El Observatorio anticorrupción dice que «Mallada miente» sobre la cesión de terrenos del geriátrico

La Voz

ASTURIAS

Teresa Mallada y Pablo Casado
Teresa Mallada y Pablo Casado

OCAN asegura que los concejales de Aller, entre ellos la actual candidata del PP, sabía «que estaban aprobando algo contrario a la ley»

18 mar 2019 . Actualizado a las 12:37 h.

El portavoz del Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) en Asturias, Manuel Benayas, ha asegurado este lunes que la candidata del PP al Principado, Teresa Mallada «miente» al defender la legalidad de la cesión de terrenos al Montepío por parte del Ayuntamiento de Aller, causa por la que está siendo investigada con el resto de la corporación local del año 2008, y al afirmar que «nadie había dicho» que no se pudiera ceder.

Benayas ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que «todos los concejales» que adoptaron por unanimidad la decisión de ceder gratuitamente al Montepío los terrenos para construir el geriátrico de Felechosa, investigado en el Caso Hulla, dieron paso a la cesión «a sabiendas de que estaban aprobando algo contrario a la ley», ya que existían informes tanto de la Secretaría Municipal como de Intervención que desaconsejaban dicha operación.

Ha insistido en que en esta cesión gratuita el órgano competente es el pleno municipal y no el alcalde o el Equipo de Gobierno. En este sentido, ha explicado que «no se ha aportado ningún argumento legal que justifique levantar el reparo» de la Intervención y la Secretaría. Ha sido, en su opinión, «una decisión absolutamente arbitraria que tiene más que ver con hacer y actuar 'como me da la gana' en el Ayuntamiento», ya que, además, «el Montepío tenía recursos propios» para comprar los terrenos y construir la residencia.

Así, ha explicado que la justificación esgrimida por Mallada de que se hizo «por el bien del pueblo», «no habilita para saltarse las leyes a la torera». A su juicio, esta operación «tiene mucho más que ver» con el poder que «ostentaban» el exlíder sindical José Ángel Fernández villa y el SOMA «con sus vasos comunicantes por todos los partidos». «Todo eso pesó mucho más que cualquier otra cuestión», ha asegurado el portavoz de OCAN, que está personado como acusación particular en el Caso Hulla.

El abogado de OCAN, Alberto Suárez ha añadido en este sentido que «no es habitual» que un pleno levante el reparo de los órganos municipales encargados de velar por la legalidad en la Corporación. «No es habitual, sobre todo con informes tan claros», ha afirmado, y sin siquiera presentar un informe técnico alternativo «o algo que intente contrarrestar esos informes técnicos».

Al haber sido un acuerdo del pleno, desde OCAN entienden que el hecho de que los concejales que dieron su visto bueno sean gobierno u oposición «es igual», ya que todos ellos «son corresponsables» por haber emitido un voto favorable. «Es un órgano de gobierno en el que participan todos», ha recordado Suárez.

El procedimiento

A raíz de una denuncia del grupo municipal Xente por Aller presentada en el Juzgado de Lena por lo que la Corporación local de entre los años 2008 y 2010, en la que estaba Teresa Mallada como miembro de la oposición, está siendo investigada en una pieza separada del 'Caso Hulla', después de que el Juzgado de Instrucción número tres de Oviedo aceptase la inhibición del Parido Judicial lenense, que entendió que ambas piezas estaban relacionadas.

Ahora falta saber cuándo tendrán que declarar los concejales de aquella legislatura, algo que desde OCAN no esperan que ocurra antes de las elecciones de mayo, según recogió Europa Press.

Independientemente de la fecha, desde OCAN han insistido que los ediles ya tenían la consideración de investigados cuando Lena elevó la causa a Oviedo.