La exedil de Llanes afirma que desconocía que el beneficiario de la ayuda era un maltratador
ASTURIAS
La exconcejala de Asuntos Sociales, Silvia Ruenes, ha dicho que es «inocente» y que fue un «error»
21 nov 2018 . Actualizado a las 12:18 h.La exconcejala de Asuntos Sociales de Llanes, Silvia Ruenes, que afronta 9 años de inhabilitación por prevaricación por conceder una ayuda municipal a un maltratador para evitar la cárcel, ha dicho que es «inocente» y fue un «error» creer al peticionario al asegurar que era por «una multa de trafico», aunque sabía que así eludía la prisión.
Durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, la exedil ha afirmado que se enteró «a posteriori» de que no se trataba de una multa de tráfico y ha indicado que «no leyó» el informe al que puso «conforme» sin ver su contenido porque se «fiaba» de los trabajadores sociales. Ruenes ha explicado que era miembro de la Comisión de Violencia de Género y ha reconocido que, aunque ella rellenó la solicitud que propiciaba la ayuda para R.A., «su error» fue no leer todos los informes.
La exedil, que ejerció en el cargo entre 2011 y 2015, ha manifestado que en aquella época, con la crisis económica, había «muchas peticiones de ayudas urgentes» para emergencia social que había que solucionar «rápido» para pagar facturas de luz o material escolar, entre otras. La fiscal le ha recordado que España es un Estado social, democrático y de derecho y que debía saber que en la cárcel se ingresaba por actuaciones delictivas e incluso le ha preguntado si esto no le «merecía el suficiente respeto», a lo que la exedil se ha limitado a contestar que había creído al peticionario. A preguntas de la magistrada, ha admitido que era plenamente consciente de que los 1.500 euros de ayuda concedidos a cargo del Ayuntamiento de Llanes eran «para evitar la cárcel» y aunque ha explicado que si supiera que era para un maltratador «no la habría concedido», y ha llegado a justificar su decisión en que «hay delitos y delitos».
La Fiscalía
La exconcejala del Ayuntamiento de Llanes, Silvia Ruenes y la trabajadora social P.M.L. afrontan sendas peticiones de la Fiscalía de 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público por la concesión de una ayuda municipal a un condenado por violencia de género para pagar la multa que eludía la prisión. La Fiscalía considera que ambas acusadas cometieron sendos delitos de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos y pide que indemnicen, solidariamente, al Ayuntamiento de Llanes, con 1.500 euros. La acusación pública sostiene que, el 1 de abril de 2014, el peticionario R.A. solicitó al Ayuntamiento de Llanes la prestación de una ayuda de 1.500 euros para «pago de una multa urgente y no ir a prisión», que le fue cumplimentada «de puño y letra» por la concejal de Asuntos Sociales e integrante de la Comisión de Violencia de Género, Silvia Ruenes.
La concejal, a su vez, aprobó su concesión previa valoración favorable de la trabajadora social, P.M.y ello, según la Fiscalía, pese a que no se cumplían los requisitos necesarios para su otorgamiento puesto que no se trataba de ninguna emergencia social con ocasión de «alguna calamidad acontecida o por necesidad sobrevenida». El solicitante, R.A. había sido condenado, por un juzgado de Llanes, en 2012, por un delito de quebrantamiento de las penas de prohibición de aproximación y comunicación con su compañera sentimental impuestas, siete años antes, por un juzgado de Oviedo por dos delitos de lesiones. En la sentencia se le impuso una pena de 200 días de prisión que, en 202, le fue sustituida por 200 días de multa con cuota diaria de 5 euros, concediéndosele el pago fraccionado en 24 plazos mensuales.Sin embargo, el hombre dejó de abonar los plazos a los que se había comprometido, por lo que, en 2014, se acordó el cumplimiento de la pena privativa de libertad, que evitó con la ayuda municipal, informa EFE.
