El Principado asume que no habrá nueva Política Agraria Comunitaria hasta 2023

Espera «decisiones adecuadas que aseguren el mantenimiento de las ayudas actuales a partir del año 2020» ante la reunión de este lunes con el Gobierno para abordar la elaboración del Plan Estratégico Nacional


No habrá nueva Política Agrícola Común (PAC) hasta 2023. La convocatoria de Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de este año conllevará su disolución «antes de adoptar un acuerdo político sobre la reforma», y el calendario  «más optimista» podría dilatar hasta otoño de 2019 la negociación acerca del Marco Financiero Plurianual para 2021-2027, que delimita el marco presupuestario y las principales orientaciones para la Política Agrícola Común. Así lo asume el, que considera «más que probable que exista una prórroga del sistema actual hasta el 2021-2022», según declaraciones realizadas a Europa Press. En este contexto, precisado el Ejecutivo, «es importante que se tomen decisiones adecuadas que aseguren el mantenimiento de las ayudas actuales al sector a partir del año 2020 y hasta la entrada en vigor de la nueva PAC».

Comunidades autónomas y Gobierno nacional celebraron la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios el pasado 21 de enero. Allí, autonomías y Ejecutivo acordaron la creación de un Grupo de Trabajo para la redacción del Plan Estratégico Nacional que establece el nuevo marco normativo europeo, con el objetivo de que en España la próxima PAC pueda aplicarse «una vez que el próximo marco normativo europeo entre en vigor».

Este documento deberá tener en cuenta las especificidades territoriales y sectoriales de las CCAA e incorporar sus propuestas, de acuerdo a la normativa europea. «Queremos iniciar el trabajo centrando el análisis y las propuestas en el objetivo de atender el relevo generacional y la incorporación de jóvenes, al tiempo que se abordan los objetivos vinculados a la rentabilidad de las explotaciones», precisan desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. En este contexto, CCAA y Gobierno se reunirán este lunes 25 de febrero para constituir los grupos de trabajo y comenzar a elaborar el análisis DAFO y la evaluación de las necesidades para los diferentes objetivos específicos definidos en la propuesta de Reglamento sobre los Planes Estratégicos.

La última reforma de la PAC se decidió en 2013 y se llevó a la práctica en 2015. Desde entonces, los precios agrícolas han disminuido sustancialmente, debilitados por los factores macroeconómicos, las tensiones geopolíticas y otras fuerzas. Además, el énfasis de las negociaciones comerciales se ha trasladado de manera más visible de los acuerdos multilaterales a los bilaterales y la UE se ha abierto más a los mercados mundiales.

Las peticiones asturianas

De cara a la negociación de la PAC, Asturias reclamará que se tenga en cuenta la realidad territorial y productiva del Principado, una región cada vez más envejecida, con el campo en despoblación, «eminentemente ganadera», y con explotaciones de pequeño tamaño, familiares y de montaña. Es por ello que pide una «discriminación positiva» para las zonas de montaña y con limitaciones naturales significativas. El Gobierno autonómico reclama así una PAC que se oriente a la producción de alimentos, a los profesionales del sector primario, y a generar empleo y actividad. «Apoyamos sin tapujos el establecimiento de un tope máximo de ayuda por explotación a partir de 60.000 euros», han añadido.

Al entender que las ayudas de la PAC «han de orientarse a los profesionales del sector primario», el Principado propone que la figura del «agricultor genuino» sea aquel que obtenga, al menos, el 50% de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y que cotice a la seguridad social agraria. «El agricultor genuino ha de tener carácter prioritario para poder acceder a determinadas ayudas, como son las acopladas», reclaman además, aunque matizan que ello «no es contradictorio con que puedan existir agricultores pluriactivos que, en todo caso, no deberían cobrar pagos directos».

En cuanto a la ayuda redistributiva a las pequeñas y medianas explotaciones mediante un pago con un importe superior de las primeras hectáreas, el Ejecutivo autonómico lo considera «fundamental» ya que las pequeñas y medianas explotaciones son las que están más expuestas a la volatilidad de los mercados y las que tienen más dificultades para producir, especialmente si están en zonas de montaña.

La nueva PAC, consideran en el Gobierno, supone un «cambio de paradigma» al dar más capacidad a los estados miembros para que la PAC se adapte a las singularidades territoriales y productivas. Desde Asturias valoran positivamente que el Ministerio comparta que el mantenimiento del estatus quo «no es una opción». En este sentido, han vuelto a exigir que la próxima PAC supere los desequilibrios entre territorios «y acabe definitivamente con el actual sistema de cobro por derechos históricos».

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