La Fiscalía solicita dos años y seis meses de condena por un delito de prevaricación urbanística, al contravenir la normativa vigente
15 ene 2019 . Actualizado a las 14:40 h.La Fiscalía solicita sendas condenas de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial durante diez años para el exarquitecto municipal de Llanes y un técnico por un delito de prevaricación urbanística al autorizar unas obras de ampliación de un cámping en contra de las normas vigentes, informa EFE. La Fiscalía sostiene que el arquitecto municipal y el técnico municipal, con la finalidad de autorizar la ampliación del camping María Elena, en Celorio (Llanes), elaboraron informes vinculantes, en abril de 2012, prescindiendo de la normativa urbanística de aplicación.
Entre otros, según la acusación, omitieron varios preceptos del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) de 2005 lo que implicaba que estaba considerado fuera de ordenación, además de omitir que abarcaba parcelas que se encontraban dentro del ámbito de afectación de dicho documento. Asimismo, según el relato fiscal, no se tuvo en cuenta la normativa sobre campamentos de turismo ni la realidad física de las parcelas sobre las que se solicitaba la ampliación, pese a lo cual informaron favorablemente la concesión de la licencia que, finalmente, fue concedida por resolución de 25 de marzo de 2014.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) informó en sentido contrario a la autorización en 2016 y concluyó que la licencia municipal para ampliar 7.693 metros cuadrados para área de autocaravanas excedía claramente su objeto. La Fiscalía considera que ambos acusados incurrieron en un delito de prevaricación urbanística y solicita una condena individual de dos años y seis meses de prisión y multa de 18 meses a razón de 25 euros el día.
Además pide su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años que se concreta en la imposibilidad de desempeñar cualquier tipo de negocio jurídico con una administración pública, territorial, corporativa, institucional o, en general, que forme parte del sector público estatal, autonómico o local. El juicio tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo.