Los programas de los partidos encaran la realidad de una Asturias descarbonizada

Las políticas económicas e industriales de todas las formaciones asumen de forma genérica el reto de una transición energética que afecta directamente al futuro regional


La realidad de una España en descarbonización -y, aunque no se la aluda directamente, de una Asturias descarbonizada- ocupa un lugar central en las propuestas de política económica e industrial de los partidos en liza cara al 28A. Ninguno de ellos obvia en los apartados correspondientes de sus programas electorales los motivos y las consecuencias de la transición energética que ya se iniciado y que se deja sentir de forma particularmente dura en el Principado, con sus recientes cierres de minas y las sombrías perspectivas para las centrales térmicas. Claro que el peso de esas políticas, las medidas propuestas y el contexto en el que se proponen varían sustancialmente de un partido a otro. Lo que salga de las urnas tendrá, de una forma u otra, unas repercusiones muy directas en la industria y, en general, la economía asturianas a corto y largo plazo.

PSOE: sin carbón, con pacto

La transición energética atraviesa todo el programa del PSOE, a modo de «eje transversal». O, lo que viene a ser lo mismo, como el horizonte estratégico que condiciona todo el resto. El partido de Pedro Sánchez, que ha dejado muy clara en su breve mandato la determinación de afrontar sin dilaciones ese reto, se propone seguir con paso firme por ese camino.  Las implicaciones del asunto se enmarcarán en una Ley de Industria que pretende adaptar el sector por igual a los retos de la digitalilzación, la descarbonización, la transición ecológica y la globalización «con el necesario apoyo de los instrumentos financieros públicos». Al cierre de minas habrá de seguir en un plazo cercano el de las centrales térmicas según un «calendario con fechas (que deben considerarse máximas)», pero «con medidas de acompañamiento que garanticen la seguridad física y de suministro, y la viabilidad social, técnica y financiera de dicho proceso».

A su vez, todo ello se hace depender de «un Pacto de Estado por la Industria con la participación de los agentes sociales». Los mismos con los que -añade el programa- «se ha garantizado la protección social» de los trabajadores de la minería afectados por los cierres, «así como la creación de nuevos empleos en las comarcas más vulnerables». En ella, el PSOE concede un papel crucial a la I+D en el ámbito de la transición energética y a actividades como las que promueve «la Fundación Ciudad de la Energía, para reactivar comarcas mineras».

PP: descarbonización, pero adaptada

Aunque haya discrepado frontalmente en el cómo y el cuándo, el PP admite el qué: los objetivos medioambientales de la Unión Europea son deberes insoslayables. Pero también necesarios en sí mismos, como lo reconoce un programa económico que pivota sobre el abaratamiento de costes de producción basado en parte sustancial en la disponibilidad de «energía barata, sostenible y segura» a base de «avanzar en renovables y descarbonización».

De ahí que, en consecuencia, el PP proponga -de modo genérico- «mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas que ya contempla la normativa europea», aunque también se proponga marcar tiempos y procedimientos: «Trabajaremos activamente en Europa para que se revisen y adapten mejor a la realidad española», asegura el programa económico de los populares.  El objetivo final es entrar de lleno en la «cuarta revolución industrial» y el mantra, como en el resto de los partidos, la innovación.

Unidas Podemos: descarbonización, deslocalización, desindustrialización

No es  ninguna novedad que Podemos, no sin correr serios riesgos electorales, se ha retratado en cuanto a sus políticas energéticas opuestas al uso del carbón, también en Asturias. Su programa aspira a poner España «a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático» y en la «producción de energías renovables y verdes» promoviendo una «revolución productiva». En esa senda, mas allá del cierre de minas, los morados asumen el cierre de centrales de carbón en 2025 -usando hasta entonces en ellas «siempre carbón nacional»- introduciendo en el escenario una empresa pública de energía que tendría mucho que decir en la reestructuración del sector.

El programa de Podemos atiende ampliamente otros aspectos de la realidad económica con implicaciones para una estructura económica como la asturiana, con casos como el del cierre de Alcoa en primer plano. Por ejemplo, promete entre otras medidas «garantías efectivas contra las deslocalizaciones» fiscalizando las subvenciones concedidas a las empresas y el empleo de «los recursos del estado que sean necesarios para garantizar continuidad y permanencia». Y si la amenaza de deslocalización llega a concretarse, «apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras para la adquisición de la empresa». Mientras eso llega, «el Estado podrá asumir la titularidad». Todo ello, supervisado desde «un vector de desarrollo industrial articulado desde la SEPI».

Otras propuestas moradas que resuenan con especial interés para Asturias son las de  «recuperar la participación pública en sectores estratégicos y poner en marcha un plan de recuperación industrial en las zonas deliberadamente desindustrializadas», en referencia al sector neviero o metalúrgico, o la elaboración de «planes de reindustrialización» para «preservar la soberanía» de los puertos del Estado.

Ciudadanos: innovación sobre fondo de transición

Fiscalidad e innovación ocupan la mayor parte de la agenda económica de Ciudadanos, especialmente centrada en propuestas como una Ley de Fomento del Ecosistema de Startups que podría encontrar su acomodo en las empresas más próximas a la industria 4.0, para las que se recetan incentivos fiscales, fondos públicos de coinversión, medidas de financiación participativa…  La industria que anda en Asturias un paso atrás respecto a esa revolución estará más bien afectada por una Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que propone el partido naranja, que no soslaya la inevitabilidad de ese proceso.

Algo más explícito es el programa de Ciudadanos respecto a las industrias dependientes del consumo masivo de energía eléctrica, para las que apuesta por un Estatuto del Comsumidor Electro intensivo «que reconozca las dificultades específicas de este tipo de industrias e introduzca mencanismos que favorezcan su competitividad en el mercado internacional».

Vox: una transición sensata

Finalmente,  Vox apuesta por «una transición sensata» para un cambio que prevé unido « a un proceso permanente de innovación tecnológica, mucha de ella disruptiva».  En el marco de un «Pacto de Estado para 25 años que impulse el renacimiento tecno industrial de España», propone «un equilibrio inteligente entre los recursos disponibles, los riesgos de adopción de nuevas tecnologías y los precios que se obtienen» y advierte que la huida del carbón ha de ser a una velocidad adecuada porque «acelerar en exceso la electrificación pude poner en riesgo la competitividad industrial». En todo caso, asume que hay que hacer la reconversión mediante un «cierre progresivo con el menor coste social».

Pero hay que tener en cuenta que todo ello se recorta sobre una política de fondo que defiende una drástica «disminución del peso del Estado en la economía y en la sociedad» hasta llegar a lo que el partido de Santiago Abascal denomina «proporción dorada»: una participación del Estado en el gasto y los impuestos «no superior al 35 por 100». Además, VOX incluye en su programa la «optimización y enajenación de los activos no estratégicos del Estado», entre ellos todas las empresas públicas que generen pérdidas.

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