La jornada de 35 horas espera noticias de abril

La medida, que fue aprobada por unanimidad el pasado verano, requiere que el Principado haya cumplido con la regla de gasto

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, momentos antes de la reunión del Consejo de Gobierno del Principado.
La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, momentos antes de la reunión del Consejo de Gobierno del Principado.

Sobre el papel, los funcionarios de la administración asturiana tienen ya desde el uno de enero de este 2019 reconocida la jornada de 35 horas semanales. Así se aprobó el pasado verano en la Junta General y por unanimidad, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Pero la iniciativa marcaba una condición, la de que entrara en vigor siempre y cuando lo permita la legislación básica y previa negociación colectiva. Sobre el acuerdo con los trabajadores no hay mucho debate pero la referencia al cumplimiento de la legislación básica, que se trata fundamentalmente del encaje en el rigor de la regla de gasto y sus entresijos, no se conocerán hasta pasado el primer trimestre del año, quizá alrededor del mes de abril. 

Si en esas fechas el Ejecutivo central dictaminara en su informe que Asturias cumple la regla de gasto, la medida se pondría en marcha. Pero no hay buenos precedentes: el año pasado el Principado no se encontró entre las comunidades cumplidoras de este límite en concreto aunque, si sirve de consuelo, lo cierto es que fueron muy pocos los territorios que se ciñeron a la regla. Sólo Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana cumplieron en 2017 la regla de gasto, que se había fijado en un 2,9%, mientras las otras diez autonomías, y entre ellas el Principado, lo sobrepasaron.

Fuentes de la Consejería de Hacienda explicaron que de todos los objetivos de estabilidad, el techo o regla de gasto es el que más constriñe a las administraciones autonómicas, más que los límites de deuda en los que el Principado suele aparecer como una comunidad cumplidora. De hecho, el pasado mes de octubre, la propia consejera, Dolores Carcedo, reclamó al Gobierno central que una revisión de la regla de gasto, ya que, según indicó, está siendo más limitante que los objetivos de déficit y deuda. Entonces, Carcedo señaló que el Gobierno asturiano esperaba cumplir todos los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para aplicar esa reducción horaria y, si se flexibilizan los objetivos, «disponer de todos los recursos posibles». La responsable del departamento de Hacienda, cifró la cuantía global de esa medida para un año completo en 30,8 millones. También entonces explicó que, en el caso de que se cumpliera la regla de gasto y fuera posible aplicar la recuperación de la jornada de 35 horas para los empleados, supondría un gasto de 14,6 millones para el Principado.

La regla o techo de gasto es un mecanismo fiscal que sirve como instrumento de control del equilibrio de las finanzas públicas y que se establece desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Según su definición, «el límite de gasto no financiero es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad». Desde el Ministerio de Economía se lleva a cabo una estimación de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo y esa cifra es la que rige la capacidad de gasto permitido contando también las reglas fiscales que se haya establecido. Así, incluso con un aumento de la recaudación tributaria, porque haya crecido puntualmente los ingresos por los impuestos, el gasto no puede crecer en la misma medida sin que cambien las normas fiscales, porque se considera una crecida puntual para tratar de adelantarse a periodos de recesión.

La una jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos de Asturias supondría una rebaja de dos horas y media menos que la actual. Cuando se aprobó la medida en la Junta General el pasado verano, también se fijó que la ley permitiera que funcionarios pudieran cobrar en septiembre el incremento salarial máximo autorizado por el Ejecutivo central y los atrasos acumulados desde el mes de enero del año anterior.

La ley aprobada en el parlamento autonomico reflejaba la máxima subida salarial permitida por el Gobierno central para los empleados públicos: un 1,50% el primer semestre, y un 1,75%, lo que arroja una subida media anual del 1,62%, lo que tendrá un coste de 32 millones de euros para este año. El resto de medidas incluidas en el proyecto para impulsar la carrera profesional entre interinos y crear 103 puestos de trabajo, en su mayoría en el ente autónomo de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), elevará el gasto del Principado a unos 53 millones de euros en este 2019.

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