Países como Italia, Francia o Alemania tienen ejemplos de adquisición de empresas de forma parcial o total en el ejercicio ordinario de la iniciativa pública en la economía
16 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La crítica situación por la que pasan las factorías de Alcoa de Avilés y A Coruña desde hace medio año ha puesto sobre la mesa en no pocas ocasiones la posibilidad de una nacionalización para salvar las dos plantas para las que la multinacional americana ha anunciado el cierre. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechazaba la opción el pasado mes de noviembre: «¿Cómo intervención? No estamos en un régimen comunista», decía la misma. Sin tener un régimen de esas características, otros países como Italia, Francia o Alemania tienen ejemplos de haber adquirido empresas de forma total o parcial como ejercicio ordinario de la iniciativa pública en la economía cuando la estabilidad financiera está en riesgo. Así, la nacionalización temporal de Alcoa sería posible porque es legal. Un informe jurídico de la Universidad da Coruña (UDC) avala esa salida y concluye que la adquisición de las factorías que la multinacional tiene en venta por parte de los poderes públicos es «plenamente conforme con el ordenamiento constitucional español y con el derecho comunitario».
El documento, titulado Informe xurídico sobre la adquisición pública das factorías de Alcoa na Coruña e Avilés, ha sido elaborado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña (UDC), Carlos Aymerich por encargo del sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG). El informe abarca a las factorías en riesgo de cierre porque, según su autor, «la problemática es la misma» y defiende la viabilidad de que el Estado adquiera de forma total o parcial las plantas temporalmente con el objetivo «de dar más tiempo al proceso y no actuar como se está haciendo ahora, con los condicionantes de un calendario en la búsqueda de un socio», explica Aymerich. Las posibilidades que presenta son: una adquisición hecha en condiciones de mercado o una operación realizada fuera de las condiciones de mercado, que sería considerada como una ayuda pública de reestructuración. Esto es que el Estado compre las factorías y tenga más tiempo para buscar un posible inversor o que actúe concediendo una ayuda.
En todo caso, nada distinto a lo que en momentos dados han hecho países como Italia, Francia o Alemania e, incluso, «aquí mismo en España con la SEPI», señala el mismo en el informe, advirtiendo que «nada tiene que ver con que no sea un país comunista». Si bien un ejemplo es lo que hizo Francia con una nacionalización transitoria de Alstom, otro que desarrolla ampliamente en el documento es la reactivación industrial que hizo el estado italiano con la planta que Alcoa tenía en Potovesme (Sardeña) cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar la fundición. De ese caso, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña (UDC) saca varias conclusiones que considera que pueden ser de interés para las fábricas de Avilés y A Coruña. Esto es que, de ser una inversión temporal por parte del estado, tendría que serlo en condiciones normales de mercado, porque de ser considerada como una ayuda pública de reestructuración, estaría supeditada a la aprobación por parte de la Comisión Europea y, aunque podría aprobarla, exigiría un plan de viabilidad que podría conllevar desinversión y reducción de la actividad. Por tanto, Carlos Aymerich aboga más por una adquisición que no sea considerada ayuda de estado.
Lo que deja claro el mismo en el informe presentado hace una semana es que la adquisición parcial o total por parte de los poderes públicos «es plenamente conforme al ordenamiento constitucional y legal español» y también «conforme con el derecho comunitario» y que, por tanto, puede hacerse a través de entes como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «en el ejercicio normal de intervención pública en la economía» teniendo en cuenta que la producción de aluminio primario es una actividad estratégica que dentro de España solo se mantendría en San Cibrao toda vez que en Avilés y A Coruña se ha parado la electrólisis.
Desde luego, el mismo apunta también en el documento el hecho de que en Europa se esté dando un cambio de tendencia en la política industrial y que gobiernos como el alemán estén teniendo un papel más activo. Hace referencia, en este sentido, a la Estrategia Nacional para la Industrial 2020, publicada el pasado mes de febrero por Alemania, en la que identifica «la industria del aluminio como uno de los dos sectores clave para el mantenimiento del nivel de renta, bienestar, educación y protección social de que Alemania goza en la actualidad». También cita que a nivel de la UE, el carácter estratégico del sector del aluminio se reconoce en el reglamento de ejecución UE 2018/640, «por el que se someten a vigilancia previa de la Unión las importaciones de productos de aluminio procedentes de terceros países».
Así, si en general dice Carlos Aymerich que «se echa en falta una política más activa y ambiciosa por parte de los poderes públicos, en un plano más local, el profesor de Derecho Administrativo de la UDC apunta que «Asturias y Galicia deberían tener un papel más activo del que están teniendo» respecto a la problemática que se les ha planteado a estas dos comunidades autónomas con el anuncio de cierre de las factorías de Alcoa en Avilés y A Coruña.