Los gobiernos de PP y PSOE han pactado con el PNV una rebaja singular que permite a compañías vascas ahorrar alrededor de 100 millones de euros
01 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La industria asturiana representa alrededor de la cuarta parte del Producto Interior Bruto de la comunidad. Es su enorme peso en la economía (y consecuentemente en el empleo) regional por lo que ha sido protagonista, aunque sea de forma indirecta, de numerosos debates enconados en el ámbito político que ha acrecentado las tensiones entre el Principado y el Ejecutivo central, independientemente de su color político. Pasan por ella tanto las reformas que se hagan en el proceso de Transición Energética y de descarbonización como aspectos sobre infraestructuras, ya que el diseño final de la largamente demorada variante de Pajares resulta crucial para el tráfico de mercancías.
El reciente anuncio de Alcoa de que cerrará sus plantas de Avilés y A Coruña disparó todas las alarmas porque, a pesar de las razones aducidas por la empresa para justificar la clausura (señalando a las factorías como obsoletas y apuntando al precio de la materia prima), la cuestión del suministro eléctrico a un precio competitivo resulta crucial para buena parte de las grandes compañías que forma el tejido industrial asturiano y tanto en el ámbito político como entre los agentes sociales se ha manifestado el temor a que la multinacional del aluminio dispare un efecto dominó si desde el Gobierno central, que tiene las competencias, no se encuentra una solución para ofrecer un precio asequible a la industria electrointensiva, es decir la gran consumidora de energía (sólo en el caso de Alcoa, la electricidad es el 40% de los costes). Y el caso es que las tarifas no sólo no son iguales para las grandes compañías y los consumidores particulares, es que ni siquiera son iguales para las empresas en función de dónde se ubiquen: el País Vasco cuenta con un peaje eléctrico más barato, una «euskotarifa» que ha sido largamente demanda también para el Principado pero, hasta ahora al menos, sin ningún éxito.
¿Por qué? De forma más reciente, la rebaja singular para País Vasco y Navarra se consolidó en el acuerdo de Pedro Sánchez con el PNV para que respaldara la moción de censura con la que desalojó a Rajoy de la Presidencia del Gobierno, pero no se trata de una medida tejida entre socialistas y nacionalistas vascos sino que ya estaba incluida en los presupuestos pactados con el PP. El PNV se limitó a asegurarse de que ese acuerdo también sería respetado. Y no se trata de un pacto pequeño, en términos globales se estima que las industrias vascas, singularmente de siderurgia, lograrán un ahorro de unos 100 millones de euros anuales. La compañía más beneficiada es Iberdrola, precisamente la misma que destapó la caja de los truenos en Asturias al anunciar el año paso su intención de cerrar de forma anticipada las centrales térmicas.
La rebaja del peaje se concreta en un asunto no sencillo de comprender. En realidad, el decreto ley del Gobierno estable un cambio en lo que se considera umbral de alta tensión, que pasa de 36 a 30 kV. De este modo, como las tarifas de alta (que van de 36 a 220 kV) son inferiores que las de media tensión (entre 1 y 36 kV) y que el voltaje de la red de Iberdrola en el País Vasco es de 33 kV, esta tendrá ahora la consideración de alta tensión y, por tanto, su tarifa baja. Iberdrola quieren desprenderse además lo antes posible de sus inversiones en energía que tenga origen en la quema de carbón para centrarse en el gas natural. Y todo acompaña. Junto al peaje singular para el País Vasco, las iniciativas del Gobierno central en materia de Transición Energética pasan también por la exención del impuesto especial sobre hidrocarburos (el denominado como «céntimo verde» a la producción de electricidad con gas natural; aunque seguirá vigente para el carbón por ser muy contaminante. Cuando se anunció, el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez consideró que abría las puertas a una «discriminación» entre autonomías.
Y lo cierto es que, aunque con la pátina de reformas de carácter verde, todos los golpes caen sólo sobre el noroeste español y en concreto sobre Asturias. El acuerdo actual tiene sin embargo un precedente en el que no medió ninguna necesidad de que el Gobierno central precisara el apoyo del PNV para aprobarle los presupuestos. Ya en 2014, con mayoría absoluta vigente, el entonces ministro de Industria José Manuel Soria rompió la tarifa única para todo el Estado y abrió ya el peaje rebajado para la industria vasca, un precio de la luz hasta un 5% más barato respecto al resto. Soria fue además especialmente duro con Asturias negándole primero el abono de los fondos mineros y, una vez ganados por el Principado en los tribunales, demorando el pago al hacer que tuvieran que reclamarse de forma individual. Su sucesor, Álvaro Nadal firmó un convenio con el Principado para agilizar la cuestión, pero meses después de su entrada en vigor las comarcas mineras denunciaron que no se cumplía.
El precio de la electricidad para la industria será el centro del debate del encuentro que celebrarán el próximo 8 de noviembre tanto el presidente del Principado, Javier Fernández, como su homólogo gallego Alberto Núñez Feijoo, con la ministra de Industria Reyes Maroto. En el ámbito inmediato está la búsqueda de una solución para Alcoa, quizá con la adquisición de las fábricas por parte de otra empresa, pero en el fondo está la necesidad de cuadrar un marco regulatorio estable para los precios de la electricidad de la industria que evite que haya más deslocalizaciones en el futuro. Todo sin que vaya a tocarse, al menos por el momento, la propia competencia entre comunidades, con precios más baratos en el País Vasco que para el resto, permitida por Gobierno central.