálculos de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, con esta sentencia, las familias que hayan suscrito una hipoteca media de 140.000 euros podrían reclamar unos 1.600 euros. A esa cantidad, según esta organización, habría que añadir los gastos de notario, registro, tasación, gestoría y comisión de apertura con lo que, en total, la media a reclamar a los bancos se situaría en unos 3.500 euros.
En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública. De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.
El fallo responde al recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de junio de 2017, y anula un artículo del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
