El presidente de ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez, exige al Principado que ponga en marcha una campaña de concienciación sobre esta problemática
03 dic 2018 . Actualizado a las 12:32 h.El sindicato docente ANPE ha presentado el Informe Defensor del Profesor 2017-2018, que recoge 37 casos de acoso a profesores, dos menos que el curso anterior, y ha pedido a la Administración pública que «no se esconda y no minimice» un problema que se ha asentado en las aulas. De estos 37 casos, 36 se han producido en la enseñanza pública y uno en la privada, y el nivel educativo con mayor número de incidencias ha sido Educación Primaria, con 19.
Los casos están relacionados con insultos y falsas acusaciones por parte de las familias, las faltas de respeto, las agresiones y amenazas del alumnado y el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de acoso. El presidente de ANPE Asturias, Gumersindo Rodríguez, ha señalado a EFE que el informe desprende una lectura positiva, que es la «estabilización» de estos incidentes y el hecho de que las cifras del Principado sean «notablemente inferiores» al de otras regiones, aunque también otra negativa que refleja que el problema «ha venido para quedarse».
Además, ha señalado que este informe muestra «solo la punta del iceberg», ya que la mayoría de los docentes no hacen públicas estas situaciones y la cifra real podría multiplicar «por tres o por cuatro» los datos. Unas cifras que evidencian el «problema social existente», ya que la escuela es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, ha lamentado.
Por este motivo, ha animado a los profesores que «no se callen» estas situaciones y que «denuncien». Respecto al hecho de que 36 de los 37 casos denunciados procedan de profesores de enseñanza pública, ha explicado que Anpe es un sindicato que atiende en su mayoría a docentes de escuelas e institutos públicos.
Por su parte, la coordinadora del Defensor del Docente, Montserrat Fernández, ha denunciado que solo cuatro casos han sido apoyados por el servicio de Inspección Educativa, y ha alertado de que estos procesos tienen graves consecuencias sobre los profesores, como cuadros de ansiedad que conllevan una baja médica. Entre sus exigencias, ha reclamado el desarrollo normativo de la Ley de Autoridad del Profesorado, así como la puesta en marcha de protocolos de actuación en casos de agresión a docentes.
También ha incidido en la necesidad de desarrollar un plan de mejora de la convivencia escolar, garantizar un plan de seguridad en los centros, ofrecer asistencia psicológica, reconocer las enfermedades profesionales de los docentes o dotar de asistencia jurídica a los mismos, entre otras medidas. Por último, ha exigido al Principado que ponga en marcha una campaña de concienciación del problema, de la figura del profesorado y de la importancia de su tarea.