Macrooperación contra el fraude fiscal en el sector del mueble

La Agencia Tributaria efectúa inspecciones en Asturias

Una oficina de recaudación de la Agencia Tributaria
Una oficina de recaudación de la Agencia Tributaria

Redacción

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una macrooperación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector de la fabricación y comercialización del mueble, con el registro de 112 locales en 15 comunidades autónomas, entre ellas Asturias con tres inspecciones, según ha informado el organismo. La operación, denominada Iroko, supone el inicio de actuaciones inspectoras sobre un total de 119 sociedades y 38 personas físicas socios y administradores de las empresas investigadas, a partir de la entrada y registro en 112 locales situados en las 15 comunidades autónomas de territorio común, recoge Europa Press.

El dispositivo desplegado por la Agencia afecta a locales tanto de fabricantes de muebles, como de comerciantes mayoristas y minoristas del sector situados en: Andalucía (34), Aragón (6), Asturias (3), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla La Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (20), Extremadura (2), Galicia (5), La Rioja (1), Madrid (6), Murcia (5) y Comunidad Valenciana (16). Las actuaciones se han iniciado a la hora de apertura de los locales por personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) en los locales de las sociedades investigadas, con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.

La experiencia de operaciones realizadas con anterioridad pone de manifiesto que la personación de la Administración en los locales o domicilios donde se realiza la actividad económica y donde se lleva a cabo la gestión del negocio permite una lucha más efectiva contra la economía sumergida, según ha indicado la Agencia Tributaria. Al tratarse de una actuación de carácter administrativo, las actuaciones de entrada y registro no implican detenciones.

Investigación previa

Hacienda recuerda que el sector del mueble mantiene desde el año 2013 cinco años de crecimiento consecutivo ligado al alza del mercado inmobiliario. En 2017, el sector generó un volumen de negocio superior a los 4.300 millones de euros y todos los subsectores de fabricación incrementaron su facturación. En este contexto, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria procedió a un análisis global del sector del mueble, efectuando cruces de información y análisis de las sociedades dedicadas tanto a la fabricación como a la comercialización al por mayor y al por menor.

El estudio incluyó un análisis de las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades de los márgenes brutos sobre ventas, márgenes netos, margen sobre aprovisionamientos, movimientos de efectivo (principalmente en cuentas bancarias bajo la titularidad de las sociedades) y pago con tarjetas, así como otros indicios de capacidad económica observados en los administradores, autorizados en cuenta o socios.

Irregularidades en las existencias

Adicionalmente, las actuaciones inspectoras realizadas con anterioridad en el sector del mueble, tanto a nivel de fabricantes como en relación con el comercio al por mayor y minorista, habían puesto de manifiesto ciertas distorsiones en la evolución de las ventas y las existencias que evidenciaban la realización de ventas no declaradas. A partir de este análisis y esta experiencia previa, los investigadores de la Agencia observaron que ciertas sociedades manipulaban la contabilidad relativa a sus existencias, al objeto de declarar un nivel discreto de beneficios y disimular, de esta forma, la propia ocultación de ventas. En paralelo, existían indicios de que el colectivo afectado por la operación iniciada hoy podría estar utilizando software de ocultación que permitiría manipular tanto las existencias como las ventas reales.

De esta forma, se diseñó la operación Iroko, que ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando en el operativo de entrada y registro con la participación de más de 400 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las UAI y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, así con el apoyo de agentes policiales y 120 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia.

Junto a la regularización del fraude fiscal que finalmente se aflore, Hacienda busca también trasmitir al sector un mensaje disuasorio, para que los empresarios reconduzcan sus actividades y mejoren su posterior cumplimiento tributario en periodo voluntario de pago, en línea con las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019. De estos cambios en las actitudes de los empresarios concretos dependerá la evolución de futuros planes de control tributario, que se centrarán especialmente en los comportamientos elusivos reiterados, ha indicado Hacienda.

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