Un exsecretario del SOMA apunta a «Madrid» por los cambios que dieron luz verde al geriátrico de Felechosa

El juzgado del Caso Hulla toma declaración a varios testigos sobre el presunto desvío de fondos por la modificación del decreto ley

Residencia de Felechosa

Redacción

El exsecretario de Organización del sindicato minero SOMA Jesús Armando Fernández Natal ha ratificado hoy ante la juez del «Caso Hulla» y dos miembros de la Fiscalía Anticorrupción que la modificación del real decreto que propició el dinero para construir el geriátrico de Felechosa (Aller) se realizó «desde Madrid».

La «Operación Hulla», que instruye el juzgado número 3 de Oviedo, investiga el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico de Felechosa, del Montepío de la Minería.

Anticorrupción inició esta investigación después de que el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.

La testifical de Fernández Natal ha sido hoy la primera de las 25 declaraciones que, hasta el próximo día 13, están previstas ante la juez de Instrucción número 3 de Oviedo que investiga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción del geriátrico.

A su llegada al juzgado, a las 9:45 horas, Fernández Natal se ha limitado a comentar a los periodistas que iba a ratificar su testimonio anterior ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha abandonado la sede judicial en torno a las 12:30 horas sin hacer comentarios.

En sede judicial ha apuntado «a Madrid» cuando se le ha preguntado por la modificación del real decreto y ha dicho que ni el ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, ni su «mano derecha», el ex presidente del Montepío, José Antonio Postigo, tuvieron participación, según ha informado el abogado Ignacio Manso Platero.

Fernández Natal había declarado el 26 de septiembre ante la UCO, en Oviedo, que participó activamente como miembro de la Ejecutiva del SOMA en la Mesa Regional de la Minería por los fondos de los años 2006 a 2012, donde estaban presentes Villa y Postigo, ambos investigados en esta causa, así como otros miembros de la Ejecutiva.

En su declaración anterior, Fernández Natal manifestó no recordar qué persona tuvo la iniciativa de incluir en esa mesa el proyecto del geriátrico del Montepío en Felechosa ni si participó en una reunión, el 24 de julio de 2008, donde se debatía la forma en que se tenía que modificar para incluir los 31 millones de subvención que se investiga en el «Caso Hulla».

Fernández Natal sí recordaba, por el contrario, que las organizaciones sindicales fueron las que propusieron el proyecto de Felechosa, que fue trasladado inicialmente por el Montepío y se aprobó de forma unánime en la Mesa Regional de la Minería.

Preguntado por la UCO por el origen del dinero que regularizaron en la amnistía fiscal tanto Villa como Postigo, el testigo aseguró en esa ocasión que no tenía conocimiento de ese dato, ni tampoco de que ambos hubieran podido cobrar comisiones ilegales, según fuentes judiciales.

Su testifical ha precedido a la comparecencia de José Ramón Fernández Suárez (del SOMA), y está previsto que declaren igualmente a lo largo de esta jornada la concejala de Aller María Esther Martínez Lillo, así como miembros de la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC).

La declaración de Juan Miguel Benítez, ex gerente del IRMC, el pasado mes de octubre, ante la UCO ha abierto un nuevo frente judicial, ya que explicó a los agentes que la tramitación del desvío de fondos públicos al sindicato que lideraba José Ángel Fernández Villa fue una «imposición» del Gobierno socialista.

Benítez aseguró a los agentes que «hubo que modificar íntegramente un Real Decreto para financiar» el geriátrico de Aller que fue utilizado como «coartada» para que los sindicalistas distrajeran fondos y «vino impuesto desde arriba por el Gobierno del PSOE», que en aquella etapa presidía José Luis Rodríguez Zapatero.

Asimismo, añadió que la decisión ya estaba tomada cuando él alcanzó la gerencia del IRMC y que tuvo lugar gracias a la influencia de Fernández Villa sobre Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Industria de su gabinete, Miguel Sebastián.

Entre las 25 personas citadas para prestar declaración en la causa, desde hoy y el próximo día 13 de diciembre, figuran como investigados el actual alcalde de Aller, David Moreno, su antecesor, Gabriel Pérez Villalta, Rocío San José, esposa del constructor investigado Juan Antonio Fernández, así como un socio de éste, Juan Carlos Riera.

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