Un informe revela que tres de cada cuatro nuevas prestaciones autorizadas en el Principado son «servicios de bajo coste». Tampoco se genera empleo. El limbo de personas con derecho en espera se enquista
01 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El punto de partido no es malo pero la evolución sí. El Observatorio de la Dependencia, el informa anual con el que el colectivo de directores y gerentes valora el grado de cumplimiento de la ley, ha incluido un rapapolvo al Principado. No tiene números rojos pero se ha estancado en algunos apartados y en otros ha rebajado la calidad. Así, mejora ligeramente el número de personas valoradas y de las que tienen el derecho derecho reconocido pero alerta del giro low cost que ha pegado la región. Habla de que las nuevas atenciones «van en la línea de servicios de bajo coste ya advertidos en anteriores dictámenes». Esto genera otra consecuencia directa: apenas se genera empleo.
A día de hoy, con la inversión actual y el ritmo de trabajo impuesto, Asturias tardaría 2,3 años en poder acabar con la lista de espera, es decir, en atender a todos aquellos dependientes a los que la ley les reconoce un derecho. En términos exactos del informe «preocupa el número de valoraciones pendientes que se incrementa por segundo año consecutivo». No obstante, lo que hace falta son recursos. El sistema cuesta al año en la región 141 millones de euros. Para acabar con listas de espera en cada parte del proceso sería necesario, estiman los profesionales, 173,2 millones. Faltan, por tanto, 32 millones de euros para conseguir un funcionamiento normalizado.
Los números
Los directores y gerentes realizan un pormenorizado análisis por comunidades autónomas con cifras definitivas al cierre del ejercicio 2018. De Asturias indica que ha conseguido aumentar el número de personas atendidas en 807, un 3,80% más que hace un año. En el resto de los parámetros que se analizan, que son las solicitudes, las valoraciones o los denominados Pias (programas individuales de atención), los valores del Principado están en consonancia con los del resto del país.
A fecha 31 de diciembre de 2018, la Administración asturiana había recibido 38.844 solicitudes, 1.917 más que 12 meses antes. Había conseguido valorar a un total de 33.668, que son 1.052 más que un año antes. De todos estos casos atendidos, las personas con derecho eran 25.573. Sin embargo, solo están recibiendo la prestación 22.049. Esto implica que están en el limbo de la dependencia algo más de 3.500 asturianos. El limbo de la dependencia es esa tierra de nadie burocrática en la que pasan meses aquellos dependientes que ya tienen reconocido el derecho pero a los que todavía no se está atendiendo. Esa cifra es inferior a la de otros territorios y el Principado ha conseguido mantenerla controlada. Este e sun aspecto positivo que el informe reconoce. Los términos exactos que cita la investigación es que «la tasa de personas desatendidas ha mantenido, por tercer año consecutivo, su tendencia.
Sin embargo, destaca una parte negativa. Explica que el 74% de las nuevas atenciones, es decir de los nuevos Pias son programas de promoción y prevención y teleasistencia, que son los que los profesionales consideran «servicios de bajo coste». Esto no es nuevo. Los directores y gerentes recuerdan que ya habían advertido de este giro en anteriores dictámenes. Esto es también una seña diferencial con respecto a otras regiones. Ponen un ejemplo concreto: los servicios de promoción y prevención representan ya el 22,6% del total, mientras que en el conjunto del país no llega ni al 4%.
Este tipo de prestaciones tienen otros efectos perniciosos. Al tratarse de prestaciones low cost apenas generan empleo. Aunque hay 802 personas con dependencia más atendidas, solo se han generado 242 nuevos puestos. El informe precisa que se trata de «una consecuencia de la excesiva utilización de prestaciones indicadas de escaso impacto en el empleo».
Acuciante falta de recursos
No obstante, el gran lastre que todavía arrastra la ley de dependencia es la acuciante falta de recursos. El coste del sistema en el Principado en 2018 alcanzó los 141 millones de euros, de los que el Gobierno regional aportó el 80% y la Administración general, el 20% restante. Los profesionales reconocen, por ejemplo, que sin los recortes autorizado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, Asturias tendría que hacer recibido once millones más.
Ese dinero ya existe pero el colectivo aboga por un pacto de estado de la dependencia, que inyecte 415 millones más al nivel mínimo de protección. Al Principado le corresponderían nueve millones más. Solo con ese presupuesto podría atender a otros 1.536 nuevos dependientes y generaría otros 284 contratos más. No sería suficiente para erradicar toda la lista de espera pero supondría un alivio considerable.
