La jueza cita a declarar a 25 personas por el «Caso Hulla»

La toma de declaraciones se desarrollará en sesiones de mañana y tarde ante la inviabilidad de practicar la prueba testifical por videoconferencia debido a la complejidad de la causa

Residencia del Montepío
Residencia del Montepío

Redacción

Una juez de Oviedo ha citado a declarar a partir de mañana a 25 personas, entre ellas el alcalde de Aller y su antecesor, dentro de las diligencias sobre el Caso Hulla por el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción del geriátrico de Felechosa. Entre las 25 personas que han sido citadas para prestar declaración en la causa, entre el lunes y el jueves, figuran cuatro investigados, otros 20 testigos y un perito. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo argumenta en una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, que la toma de declaraciones se desarrollará en sesiones de mañana y tarde ante la inviabilidad de practicar la prueba testifical por videoconferencia debido a la complejidad de la causa y el volumen de la documentación «a exhibir y manejar».

Mañana está prevista la primera testifical con la declaración de Jesús Armando Fernández Natal, ex secretario de organización del sindicato minero SOMA, y precederá a las comparecencias de José Ramón Fernández Suárez (del SOMA), y la concejala de Aller María Esther Martínez Lillo. En la sesión de la tarde comparecerá María Isabel Azpeitia, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), a la que seguirán las declaraciones de Juan Miguel Benítez Torres y Pedro Luis Marín Uribe. La declaración de Juan Miguel Benítez, ex gerente del IRMC, el pasado mes de octubre, ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto un nuevo frente judicial, ya que explicó a los agentes que la tramitación del desvío de fondos públicos al sindicato que lideraba José Ángel Fernández Villa fue una «imposición» del Gobierno socialista.

Benítez aseguró a los agentes que «hubo que modificar íntegramente un Real Decreto para financiar» el geriátrico de Aller que fue utilizado como «coartada» para que los sindicalistas distrajeran fondos y «vino impuesto desde arriba por el Gobierno del PSOE». Asimismo, añadió que la decisión ya estaba tomada cuando él alcanzó la gerencia del IRMC y que tuvo lugar gracias a la influencia de Fernández Villa sobre Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Industria de su gabinete, Miguel Sebastián. La jornada del día 11 se reserva por la mañana para las testificales de representantes del Ayuntamiento de Aller, A.F.G., J.B.D., G.S.P., M.A.R.C. y M.C.B.D., mientras que el actual alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor, Gabriel Pérez Villalta, declararán, en calidad de investigados, por la tarde.

El día 12 declararán a lo largo de la jornada nueve testigos, entre los que se encuentran representantes de constructoras y aparejadores de la empresa Alcedo de los Caballeros, de la que es propietario el constructor investigado Juan Antonio Fernández. Para la sesión de la mañana del día 13 están citados a declarar como investigados a Rocío San José, esposa del constructor Juan Antonio Fernández, y Juan Carlos Riera, que fue socio de éste en Alcedo de los Caballeros, mientras que el arquitecto Rafael Beca declarará en calidad de perito. La Operación Hulla, que instruye el juzgado número 3 de Oviedo, investiga el supuesto desvío de fondos en la construcción del geriátrico de Felechosa, del Montepío de la Minería. Anticorrupción inició esta investigación después de que el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío José Antonio Postigo se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.

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