Han analizado esta posibilidad en el caso de que la empresa no renuncie a cerrar las plantas de Avilés y A Coruña
12 nov 2018 . Actualizado a las 17:03 h.Los portavoces de Podemos y de IU en la Junta General del Principado, Enrique López y Gaspar Llamazares, han coincidido este lunes en instar al Gobierno central a analizar la posibilidad de intervenir la multinacional Alcoa si la empresa no renuncia a cerrar las plantas de Avilés y A Coruña. Tras la reunión de Junta de Portavoces, el parlamentario de Podemos ha incidido en que la situación de la compañía «requiere un posicionamiento claro por parte de administraciones», y en concreto del Gobierno de España, ha informado Europa Press.
Enrique López cree que entre las propuestas de solución al ERE de extinción planteado por la empresa estadounidense puede estar la intervención del Estado en la compañía. Argumenta que si no hubo problema para intervenir a los bancos y puede que también a las autopistas, no tendría que haberlo con una actividad industrial «potente y que da beneficios». «Si la postura de la empresa sigue siendo cerril, el Gobierno puede plantear instrumentos disponibles para intervenir total o parcialmente y de manera temporal o definitiva», ha dicho. Por su parte, Llamazares ha señalado que la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio,«confunde» el comunismo con la Constitución Española.
Así, después de que Valerio rechazase la intervención de las factorías de Alcoa porque en España no hay un «régimen comunista», el diputado de IU le recuerda que el artículo 128 de la Carta Magna apunta que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y «se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica». Así, el articulado apunta que «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general». Para Llamazares, la ministra renuncia a esa posibilidad «cuando la empresa no renuncia al ERE de extinción», por lo que exige al Ejecutivo central a plantear una propuesta nacional y ante la Unión Europea que garantice «la continuidad» de la actividad del aluminio.
