Avilés acogerá esta tarde una manifestación contra el cierre de la fábrica mientras los presidentes de Asturias y Galicia se reúnen con los ministerios en Madrid
08 nov 2018 . Actualizado a las 16:25 h.El doble frente, en la calle y las instituciones, para hacer frente a la decisión de Alcoa de cerrar sus factorías en Avilés y A Coruña, se hará visible en la jornada de este jueves por la tarde en la ciudad asturiana (con una manifestación que arrancará a las 19:00 horas de la plaza del Vaticano) y en Madrid, donde se celebrará el postergado encuentro entre las responsables de los ministerios de Industria y Transicición Energética con los presidentes de Asturias y Galicia, Javier Fernández y Alberto Núñez Feijoo que esperan lograr del Ejecutivo el compromiso de un marco estable en la regulación del precio del suministro para la industria electrointensiva mientras se despeja la posibilidad de que fragüe que una tercera compañía se haga con la gestión de las factorías que quiere clausurar la multinacional.
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín apeló ayer a la coordinación institucional como una de las mayores fortalezas para exigir a Alcoa que revierta el cierre anunciado para dos de sus plantas y que retire el expediente de extinción de empleo para 686 trabajadores, según recogió EFE. Su presencia en esta reunión impedirá a Monteserín participar en la manifestación en las calles de Avilés.
«Lo lamento profundamente, pero entiendo que es en esta reunión en la que debo estar para trasladar al Gobierno de España con toda contundencia que necesitamos coordinarnos y sumar para exigir a Alcoa que revierta su decisión de cierre y retire el ERE», ha subrayado la regidora local, que añadió que «no debemos confundirnos ni dejarnos engañar: la decisión de cierre por parte de Alcoa se debe a otros motivos, el precio de la energía es una excusa».
Reyes Maroto (en Industria) y Teresa Ribera (en Transición Energética) serán las anfitronas que recibirán por la tarde a los presidentes de la Xunta y del Principado de Asturias junto a representantes de cada administración así como de los ayuntamientos afectados por el anuncio de Alcoa, una clausura que afecta entre Asturias y Galicia a 686 trabajadores. La ministra de Industria aseguró ayer que era «optimista» respecto al futuro de las fábricas de Alcoa y que el encuentro de mañana servirá para fijar una unidad de acción que permita pedir a la empresa responsabilidades.
Maroto confía en que tanto la empresa, como los sindicatos y la administración pública, puedan trabajan juntos para que se mantenga la unidad productiva y el empleo y, en caso de no lograr una salida, seguir a la búsqueda de un inversor. La semana pasada, en las negociaciones se sembró la discordia la sugerirse que habría una solución de adquisición más sencilla para una de las dos fábricas solamente; posibilidad que fue rechazada por los trabajadores que exigieron un acuerdo conjunto para ambas sedes.
Javier Fernández y Feijoo acordaron coordinar su estrategia en la jornada en la que se celebró la entrega de los últimos premios Princesa de Asturias; allí tuvieron duras palabras para forma en la que la multinacional dio a conocer su decisión, de forma unilateral y reclamaron la importancia de que el Gobierno central fije unas normas estables que permitan a al industria del noroeste ser competitiva. Ambos advirtieron además del peligro de que se iniciara un efecto dominó que llevara a nuevas deslocalizaciones. En principio el encuentro con las ministras estaba programado para la semana anterior pero la agenda de Feijoo obligó a posponerlo a este jueves.
Aún en la víspera de la cita en Madrid, el presidente gallego insistió en que «sin unos precios mínimos garantizados todas las empresas electrointensivas tienen muchas coartadas para decir que no es rentable y no seguir trabajando». Por su parte, el consejero de Empleo del Principado, Isaac Pola, destacó que algunas compañías han mostrado interés por las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña, aunque ha subrayado que el objetivo es evitar el cierre de las plantas anunciado por la multinacional estadounidense.
Los miembros del comité de empresa de Alcoa Avilés presentaron ayer ante el Ministerio de Trabajo alegaciones al expediente de extinción de empleo presentado por la compañía, al entender que incumple la normativa legal al respecto. El pasado 31 de octubre, el grupo, dedicado a la producción de aluminio, inició el periodo de consultas del despido colectivo, que se extenderá durante 30 días, y animó a los representantes sindicales a poner en marcha una comisión de trabajadores.
Alcoa justificó el cierre de ambas plantas en los problemas estructurales productivos y tecnológicos, su menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y los elevados costes fijos, unido a la sobrecapacidad de producción de China, el elevado precio de las materias primas, el coste de la energía y las pérdidas «significativas» registradas en los últimos dos años, que previsiblemente continuarán.
La compañía ha subrayado su intención de trabajar para reducir el impacto de este proceso en los empleados y negociar un plan social con los sindicatos que permita alcanzar el «mejor» acuerdo para las partes.
